Piedras y grava provenientes de la Terminal de Contenedores contaminan playa Moín

Un reguero de piedras, arena y grava se disemina a lo largo de sectores de la playa Moín y, si bien la causa de esa contaminación es objeto de polémica, no hay duda de que su origen es la Terminal de Contenedores de  Moín (TCM) de APM Terminals.

Así se desprende de la documentación generada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la propia Regencia Ambiental de ese proyecto, tras las gestiones y denunciadas realizadas por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, a través de su presidente Marco Levy.

El activista sostiene que la causa de esa contaminación, en una playa otrora caracterizada por arenas grises y cocos, es un proceso de erosión de la isla artificial construida para alojar a la TCM.

Sin embargo, la respuesta por él obtenida desde la Regencia Ambiental de la TCM y de Setena sostiene que se debe más bien a “parte de los rellenos colocados durante la Fase de Construcción del proyecto, específicamente en las áreas de campamento logístico en la playa y zona aledañas” y que “no fueron removidos, porque formará parte de los campamentos para las siguientes etapas del proyecto”, según el crecimiento proyectado de la TCM “y para la estabilidad de la playa de Moín, aguas arriba hacia el Oeste”.

En todo caso, “lo que tenemos en Moín es un problema ambiental” sobre una playa “que es pública, que es un sitio de anidación de tortugas, que no pueden ni deberían tener que pasar por encima de la arena y piedra, que es lo que hay en esa zona, producto del proceso erosivo que se está dando”, expresó Levy.

“Chicharrón de pellejo”

El activista recordó que, al momento de la construcción de la TCM, se planteó la explotación minera del Tajo Asunción para extraer la piedra, que “se suponía que es la piedra ideal para esa obra”. Pero sucede que el tajo se ubica en la cuenca del río Banano, “una zona de vocación hídrica y atentaba contra los proyectos a futuro de Acueductos y Alcantarillados (AyA)”.

De tal manera que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva), el Sindicato de trabajadores de Japdeva Afines y Portuarios (Sintrajap) y el AyA se opusieron a la extracción minera de piedras de ese tajo.

“Entonces se dio todo un estira y encoge entre las instituciones. El Gobierno de doña Laura Chinchilla, encabezado por el ministro (de Ambiente) de ese momento, René Castro, apoyaba la extracción de materiales en esa cuenca; AyA se opuso, este servidor se opuso  y nosotros planteamos nuestra posición porque usted no puede hablar de desarrollo si no vela por las fuentes que van a sostener ese desarrollo y el agua es fundamental”, indicó.

Relató que, en vista de que  “el proyecto tampoco se podía mantener paralizado, creo y siento que lo que hicieron fue una chambonada, lo que hicieron fue empezar a meter material del tajo Chirripó que no cumplía con las características”.

Según recordó, se trajo material de Noruega y Dinamarca, “pero después estuvieron metiendo principalmente piedra del Tajo Chirripó, una piedra y arena normal que, en teoría, está en este momento saliéndose ahí en Moín”.

Así, en noviembre de 2023, Levy envió un oficio a Ulises Álvarez, secretario general de la Setena, hoy separado de su cargo a raíz de una medida cautelar solicitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Antircorrupción (FAPTA).

Ese oficio también fue copiado al Consejo Nacional de Concesiones (CNC). En él solicitó “proceder a la brevedad a la conformación de la Comisión Mixta de Monitoreo para el Proyecto Terminal de Contenedores Moin expediente Nª D1-7968-2012-SETENA a fin de determinar las causas de la pérdida del relleno que se está depositando en la playa de Moín”.

La Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima), es una entidad participativa de control y seguimiento ambiental de actividades, obras o proyectos de “alto impacto ambiental potencial” con evaluación de impacto ambiental (EIA) aprobada.  En esa Comisión participa “al menos un funcionario de la SETENA, un representante del desarrollador, un representante de la municipalidad, un representante de las organizaciones comunales del lugar donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto. Sus integrantes prestarán sus funciones ad honorem y por el plazo en que opere dicha actividad, obra o proyecto”, según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

La respuesta que Levy obtuvo llegó cuando, desde Setena, se le remitió copia de una respuesta que dio en enero al CNC sobre el tema, en que indicó que la Comima estaba conformada desde abril de 2023, que se buscaba un nuevo coordinador y que “esta Secretaría remitirá las inquietudes al Desarrollador a fin de esclarecer lo mostrado en el registro fotográfico aportado por el señor Levy Virgo”.

Es decir, dos meses después de la carta inicial de Levy, Setena no había movido un dedo ante APM Terminals para determinar la causa del problema ambiental denunciado. Además, ni siquiera se preocuparon por contestar directamente al ciudadano, sino que debió intervenir el CNC para que se diera respuesta.

Poco después, con fecha del 20 de febrero, se da le informe del regente ambiental del proyecto, el ingeniero Julio César Sarmiento. Ese documento apunta que “el origen del material que se observa en las fotografías aportadas en la denuncia”, era parte de los rellenos colocados durante la construcción de la TCM, como ya se citó.

