A pesar de que un cuarto de Costa Rica está destinado a conservación de la naturaleza, nuevos datos señalan que estas áreas protegidas están siendo invadidas por cultivos.
El último informe del Estado de la Nación, publicado este 13 de noviembre, señaló que, tanto cultivos de piña como de marihuana aparecen en áreas protegidas en los últimos años.
En el caso de la piña la afectación es importante, ya que solo en el 2017 3.824 hectáreas de este cultivo fueron sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Esta es un área mayor a la de los cantones de Montes de Oca y Curridabat juntos.
De acuerdo con el informe, la afectación se encontró en “varios puntos ubicados en la Región Norte, Caribe y Pacífico Sur”.
Además, el informe encontró que 16.385 hectáreas de piña invadieron humedales. Los sectores más afectados fueron el Corredor Fronterizo y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, ambos en la Zona Norte.
Esta zona es un sitio protegido internacionalmente por la Convención de Ramsar sobre humedales.
En menor grado, cultivos de marihuana también ingresaron a áreas protegidas. Según el informe, entre el 2007 y 2018 se incautaron 35 hectáreas de cannabis dentro de Áreas Silvestres Protegidas, la mayoría dentro del Parque Nacional La Amistad en Talamanca.
Esta área equivale, más o menos, a 87 canchas de fútbol. Los datos, sin embargo, solo hacen referencia a los sembradíos erradicados por las autoridades y no a “todos los cultivos existentes”, según dice el mismo informe.
Un reciente estudio de la Universidad Nacional mostró que las áreas protegidas son de importante valor económico para Costa Rica, ya que generan alrededor de 3% del PIB, principalmente por actividades turísticas.
Además, estas áreas son fundamentales para reducir las emisiones del país. En el 2012, todo el sector forestal de Costa Rica (incluyendo bosques privados) capturó 2,5 megatoneladas de CO2. Esto es un peso parecido al de seis edificios como el Empire State.
En total, las Áreas Silvestres Protegidas —incluyendo Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre y Reservas Biológicas, entre otros— protegen alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados, un 25% del territorio nacional terrestre.
Protección débil
Los hallazgos muestran que las áreas protegidas del país son muy vulnerables a la expansión agrícola, según explicó la investigadora del Programa Estado de la Nación y coordinadora del capítulo ambiental, Karen Chacón.
“Lo importante es destacar la vulnerabilidad a la que están expuestas las áreas protegidas del país. Esta no es la primera vez que se registra y no es exclusivo del caso de la piña”, dijo la investigadora.
El año pasado, Marviva y el Área de Conservación Osa reportaron la invasión de al menos 700 fincas de arroz y palma aceitera en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe, el más grande del país y también protegido por la Convención de Ramsar.
La directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Grettel Vega, admitió que existe una incapacidad para manejar la totalidad del territorio protegido y aseguró que, por ahora, el Sinac buscará obtener más tecnología de monitoreo.
“(El recurso humano) es insuficiente. Es sumamente difícil hacer toda la labor que hay que hacer en términos de control y protección en el 26% del territorio nacional”, dijo la directora del Sinac.
Actualmente, en promedio, cada funcionario del Sinac debe vigilar un poco más de 8.500 hectáreas. Eso es como poner a una persona a vigilar los cantones de San José y Escazú al mismo tiempo.
Más bien, según aseguró Vega, la institución optará por “obtener equipo con tecnología del más alto nivel —como drones— para hacer estudios de otro nivel”. Según dijo, esta posibilidad sí está dentro de sus recursos.
Piñeras responden
De acuerdo con Roberto Cordero, asesor ambiental de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), las imágenes del informe muestran una clara violación a las leyes ambientales del país e instó a denunciar.
“Ahí están los tribunales. Tienen que haber consecuencias directas para los productores de cualquier cultivo que hayan invadido esas zonas de protección”, aseguró el representante de Canapep.
Según dijo, los asociados de la cámara tienen prohibido producir a la par de humedales y en las cercanías de áreas protegidas. “Si fueran asociados de la cámara, nosotros ya los hubiéramos investigado”, aseguró.
Alrededor de cinco mil hectáreas de piña no forman parte de Canapep, por lo que no están sujetas a sus manuales de buenas prácticas. No obstante, la cantidad de piña en humedales encontrada en el informe superó las 16 mil hectáreas.
De acuerdo con Cordero, “los datos son tan abrumadores que difícilmente seremos los primeros en denunciarlas” y señaló que probablemente estas fincas ya tienen denuncias judiciales.
“Si fueran asociados (a Canapep) que están en esas áreas, posiblemente no hubieran pasado por Setena y serían ilegales. No serían parte de la cámara. 16 mil hectáreas me parece un número bastante elevado”, señaló.
Las sanciones, según dijo Cordero, dependerían del proceso judicial. Sin embargo, aseguró que si los tribunales condenan a los productores, “probablemente serían expulsados de la cámara”; además de las sanciones legales como el retiro del cultivo, reforestación de esa tierra y sanciones económicas.
Falta de verificación
El hallazgo sobre la invasión de áreas protegidas se realizó usando imágenes satelitales tomadas por el proyecto de Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). El proyecto vigila la expansión de cultivos de piña, palma aceitera y pastos.
Los datos de Mocupp también muestran una falta de concordancia entre la información oficial sobre el cultivo de piña y lo que muestran las imágenes satelitales.
Según lo registrado por el Ministerio de Agricultura (MAG), la piña cubrió alrededor de 45.000 hectáreas en el 2018. El Mocupp, por su parte, encontró más de 60.000 hectáreas de ese cultivo en el mismo año.
De acuerdo con Chacón, del Estado de la Nación, esto despierta alertas sobre la falta de control que hay alrededor del cultivo de piña.
“Los datos oficiales y los datos que hemos conseguido de otros sectores no coinciden en cuanto a la cantidad de áreas sembradas. Desde el MAG, los últimos años han venido reportando las mismas 45 mil hectáreas”, dijo Chacón.
En el último censo agropecuario, por su parte, el dato rondaba las 37.000 hectáreas. Según Chacón, estas “diferencias importantes” muestran que “necesitamos afinar mejor las herramientas y cómo estamos recogiendo la información”.