El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, y ecologistas de la zona pidieron a las autoridades investigar por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias a ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que participaron en el proceso del nuevo Plan Regulador Costero de Talamanca, el cual les beneficiaría.
El 26 de setiembre de 2023, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca aprobó el Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, que abarca un territorio para la zonificación turística desde Tuba Creek (Cahuita) hasta Manzanillo y ha sido cuestionado por presentar graves irregularidades.
Las organizaciones Bloque Verde, el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) del Caribe Sur, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (Aditik), Kioscos Socioambientales y vecinos de Talamanca han criticado el plan porque con este se pretende desaparecer el Patrimonio Natural del Estado (PNE) al otorgar más permisos de construcción.
Esto se suma a que, durante años, la Municipalidad de Talamanca y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) han otorgado permisos de uso de suelo, de construcción y de tala en zonas que son PNE, donde había humedales o bosque costero, «provocando un enorme caos territorial y de destrucción al ambiente», según las organizaciones y vecinos.
En febrero de este año, el despacho del diputado Ariel Robles solicitó a la Municipalidad de Talamanca los nombres de las personas físicas y jurídicas que eran ocupantes de ZMT, pero la Municipalidad se negó. El despacho interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado con lugar y se ordenó a la municipalidad dar la información el pasado 19 de abril.
En la lista de las personas físicas y jurídicas que son ocupantes de la ZMT, aparecen sociedades en las que participan Jorge Molina Polanco y Enrique Pucci Coronado.
Ex regidor y asesor ad honorem
Molina Polanco participa en las sociedades Caribbean Coast Realty SRL, Corporación Buena Vista Internacional S.A. y Go Green Now S.A., las cuales tienen expediente como ocupantes de ZMT, según la lista. Además, fue regidor de la Municipalidad de Talamanca por el Partido Nueva Generación en el periodo 2020-2024, mientras se discutió el Plan Regulador.
Por ejemplo, según consta en el acta 174 del 20 de setiembre de 2023, Molina argumentó defendiendo el plan: “no es que nosotros inventamos que queremos hacer un plan regulador, a nosotros nos exige la Contraloría, las mismas instituciones y nos dicen ‘tienen construcciones ilegales, está gente metida en zona marítima terrestre’ (…)”.
“La única forma es el ordenamiento territorial, para nadie es un secreto que lo que más nos viene a dar a nosotros los cahuiteños un plan regulador y me incluyo, es seguridad jurídica, el único tema y el propósito fundamental del plan regulador”, afirmó Molina.
Según el acta extraordinaria 89, Molina no votó el acuerdo para aprobar el plan regulador e hizo abandono de su curul durante la votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, inciso a) del Código Municipal.
El inciso a) de dicho artículo indica: “Se prohíbe al alcalde municipal y a los regidores intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad”.
Pucci Coronado, por su parte, participa en la sociedad Hotel El Colibri S.A., que tiene expediente como ocupante de ZMT, según la lista.
Ha sido asesor ad honorem de la Comisión Municipal del Plan Regulador desde 2014, como consta en actas de la municipalidad, en notificaciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y en minutas de reuniones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La ZMT es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de las costas Atlántica y Pacífica, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta y los terrenos y rocas que deja el mar al descubierto en la marea baja.
La ley no permite la propiedad privada en la ZMT, aunque legitima las propiedades que fueron inscritas en el Registro Nacional antes de la ley 6043 de 1977, que declaró a este territorio como patrimonio nacional, inalienable e imprescriptible, de interés, utilidad y uso público. Actualmente, en la ZMT hay propietarios registrales, ocupantes con permiso de uso otorgado por la Municipalidad y ocupantes ilegales.
Con un plan regulador se podrían otorgar concesiones en esta ZMT, siempre y cuando se cumplan con las normas de construcción ordenadas por la zonificación y se pague el monto fijado de canon o renta, pero todo depende del desarrollo que autorice o no el plan regulador en este territorio.
Posible tráfico de influencias
De acuerdo con el diputado Ariel Robles, el caso deja entrever “un tráfico de influencias”. “Estas personas, más que velar por tener un plan regulador acorde con las preocupaciones del cantón, están velando por sus propios intereses como personas propietarias de terrenos que se encuentran dentro de la ZMT”.
Robles recalcó que “sin lugar a dudas hay una intención de lograr legitimar estas propiedades, a pesar de que están dentro de ZMT, que es entendida como Patrimonio Natural del Estado”. “Esa es la mayor intención que han tenido de impulsar un plan regulador que ha tenido múltiples problemas, no solo por temas de consulta, sino por temas técnicos”, declaró.
Según Robles, han transmitido esta información a la Fiscalía que lleva el caso en materia ambiental y lo sumarán a una investigación más amplia sobre el plan regulador y personas que participaron en su discusión o lo impulsaron teniendo intereses directos en los temas de zonificación en materia de ZMT.
Para Marta Castro, presidenta de los Covirenas del Caribe Sur, “es muy obvio que ellos estaban ahí para beneficiarse”. “Lo que sí sabemos muy claramente es que el plan regulador se hizo para favorecer a estas personas que están infringiendo la ley forestal y la ley de ZMT”.
