Los diputados de la República nombraron la mañana de este miércoles a Catalina Crespo Sancho —una psicóloga con estudios en Educación y Sociología Educativa de 44 años— como nueva Defensora de los Habitantes, una plaza que se encontraba vacante desde marzo pasado, tras la salida de Montserrat Solano, anterior propietaria.
Crespo era la principal recomendada por la Comisión de Nombramientos del Congreso y actualmente trabajaba en el Banco Mundial, en Washington, donde dijo liderar proyectos contra la violencia y a favor de poblaciones jóvenes y de mujeres.
Además de Crespo, componían la terna de recomendaciones hecha por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea las abogadas CynthIa Zapata y Tatiana Mora. No obstante, más candidatos recibieron el respaldo de diputados.
Crespo —calificada por muchos como la favorita del sector más conservador del Congreso— sumó 33 votos, cinco más de los necesarios; y le siguieron Cynthia Zapata con 10 papeletas, Angie Cruickshank con siete, Pablo Barahona con dos y Katya Rodríguez con uno.
A Crespo la habrían elegido en conjunto los diputados del PLN, del PUSC y del bloque independiente Nueva República; pues Angie Cruichsnk era la favorita de Restauración Nacional (PRN) y Cynthia Zapata la del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La terna de recomendaciones no era vinculante; por lo que cada congresista podía votar por cualquiera de todos los candidatos postulados.
En la votación participaron 53 de 54 diputados presentes, pues el restauracionista Eduardo Newton Cruickshanck no quiso entrar a la sala, tomando en consideración que una de las candidatas al puesto era su sobrina, la activista Angie Cruickshank.
La candidatura de Cruickshank, sin embargo, había metido algo de ruido a la elección no por su parentesco con el diputado sino por su relación con el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya fracción decidió no votar por ella, a pesar de que la cúpula del partido les pedía lo contrario.
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Finalmente, se desconoce si Angie Cruickshank recibió o no algún voto liberacionista porque la votación es secreta; sin embargo, la versión oficial de la bancada del PLN fue que respetarían el acuerdo que tomaron a lo interno de votar según lo recomendado por la comisión de Nombramientos, que preside la legisladora Ana Lucía Delgado.
En su camino a la Defensoría, Catalina Crespo —la nueva defensora— destacó también su experiencia en otros organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde dijo haberse enfocado en la atención de comunidades vulnerables por el cambio climático.
En Costa Rica, Crespo destacó su papel como miembro fundadora de una organización llamada Dale Una Mano a Limón, creada para trabajar con jóvenes de la provincia; al tiempo que también mencionó su apoyo a entidades nacionales como la Asociación Obras del Espíritu Santo y la Fundación Monge para la consecución de fondos y otras fuentes de financiamiento.
Sobre su nueva función, Crespo había señalado en entrevista con UNIVERSIDAD que se enfocaría en la “prevención de los abusos de los Derechos Humanos” y que coordinaría con otras instituciones para atender a las poblaciones más vulnerables, tomando en cuenta las condiciones fiscales del país.
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Criticada por el oficialismo
El nombramiento de Crespo no se eximió de la polémica. La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) comunicó desde este martes que no apoyaría a Crespo, a través de un pronunciamiento en el que le achacaron cuatro faltas cometidas.
Según los oficialistas, la entonces candidata había demostrado desconocimiento del sector público en sus audiencias, algo que calificaron como “contraproducente en esta posición, para no dejar en indefensión a ninguna persona”.
Además, indicaron que existían dudas razonables sobre sus posicionamientos en materia de Derechos Humanos, pues sus palabras “no habían sido claras en relación con varios temas de mayor relevancia”.
Así mismo, argumentaron que Crespo realizó una campaña en la que explotó imágenes de poblaciones vulnerables de forma “irrespetuosa” y que, como último reproche, la nueva defensora había desarrollado un lobby que “traspasó los límites”, con “acercamientos y mensajes que estarían rozando la independencia que debían tener como legisladores”.
Todos estos descontentos los dejaron también en evidencia en la sesión de este miércoles, donde los diputados oficialistas hablaron sobre la Defensoría como un espacio que debía ser ocupado por personas con otro tipo de perfiles.
“Nosotros analizamos rigurosamente las candidaturas y anunciamos ayer que decidimos descartar la candidatura de la señora Catalina Crespo Sancho (…) Las posiciones que ha dado no han sido claras, yo he escuchado posiciones para satisfacer a unos y posiciones para satisfacer a otros, yo ya no sé ni cuál posición creerle porque las he escuchado todas”, señaló Enrique Sánchez, quien además es presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos.
Además, apuntó que en el PAC “molestó particularmente la campaña que hizo la señora Crespo, utilizando imágenes de personas vulnerables, aprovechándose de personas en condición de vulnerabilidad, a través de imágenes, fotos y vídeos”. “Poco le faltó para hacer un spot televisivo lastimero de época navideña provocando lástima y vulnerabilizando a las personas en pobreza”, subrayó.
Posiciones escuetas
Entre las posiciones que recriminó el oficialismo estuvo la que tomó en relación con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, concpeto que incluye temas como el aborto terapéutico.
Al respecto, Crespo había señalado a este medio que son materias “muy complejas y de mucha polarización”, por lo que su posición es que “deberíamos evitar su instrumentalización política, de cualquier signo, y analizarlo desde el ángulo del respeto a lo que piensan las mujeres de Costa Rica”.
Este tipo de observaciones fueron además apreciadas por algunos diputados como una “relativización cultural” de los Derechos Humanos, los cuales no deberían apegarse a opiniones legales, religiosas o de cualquier otro corte.
En esa línea, Crespo más bien había manifestado que el rol de la Defensoría era simplemente “contribuir en conocer a fondo la posición de las mujeres que habitan en Costa Rica sobre el tema y canalizar esa información hacia la Asamblea Legislativa, para que pueda informar sus decisiones”.
Además, había señalado que “nadie está por encima de la Ley” y que “el Congreso debe legislar”, por lo que ella “como Defensora, y respetuosa del Estado de Derecho, acataría y respetaría la Ley”.
No obstante, también enfatizó que, “cuando hubiera cualquier aspecto que amenazara los derechos humanos, no le temblaría el pulso para meter mano y hacer lo que corresponda”, una ambigüedad que disgustó a la minoría progresista del Congreso.
