En una Asamblea Legislativa que estuvo agitada por los temas educativos y particularmente el caso de una estudiante agredida en un autobús en San Carlos, los diputados aprobaron en forma unánime una moción de orden para pedir al Gobierno la elaboración de políticas educativas específicas para prevenir y combatir la violencia de género.
La moción de la diputada independiente Gloria Navas fue aprobada por 46 diputados, incluidos los votos de los legisladores oficialistas presentes.
En la moción se instó al Gobierno a emitir políticas específicas contra la violencia de género, fortalecer la educación en la igualdad de género, incorporar programas para prevenir y combatir la violencia de género en los centros educativos, y crear mecanismos de defensa y apoyo a las víctimas de estas acciones.
“Esto es un llamado de atención al Poder Ejecutivo”, especificó Navas al justificar la moción. “Es para concientizar al Poder Ejecutivo que deben fijarse políticas claras en estos temas; debemos enfrentar la violencia en este país, específicamente contra las mujeres”, dijo.
Posteriormente, el subjefe de la fracción oficialista Daniel Vargas se apresuró a justificar los votos afirmativos de su bancada. “Estamos de acuerdo con los planteamientos de la moción, son válidos; pero dichosamente la mayoría ya son parte de la actuación de las instituciones públicas”.
Vargas también afirmó que las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) realizaron un abordaje eficiente del caso de San Carlos, en el que se investiga si las autoridades del centro educativo actuaron de inmediato, así como en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se indagará al chofer, conforme lo que se indicó en la conferencia de prensa de Casa Presidencial.
No fue la única participación en esta materia. La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo utilizó su espacio de control político para manifestar que la bancada rechaza la violencia contra la mujer, y anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar la “obligación de auxilio” y sancionar a las personas que presencien un acto de violencia y no actúen en defensa de las víctimas. “Lo ocurrido en San Carlos nos causa profundo dolor y nos lleva a actuar como sociedad”, dijo Carballo, mientras su compañera Daniela Rojas externó la preocupación por la normalización de la violencia en el país y en los ámbitos educativos.
La propuesta de reforma impulsada por el PUSC consiste en una reforma al Código Penal para sancionar con una multa de uno a tres salarios base, y hasta un año de prisión, si la inacción resulta en una lesión grave o la muerte del menor de edad.
Pero no fueron los únicos diputados que se refirieron al tema educativo. Los liberacionistas Kattia Rivera, Geison Valverde y Sonia Rojas enfocaron sus participaciones para criticar, respectivamente, la reducción del presupuesto para el sector educativo, la política educativa profesional y la educación intercultural, mientras la independiente María Marta Padilla se refirió a la deuda de la sociedad con temas educativos.
