Una mayoría de siete diputados aprobó archivar una investigación legislativa contra el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, por eventos ocurridos en el 2019.
El informe fue presentado por la Comisión de Ingreso y Gasto, este jueves, y asegura “Que no se puede comprobar una irregularidad en la aplicación de Ley N. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el acuerdo firmado por las autoridades de la CCSS y los sindicatos” en febrero de ese mismo año.
El acuerdo determinó mantener las anualidades de los trabajadores de la CCSS como estaban antes de la reforma fiscal y calcular las anualidades de los nuevos trabajadores con “un monto nominal fijo, con base a la escala salarial de enero 2018”
“Estoy convencido de que don Román no tuvo culpa en eso. Me queda claro que fue un acuerdo entre el Poder ejecutivo y los sindicatos. A don Román le cayó todo el problema encima, pero hubo actores de Gobierno central que tuvo más protagonismo que don Román”, aseguró a UNIVERSIDAD el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano.
Vargas lideró el criterio mayoritario en la reunión de la Comisión y advirtió que la Comisión se interesó específicamente por indagar en las acciones de Macaya “y no otros funcionarios”, incluida la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
“El problema, el error de la Comisión es que en el momento que decidimos abrir la investigación, nada más se planteó que se le hiciera al Presidente de la Caja, debimos hacerla más amplia”, dijo Vargas, que recuerda que la oficialista Paola Vega sí hizo la petición de ampliar el espectro de investigación.
No obstante, el consenso mayoritario cuenta con otra interpretación de la investigación, redactada en un informe de minoría que firman los diputados liberacionistas Yorleni León y Carlos Ricardo Benavides (quien estuvo ausente de la votación del jueves).
Ambos recomiendan que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y el Colegio de Abogados profundicen en el expediente, según explicó León a este semanario.
La meta sería determinar “si las actuaciones de (Román) Macaya, la Ministra de Planificación y el Ministro de la Presidencia constituyen algún tipo de responsabilidad en perjuicio de la Hacienda pública”.
“La interpretación de la justificación es que era más importante salvar vidas, que nadie lo pone en tela de dudas… Pero esa intención permitía poder brincar o poder dejar de lado lo que está en la ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas”, explicó la diputada León.
“Hay una actuación en contra de una ley, indistintamente de si es la CCSS, el ICE, o un municipalidad. Actuar en contra de la ley, tiene que tener repercusiones”, mantiene la liberacionista.
Para León, la autoridades Ejecutivas desvían la aplicación de la reforma fiscal según les conviene.
“Cada vez que el Gobierno está en un momento de la verdad, que tiene que demostrar si está o no está al lado de la apuesta país que se llama reforma fiscal, el Gobierno termina apartándose.
Pese a que la investigación contra el presidente de la CCSS fue archivada, el diputado Vargas Víquez afirma que la Comisión tiene “buen ambiente para abrir una investigación a doña Pilar Garrido”.
“Don Román, todo lo que dijo era cierto, lo corroboramos. Efectivamente, él fue cristalino y transparente”, afirmó Vargas.
“Doña Pilar llegó a mentir a la Comisión, se lo digo de forma categórica. Ella se quitó y mintió diciendo que había participado en una o dos reuniones, y había tenido protagonismo enorme”, dijo Vargas a este semanario.
De acuerdo con el diputado, la Comisión de Ingreso y Gasto no ha estudiado aún el contenido del informe de minoría. Este informe se presentó justamente el jueves, antes de votar la posición mayoritaria.
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