El lunes, el proyecto contra la usura (expediente 20.861) pasó de largo en la reunión del plenario legislativo, después de que los diputados votaron un acuerdo para priorizar otros dos expedientes.
Sin embargo, desde las 6 a. m. de ese día, el diputado Erick Rodríguez Steller presentó un bloque de 20 mociones que modifican radicalmente los artículos del proyecto de ley para darle contenido al delito de usura, consignado en el artículo 243 del Código Penal. Hasta ahora, como no existe una referencia sobre las tasas de interés que consisten usura, es imposible presentar una denuncia y darle seguimiento.
De forma que el artículo tenga dicha referencia, el dictamen de la Comisión de Hacendarios estableció un tope general del 39% (para todos los créditos, incluyendo tarjetas) y de 54% para los microcréditos (menores a ¢675.300).
En varias mociones, Rodríguez plantea que los límites de la usura crediticia sean superiores al 50%, que se reduzcan las penas planteadas por el Código Penal y que, además, la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) no tenga potestad legal para perseguir judicialmente a quienes lleguen a incumplir la ley.
Las mociones son repetitivas y, en varios casos, contradictorias entre sí (hay al menos cinco formas diferentes de calcular porcentajes de la usura, la moción 20 es textualmente idéntica a lo que ya dice el proyecto).
El independiente Rodríguez explicó en entrevista telefónica con UNIVERSIDAD que él piensa que el plan contra la usura “debe salir de la convocatoria” emitida por el Poder Ejecutivo.
“Este tipo de proyectos, simple y llanamente viene a tratar de quedar bien con algunos sectores, populistamente hablando y a excluir a mucha gente que va a tener acceso al crédito”, dijo en la entrevista.
“Si la gente cree que con eso se termina la usura, están equivocados. La gente va a buscar los sectores informales a usted le cobra el 80, 90 y 100%”, afirmó el diputado independiente. Rodríguez firmó digitalmente las mociones mañaneras que, según trámite, habrían sido discutidas en el plenario durante el lunes.
Si el plenario conoce las mociones de Rodríguez, los diputados necesitan un mínimo de tres horas para que el independiente defienda sus mociones (por reglamento, el presentante tiene 10 minutos de micrófono por cada moción).
Según explicó a UNIVERSIDAD el diputado liberacionista David Gourzong, el trámite más expedito del proyecto de ley depende de que las jefaturas de fracción lleguen a un acuerdo que, por las circunstancias del Covid-19, se negocia fuera de actas, micrófonos y cámaras.
Si las jefaturas de fracción no se ponen de acuerdo para un trámite rápido, las mociones de Rodríguez también podrían enviarse a la Comisión de Hacendarios (es decir, la misma comisión que, actualmente, está abocada a estudiar el presupuesto extraordinario del cual dependen los subsidios Proteger).
Esto significa, inclusive, que podría atrasarse la aprobación del proyecto hasta después del 1 de mayo, en las sesiones ordinarias, periodo durante el cual es el congreso quien decide sus prioridades. Sin apoyo del congreso, el proyecto de usura podría quedar abandonado en el trámite, como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares contra las tasas de interés usureras.
“La idea es tener la dispensa de trámite al proyecto. Por lo menos PAC, PLN, el Republicano Social Cristiano representado por Dragos Dolanescu, el diputado José María Villalta (Frente Amplio) y Patricia Villegas del Partido Integración Nacional están de acuerdo. El diputado Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional también. Tenemos seis fracciones de acuerdo. Una única fracción que no está de acuerdo, que es el Partido Unidad Social Cristiana”, explicó el diputado Gourzong sobre los opositores.
En una acción de control político para presionar al Ejecutivo a que convocara el proyecto, el pasado 1 de abril, el otro bloque legislativo que manifestó su oposición a la pertinencia del proyecto fue el de los independientes de Nueva República.
Actualmente, los acérrimos defensores del proyecto son sus dos proponentes: Gourzong y Welmer Ramos (PAC).
