Las políticas económicas de la crisis por COVID-19 dependen de la Asamblea Legislativa, según la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
En entrevista con UNIVERSIDAD, sostuvo que la expectativa inmediata es que los diputados aprueben el presupuesto extraordinario con un préstamo de $500 millones (un 77% pagará “títulos valores internos de largo plazo” dijo Hacienda a este semanario).
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“…estaríamos entrando a aprobar un segundo set de medidas que se piensa en una contribución voluntaria, se piensa que sea progresiva”.
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¿Y el futuro de un impuesto solidario sobre la riqueza?
“El tema está sobre la mesa. La idea es que, si fuese necesario llegar ahí, pueda ser solidario, progresivo y que cubra a todos los que nos está yendo bien porque tenemos estabilidad laboral y un ingreso”, aseguró Garrido, casi al cierre de una entrevista con UNIVERSIDAD.
“También es importante la conversación, tenerla en orden y no poner en riesgo la primera fuente de recursos del bono Proteger: el plan Proteger. Todo pasa por Asamblea y ahí hay que establecer el diálogo, los consensos para que una medida así sea aceptada, recibida e implementada”, añade Garrido.
Hace un mes se pasaron leyes de exoneración fiscal y flexibilización de jornadas para las planillas. Esa fue una estrategia de “liquidez”, como la llama Garrido, y les une las directrices para readecuaciones de crédito y la reducción de un 75% de la base contributiva de la Caja Costarricense.
Ahora se trata de “prevenir la destrucción del tejido productivo y el tejido social” con transferencias de dinero.
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¿Impulsar la economía del COVID-19 con dinero de los capitales y patrimonios más ricos?
El Plan Proteger fue el primer acercamiento a la resolución económica de la crisis por COVID-19. ¿Sigue siendo de un billón de colones? Me parece que hay una mitad que no está consolidada.
—Todo depende de las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, si tomaran la decisión las y los diputados de sacar alguno de los superávits (que suman ¢226.000 millones), por supuesto, eso tiene una disminución en el billón de colones.
En el caso del proyecto de combustibles, si ahora se saca el diésel —aunque se congele el precio artificialmente e implique que nadie deba pagar más— estaríamos cubriendo a menos personas con subsidios. No se estarían cubriendo, por ejemplo, a 43.995 personas. Este tipo de decisiones son fundamentales para poder contar con los recursos necesarios para proteger a las personas y poder seguir funcionando como Estado, prestando bienes y servicios; también para hacer frente al pago de la deuda.
Continuar la efectividad para aplanar la curva de casos depende del aislamiento sanitario. Economistas e investigadores sociales dicen que un billón no será suficiente para continuar con esas medidas. ¿Consideran un paquete fiscal para grandes capitales y patrimonios de grandes empresas?
—Tenemos ¢1,3 billones en este momento. También hay negociaciones en curso con otros multilaterales. Fue anunciada la conversación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en caso de ser aprobado en el directorio legislativo, los recursos de la “cuota país” entrarían al Banco Interamericano para llevar $293 millones (sumados a los $500 ya aprobados) y poder completar $800 millones . Se están iniciando esas conversaciones con multilaterales para tener suficiente financiamiento para hacer frente a la emergencia en el plano sanitario y económico.
El FMI es un prestamista que pide reducir gasto público. La Uccaep presiona para recortar salarios de ese sector. Me refiero a esa idea del Ministro de Hacienda de un impuesto para salarios altos… Estaba hace dos semanas en la mesa de conversación una política fiscal que cubriera grandes capitales. ¿Lo están discutiendo?
—El FMI no le ha pedido nada a Costa Rica, ninguna condicionante en términos de recorte del gasto. Esta modalidad se llama Instrumento de Financiación Rápida (RFI por sus siglas en inglés) y aquí no hay ningún compromiso en términos de recorte de gasto corriente.
Sí, es verdad que hay un conjunto de medidas que están analizándose todavía, están en la mesa. La idea sería que esas medidas fueran de índole de búsqueda de la equidad y la distribución de la riqueza; es decir, que todos puedan aportar.
En este momento no hay una propuesta cerrada en relación con esto ni una decisión final.
Este fin de semana se posicionó en contra de derogar el salario escolar. ¿Cuenta con el respaldo de Hacienda?
—En este aspecto nosotros trabajamos como equipo todos, y el que tiene la rectoría en la materia le recomienda al resto. En temas de arroz: el MAG, el MEIC —y también con algún nivel de participación del Comex— recomiendan cuál debería ser la política en esa materia.
En materia de salario escolar, por ser un tema atinente al empleo público, le corresponde a mi despacho hacer una recomendación y advertir al rector en finanzas públicas de una afectación en la misma.
¿Ha hablado con el ministro Rodrigo Chaves sobre el tema del salario escolar?
—Nosotros nos comunicamos como equipo. Hay un grupo de trabajo que está analizando este tema, la posición nuestra es que el salario escolar es parte del patrimonio de los trabajadores y que, por ende, no corresponde —dado el sustento constitucional del mismo— aplicarlo como un rebajo sino que hay que buscar otras alternativas.
