Piden controles sobre transgénicos

 Costa Rica carece de un procedimiento de verificación y control sobre productos modificados genéticamente que podrían ingresar al mercado

 

Costa Rica carece de un procedimiento de verificación y control sobre productos modificados genéticamente que podrían ingresar al mercado nacional.

A pesar de que hasta el momento en Costa Rica no se ha autorizado oficialmente el consumo de organismos modificados genéticamente (OMG), es probable que alimentos importados como granos, aceites y alimentos preparados con soya, maíz y vegetales, contengan derivados transgénicos. De ahí se deduce que estos podrían formar  parte de la cadena alimentaria de la población costarricense.

Desde que se aplicó la ingeniería genética para modificar e introducir nuevas características a los alimentos, el debate sobre los riesgos y beneficios de estos productos ha sido intenso.  En el ámbito internacional, se han establecido estrictos controles para el manejo seguro de estos productos, por lo que en algunos países se han modificado la legislación y los reglamentos. Representantes de diferentes instancias, aseguraron a UNIVERSIDAD que en Costa Rica no se controla la importación de transgénicos, y tampoco se utilizan procedimientos para su identificación, ni una regulación específica para su consumo y etiquetado. Empero, sí se regula su producción para la exportación de semillas y con fines de investigación.

 

SEMILLAS AL EXTERIOR

Según Wálter Quirós, de la Oficina Nacional de Semillas y representante en el Comité Técnico Nacional  de Bioseguridad (CTNB), la primera experiencia en cuanto a producción de semilla transgénica en Costa Rica,  comenzó en 1991. La iniciativa fue de una empresa privada norteamericana que deseaba producir soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Como no se tenía una experiencia previa con este tipo de semillas, se convocó a un grupo de expertos de diferentes áreas para darle trámite a la solicitud; éste sería el propulsor del CTNB, que desde entonces le da seguimiento a los proyectos y a las solicitudes. En consecuencia, se incrementaron las áreas de producción de semilla en maíz, algodón y soya transgénica, y los rasgos introducidos son resistencia a herbicidas e insectos. Además, se cultivan en zonas como Cañas, Liberia, Upala y  algunos lugares de Puntarenas y Alajuela, toda para exportación (ver gráfico).  Según Quirós, la CTNB, a través de la Ley Fitosanitaria y su reglamento, que incluye un capítulo sobre transgénicos,  se encarga de conceder los permisos y asesorar a las instituciones oficiales involucradas en la importación, experimentación, liberalización y comercialización de estos organismos.  Agregó que esta tecnología ofrece muchos beneficios, pero también presenta riesgos potenciales como alergias y resistencias a antibióticos, que son la justificación para las medidas de bioseguridad que se están exigiendo en Costa Rica. Asimismo, en el ámbito internacional hay una serie de directrices  para el manejo de esta tecnología, incluido el Protocolo Internacional de Bioseguridad, que Costa Rica está por ratificar y que formaría parte del Convenio de Biodiversidad al cual el país está suscrito.

