Piza deja tareas pendientes y en veremos el “gobierno de unidad”

El excandidato del PUSC ayudó en la segunda ronda y en el arranque del gobierno, pero los cuestionamientos y las críticas abundan sobre su tarea como articulador. La pretendida idea de “coalición” en el Ejecutivo también se devalúa.

El excandidato socialcristiano Rodolfo Piza materializó finalmente su anuncio y renunció el pasado lunes al puesto de ministro de la Presidencia que el presidente Carlos Alvarado le confió hace 15 meses, como un intento de simbolizar una unidad multipartidaria.

Pasado apenas un 31% del mandato de Carlos Alvarado, el abogado deja libre el cargo que lo obligaba a funcionar como articulador gubernamental con multiplicidad de sectores, como vocero presidencial de un mandatario que apenas conoció dos meses antes del cuatrienio y como líder de un gabinete más mixto que nunca.

En los días finales de un mes de julio marcado por las manifestaciones de malestar de distintos sectores sindicales y gremiales, Piza deja la obra sin haber dado pruebas de que tuviera las habilidades de diálogo que le atribuía Alvarado desde que presentó el concepto de “gobierno de unidad”.


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En medio de la impopularidad del gobierno y la exacerbación de numerosos sectores, Piza se convirtió en la tercera baja del Ejecutivo en el mes de julio, después de la caída del ministro de Educación, Edgar Mora, y del presidente del Instituto de Pesca, Moisés Mug, ambos fuertemente criticados desde su área de acción.

Piza se despidió este lunes 29 de julio en un acto en la Presidencia lleno de palabras bonitas y buenos deseos para el futuro, pero sin explicar con claridad el porqué de su renuncia. Le bastó con recordar que había advertido que se iría después de “la primera parte del gobierno”, un anuncio que mantuvo latente y se convirtió en un factor adicional de incertidumbre política y de descrédito sobre las tareas que debía realizar.

Al final renunció sin confirmar su supuesto plan de postularse por tercera vez como candidato presidencial, aunque todo apunta a que el camino para volverlo a hacer desde las filas del PUSC está ahora cuesta arriba. Los diputados socialcristianos dejaron claro que los acontecimientos en la agrupación han seguido su curso mientras Piza ocupaba su oficina en Zapote.

Los legisladores socialcristianos se sumaron a las críticas contra el trabajo de Piza que -casi desde un principio del gobierno- expresaron otras bancadas legislativas, por considerarlo ausente, poco dispuesto al diálogo o incapaz de hablar en nombre de todo el equipo de gobierno. Los reproches también vinieron en ocasiones desde la bancada oficialista, con comentarios públicos de la diputada Paola Vega.

Este distanciamiento con el Congreso complicó más a un gobierno con escaso capital político y con una pequeña fracción legislativa, formada solo por 10 diputados y ninguno de las zonas periféricas del país, donde se focalizan buena parte de los reclamos y protestas en contra del Gobierno.

Piza era, por ejemplo, el encargado de la región del Pacífico Central en la repartición hecha por el presidente Alvarado. Le correspondía, por tanto, encargarse de la situación de la pesca en Puntarenas, uno de los focos que detonó a finales de junio después de un año de pocos o nulos avances.

Cuentan que el martes 25 de junio, mientras un grupo de pescadores protestaba ante los portones de la Casa Presidencial y tumbaron uno de ellos, Piza dentro del edificio ignoraba quiénes eran los que allí se manifestaban. Esto, según los analistas, dejaba sin protección la figura presidencial y redujo los márgenes de negociación.

Piza, sin embargo, se seguía considerando un valor simbólico. Era la prueba viviente de la promesa de Carlos Alvarado de incluir personas de todas las banderas políticas. Había también otros miembros en el gabinete procedentes de partidos distintos, pero el peso del socialcristiano era mayor. Era, o debía ser, el coordinador de los ministros y el componedor sectorial, el rostro de un gobierno abundante en divergencias, y eso era parte del problema.

