La principal diputada oficialista y referente del movimiento político ‘rodriguista’, Pilar Cisneros, se sacudió de responsabilidad alguna sobre la amenaza de muerte que un usuario simpatizante del gobierno publicó en redes sociales esta semana contra la periodista Vilma Ibarra, directora del programa ‘Hablando Claro’ en radio Columbia.
“Lo que pasa en las redes sociales es absolutamente incontrolable”, dijo Cisneros, antigua periodista, a pesar de que la amenaza se emitió horas después de un discurso con el que la legisladora cuestionaba a Ibarra por señalados servicios de consultoría en comunicación en el proyecto de ampliación de la ruta 32, durante el gobierno anterior.
“No estoy dispuesta a aceptar de ninguna manera que por mi control político surgieron esas amenazas contra Vilma. En mi control político no hay ni la más mínima insinuación la violencia, agresión o irrespeto”, pronunció la diputada después de que legisladores de diversos flancos, como el liberal Eliécer Feinzaig y el frenteamplista Ariel Robles, le advirtieron a la oficialista la necesidad de evitar alimentar discursos de odio o amenazas como esta que circuló el martes.
El usuario llamado “Crist Mrr”, que aparecía como residente de Cartago y supuesto trabajador de un negocio llamado Central Veterinaria, fue el autor de esa amenaza: “Quienes creemos en Conozca a Rodrigo Chaves estamos convocando a todos para que le demos a doña Vilma Ibarra el mismo destino de su abuelo Lucio Ibarra”.
El abuelo de la periodista fue uno de los seis asesinados en el mítico atentado del ‘Codo del diablo’, en Siquirres en 1948, porque eran comunistas perseguidos políticamente por fuerzas relacionadas al gobierno de entonces.
“No tengo la menor idea de quiénes pueden ser esas personas (de la amenaza contra Ibarra), pero deploro, censuro y obviamente rechazo cualquier forma de violencia”, contestó Cisneros mediante un mensaje de audio, sin dejar de cuestionar a la periodista por su papel en la supuesta consultoría.
Ese contrato es instrumento de crítica del presidente Rodrigo Chaves desde meses atrás, cuando en conferencia de prensa reveló la existencia de una auditoría en que se mencionaba un presupuesto de $732.000 para servicios de comunicación y la aparente participación de una comunicadora conocida. No dijo su nombre, pero dijo que él sí estaba “hablando claro”, en clara coincidencia con el nombre del programa radiofónico.
Después el Gobierno rechazó la petición de Ibarra de una copia de esa auditoría aunque en redes sociales circularon supuestos contenidos de ese documento. Tras un recurso de amparo de la periodista, las autoridades tuvieron que publicar el documento y por eso Cisneros cuestiona la mención de Vilma Ibarra como proveedora de servicios para una agencia que daba asesoría a una de las empresas participantes del proyecto vial.
“Tiene que dar las explicaciones sobre cuánta plata le pagaron a ella de ese contrato”, añadió Cisneros después de que este miércoles Rodrigo Chaves fue consultado por ese tema y volvió a esquivar responsabilidad alguna: “yo no he mencionado su nombre”, reiteró.
“Esa carta (documento en que se mencionan asesores de comunicación) aparece en Twitter y se arma un tornado, y yo aquí tranquilo viendo”, añadió Chaves tras ser consultado por unos de los periodistas a los que el mandatario suele agradecer por dar difusión a sus conferencias de prensa.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colpe) emitió un comunicado sobre el caso con el mensaje de detener la persecución que ha denunciado Ibarra. “El Estado debe cumplir su rol de defensor y protector de los derechos humanos”, declaró el Colegio, al recordar también que la Sala Constitucional ya señaló al Presidente la necesidad de evitar expresiones que alimenten la violencia contra comunicadores.