ETIQUETAR O NO

Para Quirós, la legislación está bien concebida, siempre que no se convierta en un obstáculo para el desarrollo tecnológico y se desarrolle la capacidad para comprender y asimilar prudentemente esta tecnología. Sin embargo, reconoció que es posible que estén ingresando al mercado nacional productos con algunos derivados transgénicos y ese podría ser el caso de los procesados con soya y maíz. “En Costa Rica no existe un sistema o plan sistemático de evaluación de estos productos que se están introduciendo, para determinar si se trata de transgénicos. El CTNB sólo asesora a algunas instituciones en el caso de productos vegetales que se utilicen específicamente en agricultura, no en consumo humano”,  explicó el ingeniero. En su opinión, el país debe desarrollar esta capacidad de detección, que compete al Ministerio de Salud, y fijar la necesidad de que los OMG y derivados tengan su respectiva etiqueta,  ya que es un derecho de los consumidores saber lo que están comprando. “Este sigue siendo un tema en discusión, porque hay un criterio de que los OMG no presentan una diferencia significativa de los productos convencionales. Además pasan por estrictos controles internacionales antes de salir al mercado”, añadió. Por su lado, consultada sobre las políticas  en materia de etiquetado en los OMG, Laura Ulate, de la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medidas, dijo que en Costa Rica no se aplica ninguna normativa para exigir el  etiquetado en los OMG.  Tampoco se utilizan metodologías para su verificación o para identificar sus derivados en productos procesados. Por tanto, no se llevan controles o registros de cuáles y cuántos OMG ingresan al país. Sin embargo, Ulate, informó que se está preparando un foro nacional, en una fecha por definir,  para discutir el tema del etiquetado, con la participación de expertos internacionales de países europeos y de Argentina involucrados en experiencias similares. El propósito de este foro es que el país, a través del Ministerio de Salud, tome una decisión definitiva con respecto al etiquetado de OMG, posición que deberá defender en el mes de mayo en Canadá, ante el Codex alimentario, organismo que dicta las normas internacionales que sirven de orientación a la industria alimentaria. Para la funcionaria, existe la capacidad técnica para llevar a cabo los procedimientos de verificación y regulación del etiquetado, tanto en productos vegetales como manufacturados, pero no será sino  hasta mayo cuando se tenga una posición definitiva.

LOS QUE SE OPONEN

Respecto a la importación y uso de OMG en el país, existe el proyecto “Costa Rica libre de transgénicos”, planteado por un grupo de organizaciones sociales con la intención de abrir el debate y de esta forma exigir mayores regulaciones e información a los consumidores, informó Juan Arguedas, de la Coordinadora de proyectos Alternativos de Desarrollo (COPROALDE). De acuerdo con el agrónomo, este plan consiste en hacer un estudio exhaustivo sobre lo que se desarrolla en materia de transgénicos en el país, quiénes realizan las investigaciones, los ensayos y regulaciones, y los  impactos sociales, la soberanía alimentaria y la salud. Aparte de investigar y documentar, este plan contempla discusiones  con los campesinos, los indígenas y otros sectores sociales. También se pretende producir diferentes materiales de consulta para informar a los consumidores y a los agricultores sobre los OMG y promover  la participación en debates. Este proyecto lo desarrolla la Pastoral Social de Pérez Zeledón, COPROALDE, CEDECO y una organización de productores de banano orgánico.

También reconoció el esfuerzo de la Red de Biodiversidad, en la cual participan Mesa Campesina, Mesa Indígena, FECON, grupo CAMBIO de la UNA y COPROALDE, por trabajar en pro de los derechos comunitarios y normas de acceso con participación de la sociedad civil.

Para Arguedas, los OMG promueven una dependencia en los agricultores del paquete tecnológico, por lo que utilizan mayores cantidades de agroquímicos y  producen mayores condiciones de monocultivo. < Agregó  que es importante poner en práctica un reciente pronunciamiento de la FAO, en el cual se asegura el derecho de los agricultores de reproducir las semillas  que deseen o necesiten. Esto es importante porque las patentes ponían en peligro la seguridad alimentaria y el conocimiento de la agricultura tradicional de indígenas y campesinos. Por último, llamó la atención sobre el papel de las universidades en cuanto a las investigaciones, si lo hacen para el desarrollo del país o hacia la concentración de riqueza de las transnacionales. En este ámbito, criticó la inmadurez de sectores de las universidades que se limitan sólo al campo científico y académico y no dejan espacio para el diálogo ni el trabajo conjunto con otros actores sociales, en aspectos de regulación e implicaciones sociales y ambientales.

POLEMICA

Por otro lado, la discusión sobre los OGM no ha pasado inadvertida en la UCR, que ha invitado a expertos internacionales para que expongan sus puntos de vista.