Castro explicó que muchas de las hectáreas que fueron desafectadas con la Ley 9223 están dentro de bosque y humedales que son Patrimonio Natural del Estado (Ver “Ley 9223 redujo Refugio Gandoca Manzanillo en 406.32 hectáreas”). “El plan regulador se basó en la ley 9223, como si no hubiera sido anulada, para zonificar estas zonas como áreas de residencial, de parqueos, de esparcimiento turístico. Definitivamente esta zonificación le pasa por encima a todo el patrimonio natural del estado, favoreciendo a todos estos desarrolladores”, añadió.
Según Silvia Matamoros, ecologista, licenciada en derecho y quien ha participado junto a Aditik en contra del plan, estas personas buscaron incidir en la aprobación del Plan Regulador y favorecer sus intereses como ocupantes de la ZMT y deben ser investigadas.
Matamoros agregó que incluso Molina Polanco y Pucci han sido parte del Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe (Corac) y del Consejo Ambiental Local (Colac). El 4 de abril de este año, Marco Levy Virgo, de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y vecino de Limón, pidió al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, investigar al Corac por presunta violación del PNE, por “abandonar” los humedales ubicados dentro de la ZMT del cantón de Talamanca.
Según documentos presentados por Levy, el Corac acordó archivar el documento técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” para favorecer los intereses de los empresarios locales Luis Fernando Arias Molina, Jorge Molina Polanco, Enrique Pucci Coronado, Aurora Gámez y Emily Yozzel, entre otros.
“Tomaron una decisión atrevida para congelar el documento, para que no se utilice y no perjudique los intereses de estos señores”, apuntó Levy.
“Usted no puede hacer un plan regulador sobre un humedal porque la ley no lo permite. Si usted determina que esa es zona de anidación de tortugas, tampoco se puede; si hay bosque, tampoco se puede. La forma más viable de hacerlo era diciendo ‘bueno los humedales no existen’”, dijo Levy.
Se intentó contactar a Molina Polanco y a Pucci para obtener alguna reacción, pero no se obtuvo respuesta antes de la hora de cierre.
Ley 9223 redujo Refugio Gandoca Manzanillo en 406.32 hectáreas
El 10 de marzo de 2014 se aprobó la ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, que redujo la superficie del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en 406.32 hectáreas.
La ley excluyó de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek.
Gandoca Manzanillo es un refugio de propiedad mixta, es decir, que hay propiedades privadas que estaban dentro del refugio, con una categoría especial para proteger los recursos naturales, con limitaciones al uso de suelo, donde solo se puede realizar lo que permite la ley para áreas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE).
La Ley 9223 cambió esa categoría para muchas de estas propiedades. Aunque en 2014 el limonense Marco Levy Virgo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley, la cual fue declarada parcialmente con lugar, la Procuraduría señaló, el pasado 5 de julio, que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) todavía no ha determinado los límites de Refugio para recuperar ese PNE, es decir, para que estos recursos naturales sigan siendo protegidos.
Según datos de la Asesoría Legal del Sinac, solo de 2014 a 2019, la Municipalidad de Talamanca otorgó 209 permisos de uso de suelo en la zona excluida del Refugio por la Ley 9223.
Sala Constitucional pide explicaciones a alcalde de Talamanca
El 30 de junio de 2017, el Sinac emitió la resolución SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017, con la cual delimitó (marcó) cuáles áreas eran Patrimonio Natural del Estado (PNE) y cuáles no, dejando excluidos 13 humedales y una gran área de bosque. Mediante esta certificación entregó esta zona excluida del PNE a la Municipalidad de Talamanca para que esta la administrara. Castro, Levy y Matamoros resaltaron que esta acción del Sinac favoreció que el Plan Regulador empezara a caminar.
Castro declaró que fue “para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios” y “amarrar todo el negocio que ellos iban a hacer”.
Matamoros considera que el problema principal que se está dando en la zona proviene de esta delimitación del PNE. “Nosotros percibimos que es para poder hacer este plan regulador y evitar áreas que probablemente sean patrimonio por ser humedal o bosque y, de alguna manera, legalizar su destrucción para poder desarrollar sus negocios”, añadió Matamoros.
Levy explicó que el plan regulador no podía darse sin el PNE y que la Ley 9223, que desafectó más de 400 hectáreas que estaban protegidas como parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, fue aprobada con ese propósito.
Levy denunció que la certificación que emitió el Sinac fue hecha “de forma inconsulta y unilateral”, trasladando competencias propias a la Municipalidad de Talamanca, como diciéndole “tomen, le regalamos todo el Patrimonio Natural del Estado que está en la ZMT para que lo puedan desarrollar”.
En enero de este año Levy interpuso una gestión de incumplimiento ante la Sala Constitucional en contra de la certificación que emitió el Sinac en 2017. Alegó que esto fue inconstitucional y en desacato del artículo 50 de la Constitución Política.
Explicó que el Sinac entregó “bajo administración municipal el Patrimonio Natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio” y que con esto se “permitió a la Municipalidad de Talamanca autorizar el desarrollo inmobiliario en toda la zona 1 del Refugio, pese a tratarse de un área silvestre protegida”.
En una resolución emitida por la Sala IV el pasado 26 de junio, se ordenó al alcalde de Talamanca que explique si autorizó el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del PNE ubicado en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca o dentro de los límites del refugio, “afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas”.
