“El futuro lo vemos como una crisis fatal, nuestros nietos no van a llegar a ver el pescado, será muy duro”.
Sin tapujos la pescadora artesanal Miriam Vargas, presidenta de la Asociación de Pescadores de Playa Bejuco, en Guanacaste, se refirió a la realidad que enfrenta el sector, ante el empuje voraz de la pesca ilegal.
Vargas especificó que “lo que más afecta” es la pesca de arrastre. “Estamos como estamos por el arrastre, los barcos cuando hay un poco de pescado nos dejan sin nada. Los buzos aparecen por épocas, pero el arrastre es permanente, el barco está ahí sin importar el clima”.
El término de pesca ilegal se refiere tanto a la pesca sin permisos, que recurre a técnicas prohibidas, o bien que irrespeta los periodos de veda establecidos para zonas específicas.
La pescadora expresó que hoy en día se tiene que trabajar con más líneas y durante más tiempo para sacar menos pescado que años atrás. “Antes para mayo sacábamos 50 o 60 kilos de pargo, pero desde hace meses no sabemos nada del pargo, no hay nada”.
“AL BORDE DEL COLAPSO”
Para Erick Ross, biólogo de la Fundación MarViva, “no es ningún secreto” que en Costa Rica la situación está “bastante mal”, pues según dijo incluso evaluaciones del propio Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) han determinado que el golfo de Nicoya está “al borde de colapso”.
Sin embargo, antes de profundizar en la situación local, Ross llamó la atención a que en el ámbito global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha evaluado poblaciones de peces, crustáceos y otras especies sujetas a pesquerías, es decir, cualquier especie sujeta a explotación comercial, como el atún, el tiburón, el pepino de mar, la langosta o la piangua.
Según dijo, esa institución determinó que el 57% de las pesquerías ya no aguanta mayor extracción, mientras que se da una sobreexplotación en el 30%.
El científico explicó que las poblaciones de peces tienen capacidad para reponerse de incidentes de muerte natural como la depredación o eventos en la naturaleza. De igual manera, si se pescan aguantan cierto nivel de extracción y pueden recuperase.
Así, detalló el concepto del rendimiento máximo sostenible, el cual se refiere al porcentaje de una población que se puede extraer con posibilidad de que esa población se recupere. “Si la extracción excede ese rendimiento máximo sostenible, la especie empieza a decrecer, en el largo plazo puede llevar a la extinción”, apuntó.
Al referirse a la situación nacional, Ross subrayó que especies como las corvinas y pargos requieren “un respiro”, que se les puede dar a través de medidas como la reconsideración de tallas mínimas para pescar o más vedas, pues su explotación afecta su capacidad de recuperarse, así como a los pescadores porque encuentran menos peces. “Debe haber un balance para que la extracción sea sostenible”, enfatizó.
La Fundación MarViva lleva tres años de trabajo en el Proyecto de Fortalecimiento del Control y la Vigilancia para Reducir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en el Pacífico Este Tropical, conocido como Proyecto Puertos.
Según se informó, no solo han logrado colaborar con insumos y capacitaciones para funcionarios, así como mejorar la calidad de la información disponible, sino que han trabajado con comunidades pesqueras en el Pacífico Norte y Central, lo cual incluye poblaciones del Golfo de Nicoya.
Ross se refirió al impacto de la pesca ilegal y afirmó que es “una de las preocupaciones más
grandes de los pescadores artesanales”, pues “deja sin comida a quienes pescan responsablemente”.
Expresó que en la zona del golfo de Nicoya los pescadores ilegales recurren al llamado arrastre artesanal y al cerco con trasmallo.
Según explicó, el arrastre artesanal consiste en una red de arrastre pequeña, amarrada a pangas que la pasan por los fondos lodosos en el golfo de Nicoya, sitios antes vírgenes en donde se captura camarón que es alimento de corvinas y robalos.
Esa práctica “destruye el fondo marino, así como las especies que buscan los pescadores artesanales. Además, pescan buena cantidad de corvina aguada o reina que se desecha por no ser de tamaño comercial”.