Por ejemplo, solía dejar clara su filiación católica y su posición en contra del aborto, incluida la modalidad terapéutica cuya aplicación Carlos Alvarado prometió facilitar mediante la firma de una norma legal. Este mismo lunes, al conocerse la salida del ministro, en las redes sociales abundaban los comentarios del tipo “¿ahora sí firmará Alvarado o tampoco?”.

El conservadurismo del ministro pudo ser un valor muy útil en los días previos a la segunda ronda del 2018, pero tampoco resultó gratuito para sectores progresistas afines al PAC y, por tanto, para el mandatario, al responder sobre el aborto terapéutico.

El ministro de la Presidencia también se manifestó siempre en favor de una regla fiscal aplicada a rajatabla, incluso en instituciones sensibles por su impacto social. Las diferencias ideológicas entre Piza y Alvarado fueron una constante que intentaron disimular y que acabaron inclinándose con prioridad por lo económico, al menos hasta ahora.

En meses recientes, Piza bajó el perfil y se le veía menos. Reiteró que tenía el plan de irse pronto del gobierno y eso lo acabó de anular, según los analistas. La pregunta era más bien hasta cuándo Alvarado lo mantendría en ese puesto, pero el mandatario aseguraba sentirse satisfecho con él, a pesar de que la calificación popular nunca superó el 5 en una escala 1-10 en las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.

Alvarado lo defendió públicamente hasta el último día, este lunes. Le hicieron una despedida cálida y anunciaron que Piza se va a Washington a ocupar un puesto en la Organización de Estados Americanos (OEA), una salida que no estaba en la baraja de opciones. Alvarado insiste en que el concepto de “gobierno de unidad”  sigue vigente, aunque ya no esté la pieza que más lo simbolizaba.

La silla del ministro de la Presidencia quedaba vacante desde ese lunes, aunque un nombre parecía inminente, el del diputado oficialista Víctor Morales, jefe de la campaña electoral de Alvarado y su hombre de confianza. Este legislador, de corte conservador, exmilitante del PUSC y exministro de Trabajo, llega con una bandera PAC que podría fumigar el sesgo de derecha que proyectaba Piza, pero sin el elemento de diversidad partidaria.

Ministro de la Presidencia, un cambio tradicional

Rodolfo Piza tardó 15 meses como ministro de la Presidencia, casi un tercio del mandato presidencial. Para algunos, tardó mucho en irse; para otros, es un cambio tempranero en el formato de gobierno que se propuso en mayo del 2018.

Sin embargo, la salida del ministro de la Presidencia al cabo de un año de funciones parece ser la norma tradicional en este siglo.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Roberto Tovar ejerció un año como ministro de Presidencia y renunció en julio, casi para el mismo momento que Piza.

En el gobierno siguiente en ese cargo arrancó Rina Contreras como ministra de la Presidencia, pero el desgaste con partidos opositores le costó el puesto apenas en el mes de mayo, con lo cual logró permanecer solo un cuarto del mandato presidencial.

El período de Óscar Arias (2006-2010) es una excepción, pues el papel de su hermano, Rodrigo Arias, tuvo un perfil mayor y funcionaba como una extensión operativa del mandatario, por su relación personal en toda su carrera política. Ahí no hubo cambios en los cuatro años.

En 2010 llegó la presidenta Laura Chinchilla y designó en Presidencia a Marco Vargas, pero no alcanzó a cumplir siquiera el primer año; en mayo renunció con el argumento de que había perdido espacio político para la negociación con distintos sectores. Lo sustituyó entonces el actual presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.

Después fue el turno de Melvin Jiménez como ministro de Presidencia de Luis Guillermo Solís, luego de servirle como jefe de campaña electoral. Jiménez, obispo luterano, renunció sin cumplir tampoco el primer año, pues en abril de 2015 fue sustituido por el exdiputado Sergio Alfaro.

Ahora le toca el turno a Rodolfo Piza, en un contexto distinto a los gobiernos anteriores, pero igual sometido a un fuerte desgaste político que le fue reduciendo el margen de acción hasta más allá del mínimo.

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