El proyecto de ley 21.049 “para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” se aprobó esta noche en primer debate, pese a que encontró resistencias en todas y cada una de las fracciones legislativas.
La iniciativa contó con el apoyo de 40 congresistas y el rechazo de otros 15, relación que resultó más que suficiente para la aprobación del proyecto. Votaron en contra una diputada del PLN, una del PAC, uno del PIN, uno del PRSC, uno del FA, dos del PUSC, cuatro del PRN y cuatro independientes.
Listo el primer ok al proyecto de ley 21.049 "para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos". @SemanarioU pic.twitter.com/8I2GjmQWd0
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) September 4, 2019
La votación, sin embargo, fue holgada. Incluso llegó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien debió ser cesado momentáneamente de ese puesto por el presidente Carlos Alvarado, de modo que pudiera reintegrarse como diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y votar favorablemente la iniciativa. Su faceta como congresista la mantenía suspendida.
La decisión llegó después de una sesión de 11 horas y 30 minutos, período en el que se realizaron los últimos cambios al texto, incluida la adición de una medida para permitir huelgas cortas (de 48 horas) contra políticas públicas, siempre y cuando se relacionen con “derechos económicos o sociales de los trabajadores”; así como el visto bueno para que los patronos suspendan las remuneraciones de sus trabajadores cuando estos se ausenten.
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Con excepción de estos dos cambios, el texto varió poco en comparación con su última versión aprobada en comisión y sus principales indicaciones siguieron siendo las mismas. Los principales objetivos fueron reducir los plazos para la calificación de legalidad de las huelgas, restringir el ejercicio de las mismas en ciertos servicios y castigar con mayor fuerza las acciones ilegales que se realizan en ellas, como bloqueos o sabotajes.
Entre las principales medidas, el proyecto estableció listas de servicios esenciales y de importancia estratégica, en los que ahora estarían explícitamente prohibidas o limitadas la huelgas, a partir de señalamientos concretos, bajo la condición de realizar arbitrajes legales como último medio de resolución de conflictos.
Además, el texto estableció una categoría especial para el sector educación, en el que los trabajadores podrían holgar por un máximo de 21 días naturales consecutivos o diez días naturales discontinuos, hasta alcanzar una solución entre partes o hasta llegar a una intervención legal mediada.
El proyecto además prohíbe expresamente la realización de bloqueos, sabotajes y cualquier acto ilícito por parte de los huelguistas, imponiendo como castigo la ilegalidad de la huelga, en caso de que se compruebe que se incitaron.
En cuanto a los sindicatos, se añadió como causal de disolución cualquier condena judicial a uno de sus representantes legales, ya sea porque realizaron los actos delictivos o porque los instigaron.
Por último, el proyecto también prohíbe que los huelguistas se ausenten injustificadamente “para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento”; al tiempo que obliga a los huelguistas a presentar preavisos de sus paros (con un mínimo de cinco días hábiles) e imposibilita la realización de más de una huelga por el mismo motivo.
En materia de servicios esenciales, el texto simplemente reitera la total prohibición de las huelgas en estas actividades; mientras que en servicios de importancia estratégica, las reduce a un máximo de 10 días.
Los votos fueron suficientes. Sin embargo, diputados como Paola Vega, del PAC, o Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reiteraron su oposición en contra de la iniciativa, que calificaron como “restrictiva” y “un retroceso” en materia de derechos. “Nos pasamos”, lamentó la oficialista, que ya había adelantado su negativa desde que se aprobó la suspensión de salarios (y las restricciones para sus devoluciones) esta tarde.
No obstante, fue mayor el apoyo, acuerpado con fuerza incluso por el Poder Ejecutivo. El presidente Alvarado indicó en horas de la tarde que esperaba la aprobación del proyecto y envió al diputado Víctor Morales, ministro de la Presidencia, quien llegó al Congreso a cerrar ese compromiso: “Me parece que este proyecto consigue equilibrios y que aporta innovaciones importantes”, subrayó.
De entre los opositores, destacó la voz del frenteamplista José María Villalta, uno de los que propuso más cambios al texto (la mayoría truncados). Él se limitó a decir que las huelgas han estado prohibidas en la mayor parte de nuestra historia, pero que siempre han sido la realidad. “Por eso la mayoría de los países se han dedicado a regular la huelga, no prohibiéndola”, concluyó.
Ahora, el proyecto queda pendiente de su segundo debate; sin embargo, es previsible que los diputados opositores presenten una consulta de constitucionalidad que detendría el trámite del expediente por al menos un mes y medio (30 días hábiles).
Esta consulta sólo podría tumbar la iniciativa si encuentra que los diputados cometieron vicios de procedimiento, pues los contenidos pueden ser objetados pero no vetados por los altos jueces constitucionales.
De no haber consulta, el segundo debate quedaría para este jueves 5 de septiembre.
El proyecto de ley se tramita a través de una vía rápida desde finales de 2018, cuando fue presentado por el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides (PLN). La discusión tomó relevancia después de la huelga contra la reforma fiscal que detuvo varios servicios nacionales por hasta tres meses, entre octubre y diciembre pasados, incluida la suspensión total del ciclo lectivo del MEP.
Carlos Ricardo Benavides, presidente legislativo:
“Esto es muy significativo, es un día que me resulta especial”
En una pequeña entrevista con ‘Universidad’, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso y principal propulsor de la iniciativa, describió la holgada aprobación del proyecto en primer debate como un hecho que esperó después de muchísimo tiempo.
Benavides se reconoce como un veterano de los movimientos huelguísticos, después de ser diputado en la legislatura 2002-2006, ministro de la Presidencia de Laura Chinchilla y ahora, nuevamente, congresista.
En esa línea, manifestó que, desde su punto de vista, “han sido muchos años en los que ha visto desde la Administración Pública los efectos del abuso del derecho de huelga y del derecho a la manifestación”, los cuales dijo haber observado desarrollarse “en formas prohibidas, pero que se alentaron en su momento como si fueran válidas”.
“Ha habido una manipulación perversa de los derechos a la manifestación, a la protesta y a la huelga, que son tres cosas diferentes y que le permitieron a algunos grupos le impidieran al país avanzar en muchos campos en los que se pudo haber avanzado si la demoocracia hubiese sido fluida. Algunos grupos, en una calle o en una carretera, amedrentaron a tomadores de decisiones y en huelgas injustas, dejando tirados a enfermos, lograron frenar el avance del país o recetarse prebendas que de otras formas no habrían logrado conseguir (…) por eso este es muy significativo para mí, es un día que me resulta muy especial”, subrayó.
Antes, en atención directa a la prensa, había agradecido a los diputados que votaron positivamente el proyecto, una amplia mayoría que incluyó a partidos que “antes no habrían impulsado algo por el estilo”.
Al respecto, celebró que fuera “una votación absolutamente contundente de 40 diputados, una cifra de más de dos terceras partes de este Congreso”.
Así habla el diputado del @plncr, presidente del Congreso y principal propulsor del proyecto de huelgas, @CRBenavidesJ, tras la aprobación de su iniciativa (por un amplio margen) en primer debate. @SemanarioU pic.twitter.com/FokweB4tNM
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) September 4, 2019