Nuestra recomendación es que no es una medida oportuna en términos jurídicos ni costo-efectiva.
Dice que con el FMI no hubo garantías de contraer gasto. Pero el RFI que se aprobó para El Salvador sugiere medidas para pagar el compromiso en el plazo que establecen, que no es amplio: es un plazo corto. A El Salvador se le recomendó un impuesto de combustibles, similar a lo que está en la Asamblea Legislativa y un punto sobre jubilar trabajadores públicos de forma temprana. ¿Qué negoció Costa Rica para cumplir con el préstamo del FMI?
—Hemos venido haciendo esfuerzos en términos de consolidación fiscal. Esas medidas, además de las medidas económicas que les compartimos, a ellos les parece una tarea encomiable. Por el momento, no nos están pidiendo nada adicional.
(Risas) Realmente, esa es la verdad. No hay ninguna condición que tengamos que asumir, solo nos hicieron recomendaciones como que es importante, tan pronto termine la emergencia, retornar a la agenda de consolidación fiscal, regresar a la regla fiscal.
Ellos saben que la prioridad es atender la emergencia sanitaria. Saben que, por suerte, tenemos a la CCSS y eso es un alivio a nivel de presupuesto nacional. Saben que tenemos presente cubrir a personas con el bono Proteger y que están orientadas todas nuestras energías para que nadie se quede sin sustento.
Arrastramos problemas para posicionar tributos en sectores que tienen mucho poder económico. Costa Rica, en comparación con el resto de países que conforman la OCDE, es blanda en recaudación tributaria. ¿Será prioridad reevaluar la política fiscal para ajustar los sectores con una base más amplia de ingresos?
—La prioridad uno es aprobar el Plan Proteger.
Lo más importante es cubrir a la gente con subsidios y proteger sus ingresos. Sobre todo en un momento en el que estamos en fase de respuesta y con medidas de aislamiento, que nos reporta tantos beneficios a nivel de la curva pandémica, esto tiene una grave afectación económica.
La prioridad uno: el presupuesto extraordinario, Plan Proteger y el bono Proteger.
Las medidas adicionales de inyectar recursos frescos de fuentes de multilaterales para cubrir a la gente y demás, y, por supuesto, en un segundo momento, una vez aprobados estos, estaríamos entrando a aprobar un segundo set de medidas que se piensa en una contribución voluntaria. Se piensa que sea progresiva y que cubra a todas las personas que tienen estabilidad y suficientes recursos, para que ellos cubran a quienes no tienen en este momento y están pasándola mal.
No obstante, aún no tenemos algo más formal en la mesa de dibujo, además lo que fue presentado por mi colega, el Ministro de Hacienda.
Usar a Corea de referencia es lesivo, pero es un país con una gran industria electrónica, tecnología avanzada y una industria cosmética amplia; precisamente la clase de productos que no fueron tan vulnerados. En comparación, Costa Rica tiene una base de servicios muy importantes, entre ellos el turismo. Respecto de países con otros diseños económicos, ¿estamos en desventaja para la recuperación?
—No, yo considero que por ser una economía tan abierta es verdad que los shocks externos nos hacen vulnerables y este (el COVID-19) fue uno de ellos, particularmente en el sector turismo, donde hay tanto nivel de encadenamiento, cerca de 211.000 empleos directos, más todos los encadenamientos que registra.
No obstante, nuestro país está en una posición privilegiada para la recuperación. Hay un sector de dispositivos médicos que es pujante, que puede desarrollarse y hacerse más complejo. Hay toda una industria de servicios que puede recomponer; también hay sectores que no hemos explorado con tanto ímpetu como comercio digital y todos los productos digitales vinculados.
Costa Rica está en una posición privilegiada para hacer un rebote que sea robusto para compensar el decrecimiento que vamos a sufrir por concepto de la pandemia.
En la economía post COVID-19, ¿qué prioridades tiene su despacho?
—Veníamos trabajando en un instrumento que se llama, muy ambiciosamente, “Plan estratégico nacional”. Se trata de hacer prospectivas, a la luz de sectores específicos, de cuál es la inversión pública necesaria. Más que nunca, visualizo esta prioridad de mi despacho como una para la recuperación de la economía post COVID.
Estamos centrando todas nuestras fuerzas en identificar con certeza, tanto como la situación posibilite, cuáles serían las cadenas de valor dentro de una economía regional para habilitar mayor crecimiento y empleo.
La región centroamericana estaba vulnerada por otros shocks económicos. ¿Cuál es nuestro lugar allí?
—Particularmente la región Huétar-Norte: Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, ahí hay una dinámica binacional (entre Costa Rica y Nicaragua) que es importante para rehabilitar y ordenar. Esto solo es posible por algo que está comprometido, el diálogo entre ambos países. Necesitamos tener mayor acercamiento con Nicaragua para habilitar esa región y que en esa zona fronteriza se puedan habilitar determinadas condiciones de desarrollo: que disminuya la vulnerabilidad entre ambos.
La gestión de las fronteras, desde máximas, como ha venido trabajando este periodo; desde los derechos humanos, siempre, y desde el respeto a la soberanía nacional.