La diputada y jefa de la fracción oficialista Pilar Cisneros accedió este jueves a desconvocar el proyecto de Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas (conocido también por su expediente 21.670), una semana después de los diputados conocieran severas críticas de la Contraloría General de la República (CGR).
Durante la reunión de jefaturas de este jueves, el frenteamplista Jonathan Acuña pidió al presidente Rodrigo Arias que se consultara a las fracciones sobre su posición para el estudio del proyecto, dado que la semana pasada se pospuso su conocimiento para leer lo suscrito por CGR. Acuña fue quien recomendó su desconvocatoria.
Las fracciones evitaron comentarios al respecto, no obstante Cisneros adelantó que el proyecto será excluido de la agenda que tiene que ver la Asamblea Legislativa hasta que terminé este periodo extraordinario (lo cual ocurrirá el próximo 31 de julio).
“Estamos de acuerdo, vamos a pedir que lo desconvoquen y vamos a pedir un criterio del Ejecutivo para hacérselos llegar”, fueron las palabras de la diputada del Partido Progreso Social Democrático.
Esta semana, UNIVERSIDAD publicó el criterio de Contraloría donde la entidad fustiga la falta de fundamento de la propuesta.
El proyecto autoriza la venta de activos de las empresas del Grupo ICE y amplía el tiempo de contratos de compraventa de electricidad hasta por hasta 40 años, cuando ahora el máximo tiempo permitido de los contratos es 20 años.
El expediente fue liderado por diputados liberacionistas, encabezado por la exdiputada Silvia Hernández, con la justificación de establecer mecanismos para evitar el aumento en la deuda del ICE y contribuir a que las tarifas eléctricas “no sigan subiendo”.
No obstante, la CGR advirtió en su oficio DFOE-AE-0405, del 30 de octubre del 2020, que el proyecto “no refiere a estudios financieros que evalúen las causas del endeudamiento del ICE, su capacidad de solvencia y otros índices, que justifiquen tal medida como solución al problema” y “sin que se refiera a un estudio que lo justifique y demuestre al menos cuál sería la reducción esperada en los costos, tarifas y prestación más eficiente del servicio”.
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