El otro tipo de pesca ilegal, el cerco, “ha hecho mucho daño en el golfo”, ya que se enfoca en la corvina aguada durante su época de reproducción. El científico informó que algunos pescadores han reportado hasta dos mil kilos de corvina aguada en un solo encierro.
Añadió que buena parte de la captura, en algunos casos toda, se pierde por las malas condiciones para la manutención y transporte del producto que tienen esas embarcaciones.
Ante la pregunta de si lo que se gana con la veda se pierde con pesca ilegal, el científico contestó “así es”.
El biólogo además informó que durante los periodos de veda los pescadores reportan “en muchas comunidades” que, a pesar de esa medida, hay “recibidores” a los que llega pescado, “no se sabe si proviene de una zona vedada, pero podría ser controlado fácilmente, no hace falta salir al mar, es algo que pide el pescador artesanal”.
IMPUNIDAD
Desde el Ministerio de Seguridad Pública se enviaron datos del Servicio Nacional de Guardacostas, según los cuales del 2010 al 2015 se realizaron 16.281 “acciones operativas en pesca ilegal”, mediante las cuales se decomisaron trasmallos, atarrayas, y en algunos casos se hallaron delfines o tortugas marinas.
Según esos datos, se decomisaron más de 6.800 huevos de tortuga.
Sin embargo, Adrián Arias, director de Proyectos para América Latina y el Caribe de la organización Oceans5, cuestionó el término de “acciones contra la pesca ilegal”, pues el problema “no se resuelve con detener embarcaciones y hacer patrullajes”, ya que ello constituye solo “la parte inicial de lo que se conoce como la cadena de coacción”, la cual incluye el eventual enjuiciamiento y la condena de las personas involucradas.
Arias, fue enfático en que se requiere de más acción institucional, “más recursos para tratar la pesca ilegal, personal más capacitado, legislación clara, que incluya sanciones, y mejores procesos”.
El especialista además subrayó la importancia de recopilar información de cada caso para comprender mejor en qué se falla.
Así, hizo referencia a un estudio realizado por él mismo en compañía de otros expertos titulado “Optimizando la coacción y el cumplimiento en áreas marinas protegidas oceánicas: el caso del Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica” (disponible en http://dx.doi.org/10.1017/S0030605314000337).
Detalló que ese estudio halló que “muy pocos casos de pesca ilegal llegan a juicio y a condena; esta es la razón principal del problema de pesca ilegal en la Isla, los pescadores ilegales siguen en el juego, y es la frustración de los guardaparques porque los tienen que ver rompiendo las reglas continuamente”.
Silencio institucional
Desde el martes 3 mayo se buscó en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) información sobre la magnitud del problema, así como la posibilidad de que se refiriera al respecto el viceministro de Aguas y Mares, Fernando Mora. Sin embargo, a través del departamento de prensa institucional, ese Viceministerio remitió la consulta al Incopesca.
Por correo electrónico se le enviaron el jueves 5 de mayo varias preguntas sobre el tema a Gustavo Meneses, el sacerdote presidente ejecutivo de ese Instituto, quien respondió que al día siguiente se recibirían las respuestas “de parte de las instancias pertinentes de la institución”.
El lunes 9 de mayo, al cierre de edición, aún no habían llegado las respuestas de Meneses. Se le llamó a su despacho, pero nadie atendió.
Las preguntas enviadas a Meneses fueron las siguientes:
¿Qué datos maneja Incopesca sobre la dimensión del problema (de la pesca ilegal)?
¿Qué tan agobiante es el problema de la sobreexplotación del recurso pesquero en Costa Rica?
El Servicio Nacional de Guardacostas informa que entre el 2010 y el 2015 realizó más de 16.200 operaciones contra la pesca ilegal. ¿Más allá de la acción policial, qué tipo de medidas se emprenden desde Incopesca para disminuir la magnitud de la pesca ilegal, no declarada y no reportada?
Se ha dicho que hay recibidores que aceptan pescado durante la época de veda, sin que haya claridad de que el producto no proviene de una zona en la que está vigente esa medida. ¿Cuenta el Incopesca con los recursos para ejercer un mejor control de esta práctica?
