Académicos consideran que no se trata únicamente de revisar los cánones que pagan las empresas televisoras y radiodifusoras por el uso del espectro radioeléctrico, sino realizar una revisión integral del modelo de radiodifusión para promover mayor pluralismo y diversidad. Sin embargo, ven con buenas señales que no habían visto antes que el Gobierno de la República esté abierto a discutir el tema de las frecuencias de radio y televisión.
El Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) Carlos Enrique Alvarado dijo la semana pasada que pronto se empezará el proceso de discusión para la renovación de los cánones que pagan televisoras y radioemisoras.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de junio, el periodista Richard Molina, del medio digital El Guardián, dijo que era imposible para un periodista acceder a un espacio en televisión ni radio, el cual costaba alrededor de $2.000 o más. Y preguntó al Presidente cuánto pagaban las televisoras por este uso del espectro.
El Presidente Rodrigo Chaves respondió: “Yo tengo la información, la estoy estudiando”.
Mientras que el ministro Carlos Enrique Alvarado afirmó que “un medio nacional televisivo paga ¢8 millones al año por ese uso” y que “con respecto a las radioemisoras, depende de la estación; pero andan por montos inferiores a los ¢4 o ¢5 millones”.
“Nosotros de hecho queremos ser muy transparentes en ese tema y la discusión la queremos tener de una manera muy transparente con todas y todos los costarricenses”, agregó Alvarado.
El objetivo de revisar los cánones actuales
Consultado por UNIVERSIDAD, el académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Sebastián Fournier, comentó que le parecía “muy importante” que por primera vez y por iniciativa propia el Gobierno colocara este tema en discusión de forma tan directa y pública.
Fournier explicó que el problema actual con las frecuencias de radio y televisión “es que hay un absoluto desorden, especialmente en el tema de la radio”. Las frecuencias actuales de radiodifusión, continuó Fournier, “fueron dadas a dedo hace 60 años y desde entonces quedaron fijadas para toda la eternidad”. Muchos de esos concesionarios originales han fallecido; sin embargo, esas concesiones nunca han sido reasignadas por medio de un concurso público.
“En ningún momento ha habido una evaluación de cobertura, de alcance, de proyecto comunicacional ni de beneficio para la gente”, señaló Fournier y destacó que las zonas rurales han sido desfavorecidas en especial con el tema de la comunicación, con un limitado acceso a frecuencias para por ejemplo instalar una radio local.
“Es una discusión que hay que abrir, máxime que en 2024 se vencen todas las concesiones de radio y televisión de este país. Entonces a este gobierno le toca la discusión de las frecuencias y yo creo que lo tienen bastante claro. Me parece muy importante que se esté dando este escenario. Las buenas señales se tienen que convertir en acciones concretas”, agregó Fournier.
Para la académica y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Giselle Boza Solano, “aquí lo importante no es solo revisar los cánones sino habría que ver cuáles son los objetivos que tiene el Gobierno con esa revisión”.
“No tiene sentido solo revisar cánones si no revisamos el modelo de radiodifusión que tenemos. Van a revisar cánones, bueno, para qué y cómo se va a hacer eso”, cuestionó Boza. También resaltó que lo que espera es que sea “una acción afirmativa del Estado para garantizar pluralismo y diversidad” pues le preocuparía “que se utilizara una estrategia para ver esto como una forma de censura a medios”, a la luz de un Gobierno “que ha atacado muy directamente a los medios de comunicación”.
“El modelo por el que hemos abogado siempre es aquel que sea una democratización del espectro, que abone en términos de pluralismo, de diversidad, de inclusión social, que exista un debido control de la cesión de frecuencias”, declaró.
Con respecto al vencimiento de contratos de concesión en 2024 y 2025, Boza planteó la pregunta de
cuáles serán los alcances de esos nuevos contratos “a la luz de una política pública que, en primer lugar, garantice la democratización del espectro, garantice libertad de expresión, la independencia de los medios, el pluralismo, la diversidad, que fomente medios comunitarios, de servicio social, y ojalá se reserve espectro para medios de servicio público”.
El espectro radioeléctrico es una porción de la atmósfera -una especie de carretera – por donde viajan las señales de radio, televisión, voz y datos de Internet y es un bien de dominio público, propiedad del Estado.
