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«Pésima planificación» durante gobiernos Arias y Chinchilla originaron caos en ampliación de Ruta 32, dice funcionario del MOPT

Entre 2010 y 2013, producto del establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, se realizó la negociación del proyecto, sin que mediara proceso adecuado de preinversión y elección del proveedor, ya que el gigante asiático exigía que fuera una empresa de su país.

El mal o nulo proceso de preinversión para el proyecto de rehabilitación y ampliación de 107,24 kilómetros de la Ruta 32 (entre el cruce de Río Frío y Limón centro), así como imposiciones sobre la elección del proveedor y acciones apresuradas para iniciar, dieron origen al caos que hace que doce años después de que se ideó, el proyecto tenga apenas un 64.67% de avance constructivo.

Así lo explicó Kenneth Solano, Gerente de la Unidad Ejecutora del proyecto, quien compareció junto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ante la Comisión Especial de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, para referirse a los avances en el proyecto de ampliación y las obras «complementarias».

Solano detalló que el proyecto nació con el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la República Popular China, en 2007, durante la administración de Oscar Arias y terminó de consolidarse durante la administración Chinchilla Miranda, que firmó los contratos comerciales y de préstamo, en 2013.

Según dijo el funcionario, el tipo de acuerdo que se negoció para esta iniciativa implicó no hacer estudios de preinversión o conveniencia del proyecto y no se hizo un concurso normal de consesión, pues como China financiaría vía préstamo las obras, exigía que fuera una empresa originaria de su país la ejecutora y por eso se seleccionó a China Harbour Engineering Company (CHEC), aunque no tenía experiencia alguna en el país.

Desde su negociación en 2010 hasta que se dio la orden de inicio (tanto de la construcción como de los préstamos asociados a la misma) en diciembre del 2016, fue necesario realizar varias adendas y cambios al contrato, para atender necesidades no previstas, lo que implicó atrasos.

Además, la incertidumbre inicial, la duración de los trámites, la falta de experiencia de la empresa y otros problemas en la ejecución de la obra han generado retrasos adicionales, que han resultado en que al día de hoy, a 66 meses de dada la orden de inicio, el mismo se encuentra apenas en un 64.67% de avance constructivo.

Solano puntualizó que el presupuesto inicial de la obra fue de $465 millones pero que debido a ajustes, el costo final asciende a $529 millones, sin contemplar las obras adicionales. De acuerdo con el contrato con China, explicó, el país asiático financiaría el 85% del proyecto mediante dos préstamos (uno concesional con un interés del 2% y uno comercial con una tasa de 4%) y el país aportaría una partida del 15%.

Adicionalmente, desde que inició el proceso constructivo se identificaron necesidades adicionales que, por la inadecuada planificación no se habían tomado en cuenta. Estas se integraron en un primer paquete de «obras complementarias» que costará $86 milllones y más tarde, en 2021, junto con las comunidades, se construyó un segundo paquete que tendrá un costo adicional de $36 millones.

En la actualidad, puntualizó Solano, se ha consumido el 80% del plazo acordado, pero sólo se han dado avances físicos o constructivos del 64.67% (cuando debería ser del 82%) y solamente se ha dado un 43% de avance financiero, que debería ser 93%. «O sea, seguimos atrasados», resumió.

El ministro del ramo, Luis Amador, dijo que todo esto es producto de una «pésima planificación» y de otros problemas, como que el contrato tiene pocas o nulas exigencias para el contratista y sanciones muy leves, para poder enforzar un cumplimiento apropiado.

La diputada del PUSC, María Marta Carballo intervino para pedir nombres de responsables, a lo que el jerarca indicó que se está haciendo una relación de hechos, es decir una investigación preliminar para remitirla a las autoridades judiciales y que se puedan sentar responsabilidades, por lo que no puede indicar puntualmente esos nombres.

Solano confirmó que por orden de Amador se está recabando toda la información sobre las negociaciones, acuerdos, firmas y refrendos de los contratos del proyecto.

El liberal Gilberto Campos consultó por las tasas de los préstamos y por los costos asociados a la volatilidad del tipo de cambio, a lo que los funcionarios indicaron que las tasas de 2% y 4% son en efecto, sumamente altas para lo que ofrece el mercado y detallaron que el costo del tipo de cambio se calcula en $9 millones para todo el proyecto.

Rosalía Brown, de Nueva República, dijo que estaba molesta e indignada y que no podía esconderlo, pues la afectacion a la provincia es enorme. «Si una institución no les contesta, dígannos, a ver si podemos mover las cosas», insistió la limonense, reclamando soluciones.

Por su parte, la frenteamplista Rocío Alfaro, dijo que estaba indignada pues no se trata solo de un irrespeto a las normas o a lo técnico, sino también a las comunidades y a la calidad de vida de una provincia.

Por su parte, Geison Valverde, del PLN dijo haber sido parte del movimiento en favor de la ampliación y afirmó que los errores fueron de «demasiada apertura a lo que querían las comunidades», tanto en el diseño del proyecto, como de las obras adicionales.

El ministro Amador cerró las intervenciones diciendo que estaba tan indignado como las y los legisladores con todo lo sucedido en el proyecto, y reafirmó su compromiso con esclarecer lo sucedido y remitir la información como corresponda.

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