Ramos ha defendido que la redacción del proyecto es retroactiva, o sea, las personas deberán renegociar sus créditos vigentes para que cumplan con la ley contra la usura.
En estas circunstancias, reclama las trabas con las que cuenta el proyecto y que la “ Junta Directiva del Banco Central no tome acciones correctivas urgentes, en medio de esta calamidad que vive el pueblo de Costa Rica”. Pese a que bajaron las tasas de referencia con las que los bancos calculan sus intereses, Ramos dice que la gente sigue sin verlos reflejados en sus cobros.
“Lamento que los intentos que hace el BCCR de disminuir las tasas de interés, se queden mayoritariamente en los bancos y que no pasen a las empresas y las personas. Eso evidencia que tenemos un mercado financiero que no es de competencia sino que es un mercado oligopólico, que en vez de empujar la actividad económica, se ha vuelto una traba porque impone precios demasiado altos por el crédito”, afirmó Ramos sobre el tema de la usura.
Entrevista con Erick Rodríguez, independiente
¿Cuál es el origen de las mociones?
-Diay, la necesidad de mejorar el proyecto.
¿Cuáles mejoras sugiere usted y por qué las está presentando ahora?
-Las 21 mociones se están presentando en este momento, en primer lugar, porque este es un proyecto que no debió ser conocido en este momento de emergencia. Eso ha sido un gol que han querido meter algunos sectores y aprovechar este momento para aprobar proyectos que no le van a dar una respuesta a la brevedad a los diferentes sectores, o sea, eso no va a entrar a regir, que se apruebe esta semana y entre a regir la próxima. Tenemos que claros que hay plazos para entrar a regir, hay cálculos que el Banco Central tiene que determinar.
“Segundo, nos sigue preocupando el asunto de la exclusión financiera que puede provocar ese tipo de proyectos.
¿Cuáles modificaciones está solicitando? ¿Subir la tasa de interés propuesta por el dictamen de mayoría?
-Hay varias. Se ha hablado, bueno, las fracciones han estado hablando al respecto. La idea es que las tasas de interés, entre más bajas sean, más exclusión provocan. Entonces que esa regulación no excluya a una buena parte de personas, sobre todo con el impacto que vamos a tener por la epidemia.
“Eso es, en primer lugar, lo que estamos planteando: la idea de la no exclusión en ese tipo de mociones.
Tiene que ver que se consideren tasas efectivas, se consideren comisiones o no se consideren comisiones. Todo ese tipo de cosas que podrían dejar por fuera… Porque si hablamos de una tasa así, no se podrían cobrar un tipo de comisión u otro tipo de cosas que generalmente se cobran al respecto.
Hay en las mociones unas modificaciones al Código Penal, ¿cierto?
-Sí, correcto. Yo es que no tengo las mociones a mano, ¿me explico? Pero sí hay varias cosillas que están ahí. Si gusta me deja revisar aquí en la computadora y con mucho gusto le digo.
Mencionaba que son cosas que se han discutido en el seno de fracciones. ¿Estas mociones las construyó con otros compañeros del plenario?
-Yo presenté unas mociones (antes) pero no pude defenderlas en la Comisión, cuando se dieron. Yo estoy en la Comisión de Económicos y me chocaba una con otra, lamentablemente, no pude llegar a defenderlas. Dado que se aprovecharon de esta coyuntura, para pasar ese proyecto, obviamente, nos da pie para presentarlas en este momento.
Estas 20 mociones presentadas tuvieron también consenso con otros compañeros de plenario.
-Yo las presenté por aparte, me manifestaron algunos compañeros la idea de poder conversar, para ver si llegamos a un acuerdo y ver qué se puede eliminar y eso va a hacer producto de las negociaciones que podamos tener.
¿Con qué compañeros está conversando?
-El que me propuso conversar al respecto fue el diputado Rodolfo Peña (del PUSC y miembro de Hacendarios), con él estaríamos conversando a ver qué podemos hacer respecto a las mociones.
¿Cuál sería el trámite? ¿Tendría que revisar las mociones la Comisión?
