El gobierno decretó eliminar del proceso legislativo a todos los proyectos que fueron convocados desde diciembre y ordenó el trámite de cinco proyectos de ley, como una medida de mitigación de los efectos económicos y sociales del coronavirus (Covid-19).
Gobierno dejó un único proyecto de atención al endeudamiento crediticio que normaliza las tarifas que pagan los comercios por las transacciones con datáfonos. Fue eliminado de la agenda el proyecto de usura (21.177), que el Ejecutivo respaldó en enero para brindar liquidez a las familias y, también, un proyecto de moratoria para las deudas del sector agropecuario (sector que pidió el proyecto por la urgencia de sus impagos en bancos privados).
Casi al cierre del plenario legislativo, los diputados conocieron la agenda que tendrán en las sesiones extraordinarias y ordinarias de esta semana. Con estos cambios, los diputados sesionarán alrededor de seis horas por día para cumplir con lo solicitado por el presidente Carlos Alvarado y la ministra a.i. de Presidencia, Silvia Lara.
La lista de proyectos convocados
El primer proyectos convocado es un préstamo país con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El expediente 21.449 ingresó a la vía legislativa en el 2019, tras la firma de un convenio de un valor de $500 millones.
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A nivel comercial, el Poder Ejecutivo urgió la aprobación del proyecto que propone un tope a las comisiones de datáfonos. Este proyecto fue dictaminado en su comisión pero necesitaba un segundo día para mociones 137 (existen discrepancias de criterio sobre cuán involucrado debería estar el Ministerio de Economía en los precios que pagan comercios a las marcas y bancos que tienen datáfonos).
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El tercer proyecto convocado fue anunciado por el Ministro de Hacienda durante su comparecencia en febrero. Es plan que toma ¢226.145 millones de los superávits de 13 instituciones públicas y migra ese dinero hacia la caja única del Estado, con el objetivo de buscar liquidez.
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El cuarto proyecto convocado es una reforma a la Ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este proyecto propone que “no se negarán las prestaciones del Seguro de Enfermedad y Maternidad al trabajador asegurado cuyo patrono se encuentra moroso en el pago de las cuotas, así como al trabajador independiente que se encuentre en estado de morosidad”.
Por último, el Ejecutivo convocó su propio proyecto de ley, anunciado esta mañana frente a las jefaturas de fracción del congreso.
Es un proyecto que contiene cuatro moratorias para distintos tributos de Hacienda (IVA, renta, aduanas e impuesto selectivo de consumo).
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