En diciembre del año pasado, la Escuela de Biología organizó un seminario sobre biotecnología y cultivos transgénicos en el cual participó, entre otros, Ariel Alvarez, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) de México. Según Alvarez, problemas como disminución de la capacidad de sobrevivencia de algunas plantas, alteración entre plantas y animales y efectos sobre otros organismos que no se desea afectar, son dificultades reales, pero que no ocurren solamente con organismos transgénicos sino, también con variedades convencionales. Mencionó que las evaluaciones que hacen los comités especialistas no aseguran la total ausencia de riesgos, pero de acuerdo con esos datos los riesgos son mínimos y son comparables con los productos convencionales que según la FAO son sustancialmente equivalentes con los OMG. “La experimentación de campo es necesaria para la obtención de nuevos datos e información, sin ella no habrá ganancia de conocimientos. Una alternativa es el monitoreo y escoger aquellos mecanismos que nos permitan vigilar estos cultivos a lo largo del tiempo para ver cualquier efecto diferente o comportamiento anormal” afirmó Alvarez. Por su parte, Miguel Altieri, de la Universidad de California en Berkeley, quien impartió el año pasado una conferencia en la Facultad de Agronomía sobre los riesgos de los OMG, criticó el prematuro lanzamiento comercial de estos alimentos en el contexto de un marco regulador inadecuado y poco transparente. Según Altieri, dado que ningún científico puede aseverar que dichos alimentos están libres de riesgos, como alergias en los seres humanos y daños a la biodiversidad, se puede considerar que la mayoría de la población está siendo sometida a un experimento de alimentación a gran escala. “ Las semillas genéticamente modificadas están bajo control corporativo y bajo la protección de patentes. Además al crear cultivos resistentes a herbicidas como el bromoxil y gifosato, se crea una dependencia en los agricultores, tanto de las semillas modificadas como del producto, ambos producidos por la misma compañía que de esta forma se asegura el mercado,” dijo. Detalló que estos herbicidas se acumulan en frutas y tubérculos, causan defectos congénitos en animales y pueden producir cáncer en los seres humanos. Altieri mencionó como ejemplo el conflicto ético que generan estas compañías con la tecnología “terminator”, patentada por Delta Pine Land Co., subsidiaria de Monsanto, la cual consiste en que un gen conocido como Terminator regula la fertilidad de las semillas, así el agricultor las plantará y obtendrá granos estériles, por lo que deberá comprarlas cada vez que quiera sembrar.  Recalcó que los países tienen derecho de oponerse a la importación de productos transgénicos sobre los cuales haya sospechas de que representen un riesgo para la salud o el ambiente.

EL CASO “STAR LINK”

Uno de los escándalos más sonados se dio en el 2000 cuando se detectó el maíz transgénico Stark Link, del gigante farmacéutico Aventis en productos comestibles en los EE.UU, cuyo consumo solo había sido autorizado para animales y que producía alergias en los seres humanos. Después de esto cerca de 300 productos para consumo humano fueron retirados del mercado estadounidense, lo que causó enormes pérdidas económicas a agricultores, procesadores y comerciantes. Según un artículo de Kristin Dawkins, del Institute for Agriculture and Trade Policy, de Minnesota, una vez que la contaminación fue descubierta (no por los inspectores gubernamentales, sino por organizaciones no gubernamentales opuestas a los alimentos genéticamente modificados), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se deshizo del producto aprobando oficialmente el StarLink para la exportación. Con ello trasladó la responsabilidad a los países importadores para que objetaran  las importaciones de StarLink y para que hicieran pruebas a sus proveedores.
Señala el artículo que en Estados Unidos los esfuerzos para sacar el StarLink del mercado se estimó en un costo superior a los cien millones de dólares. Según una información de Reuters, ese año El Salvador prohibió la importación y venta de 75 productos que contenían el maíz modificado genéticamente, relacionado con la categoría Stark Link, medidas que tomaron otros países como Japón. ¿Cuándo adoptará Costa Rica este tipo de regulaciones? Es la interrogante que se hacen algunos consumidores que empiezan a informarse sobre del tema.

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