-No, porque si el plenario se constituye para conocer el proyecto conocería también las mociones. Hasta tengo entendido, con este procedimiento extraordinarísimo que tenemos, estaríamos hablando de que por cada moción, el diputado tiene 10 minutos para referirse. El trámite tendría que conocerse y hablar hasta por 10 minutos directamente en el plenario, verdad.
Yo estoy viendo las mociones. Veo la 8 que le cambia potestades a la Comisión de Competencia de realizar las denuncias penales ¿eso le quita la potestad a la persona física de hacerlo?
-No, no. La idea de la moción no es quitarle potestades a la persona física sino de darle más potestades a la Comisión. Esa es la idea y el espíritu de esa moción.
¿Y las modificaciones al Código Penal? Se reducen un poco las penas, ¿cuál es el propósito de eso?
-En este asunto uno debe buscar que las tasas sean competitivas, más que un asunto meramente sancionador. Lo que se está buscando es que siempre que hay regulación de precios… La regulación de precios provoca escasez. La tasa de interés es un precio como tal y va a provocar la exclusión de una gente que va a acceder al crédito. Entonces, si uno simplemente lo ve como un asunto de sancionar a quienes cobran tasas por encima de esto, me parece que la visión no debe ser una visión meramente sancionadora. La misión debe ser promover que la gente tenga acceso al crédito.
Creo que dentro del espíritu de este proyecto está el acceso a un crédito menos doloroso para los bolsillos de los costarricenses. ¿Correcto?
-Sí, correcto.
En ese sentido, redondea un vacío que existía en el Código Penal en el que ese artículo (el 243) simplemente no se puede aplicar. ¿Por qué cambiar el Código Penal si ya eso era de común consenso desde varias legislaciones atrás?
-Mire, yo nunca he estado de acuerdo, en sí. Este es un proyecto en el que muchos no estuvimos de acuerdo porque con la regulación de precios en Venezuela tenemos un claro ejemplo de lo que provoca. Este tipo de proyectos, simple y llanamente viene a tratar de quedar bien con algunos sectores, populistamente hablando y a excluir a mucha gente que va a tener acceso al crédito.
“Si la gente cree que con eso se termina la usura, están equivocados. La gente va a buscar los sectores informales a usted le cobra el 80, 90 y 100%.
En sana teoría, con la redacción del proyecto actual, también se sanciona penalmente a estas personas fuera del sistema supervisado.
-Sí, claro. Usted piensa que los que prestan, digamos, que le digan deme una foto de su mamá, esposa e hija, ¿ellos van a dejar de prestar y los van a denunciar? Me parece totalmente irrelevante y poco serio. Actualmente se hace así. No crean que con sanciones y llevando a Código Penal esto va a dejar de pasar.
¿No le parece relevante en esta emergencia aliviar las relaciones que ya tienen las personas con sus créditos?
-¿Va a entrar a regir esto en circunstancia de emergencia? No va a entrar a regir. Eso tiene un transitorio y tiene periodos para entrar a regir. Si usted me dice que va a entrar a regir mañana, una vez aprobado, eso es totalmente falso.
Estamos hablando de una emergencia que tiene consecuencias…
-No es de la emergencia. Es que el proyecto de ley no va a entrar a regir una vez que sea aprobado.
Le quiero decir que esta circunstancia de emergencia, tal y como lo ha señalado el Banco Mundial, tiene consecuencias anuales (Banco Mundial estima una caída de -3.3% del PIB) y también para el resto de años venideros.
-Para que la economía se recupere. Por eso es que este proyecto que tiene consecuencias permanentes no debe ser tratado a la carrera, aprovechándose de esta emergencia. Eso es precisamente el punto.
¿Cuál es su solución ideal? ¿Incorporar sus mociones o que el proyecto salga de la convocatoria de emergencia?
-Para mí, debe salir de la convocatoria. Se aprovecharon de una coyuntura que no debían aprovecharse. Absolutamente no tiene que ver con la emergencia y no viene a resolver este asunto de emergencia. Se están aprovechando de la coyuntura para meter estos goles populistas, como algunos sectores quieren hacer.