Además, llegó a la conclusión de que “el material indicado en la denuncia, no procede de la Isla Artificial (Terminal de Contendores), sino que obedece al material depositado en la zona de campamentos durante la fase de construcción 2A, y no fueron removidos porque formará parte de los campamentos para las siguientes etapas del proyecto, FASE 2B y FASE 3 de crecimiento de la terminal de contenedores y para la estabilidad de la playa de Moín, aguas arriba hacia el Oeste”.

Insatisfecho con ello, Levy, el 30 abril, de nuevo se dirigió al secretario de la Setena y al CNC y solicitó que “se ordene al Regente Ambiental proceder a emitir un nuevo informe con base a las fotografías aportadas por el suscrito denunciante, habida cuenta de que los materiales depositados en la playa de Moín se ubican muy lejos de la isla artificial o proyecto Terminal de Contenedores Moín a cargo de la concesionaria APM Terminals, impidiendo el disfrute de las playas adyacentes por parte de la comunidad limonense y, muy posiblemente, afectando al arribo de tortugas marinas a la playa de Moín”.

Levy, además, planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la cual le dio la razón y ordenó “a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ejerza ese cargo, responder de manera completa las causas de la pérdida del relleno que se está depositando en la playa de Moín que gestiona el recurrente”, en un plazo de diez días.

De acuerdo con Levy, Setena “mandó por ahí una notilla, lo que hizo fue decir lo mismo que dijo el regente”.

“Digo en lamento sincero: Setena no le quiere entrar al problema, este es un chicharrón, pero no de carne, es un chicharrón de pellejo y de chancho viejo”, anotó.

Además, anunció su intención de enviar a la Contraloría General de la República (CGR) una queja en contra de la Setena, porque “esto es una obra importantísima; obviamente reconocer y plantear la necesidad de paralizarla en este momento es un broncón para el Estado. Entonces, prefieren manejarlo así y dar respuestas cosméticas, pero no han aportado estudios técnicos concluyentes que determinen qué es lo que está pasando”.

Auditoría necesaria

Desde 2017, el geólogo Allan Astorga había advertido a UNIVERSIDAD la posibilidad de que el suelo marino que sostiene a la isla artificial fuera muy lodoso como para aguantarla, luego de que en aquel momento se hubiera detectado una inclinación en algunos de los pilotes de soporte.

Ante estas denuncias de Levy, en primer lugar explicó que la única manera de corroborar si la contaminación de piedras y grava proviene de la isla artificial es mediante una inspección directa, “que, en este caso, tendría que ser con buzos, para verificar cuál es el estado de solidez o estabilidad de la isla artificial”.

Con gravedad, observó que la isla en cuestión “además de que está sobre un terreno muy lodoso, también es probable que tenga una falla geológica que le afecta en la esquina noroeste, entonces hay una duda razonable” sobre su estabilidad, por lo que “la recomendación de hacer una inspección para verificar el estado de solidez de la isla es relevante”.

Pero no solo eso. En su criterio, de igual manera es preciso una valoración en la superficie de la isla artificial, para determinar si hay irregularidades.

Por otra parte, “me llama la atención que el regente ambiental señala como que es lo más normal que APM haya dejado ahí un montón de material sobre la playa de Moín, la playa arenosa de Moín, y que eso se va a usar a posteriori. A mí me parece que el regente debería revisar el estudio de impacto ambiental, y los compromisos ambientales que adquirió APM cuando se le otorgó la viabilidad”.

En ese sentido, recordó que, en el estudio de impacto ambiental (EsIA), se previó que el problema se iba a dar y “APM señala que, para evitar que se afecte la playa de Moín, ellos iban a dragar todos los años y llevarse ese material para otro lado”.

“El tema aquí es que la playa Moín ha sido severamente impactada con ese material, con ese sedimento, y el compromiso de la TCM era que esa playa iba a estar limpia, y la verdad es que no: hay un problema. Incluso la misma dársena, que es el sitio donde llegan las embarcaciones a puerto, se está estrechando por la acumulación de sedimentos”, expresó.
Añadió que, incluso, la estimación de APM Terminals fue de más de 100.000 metros cúbicos por año que tenía que quitar.

Para Astorga, “es claro que la playa Moín frente a la TCM se ha dañado ambientalmente: eso hay que corregirlo y le corresponde a APM Terminals”. Agregó que “la Setena no ha estado funcionando, porque avalar el informe del regente ambiental sin revisar los compromisos ambientales que adquirió la empresa no me parece correcto. Me parece que debería incluso hacerse una auditoría ambiental externa a todo el proceso para ver qué grado de cumplimiento ha tenido APM Terminals”.

Acotó que ello es tanto más necesario porque la isla artificial es la primera fase de otras dos aún por construir. “Es de gran importancia para el país, lo diría aquí, también para el CNC, ver los resultados de esa auditoría ambiental para a verificar si vale la pena considerar la ampliación de esta terminal ahí o si es mejor hacer una ampliación del puerto, más bien, en el lado de Japdeva”, planteó.

Concluyó que “esta situación debería ayudar a que pongamos las barbas en remojo, revisemos el proceso y veamos si vale la pena modificar el contrato y apostar —que yo recomendaría eso—, apostar por ampliar o mejorar el muelle de Japdeva y no más el de APM”.