Un grupo de 55 organizaciones relacionadas con la protección de derechos de personas con discapacidad y 81 personas independientes, cuestionaron una reforma de ley que pretende ampliar el periodo de vida útil de los autobuses de transporte público de 15 a 20 años después de su fabricación, pues aseguran que nunca fueron consultados sobre este cambio.
A raíz de la reciente aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos del proyecto de ley No 22.530, para la Protección del sector autobusero nacional, la cual modificaría del artículo 46 bis de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, este grupo dirigió una carta a todos los legisladores del Congreso.
“Dicha ley fue creada en el año 1996, por lo que el sector empresarial autobusero ha contado con 26 años para garantizar condiciones de accesibilidad adecuadas en los autobuses, sin embargo, a la fecha aún seguimos esperando que estas disposiciones se cumplan a cabalidad, por lo que solicitar una nueva prórroga en la vida útil de los autobuses sin verificar el estado actual de estas unidades atenta contra nuestros derechos”, señalaron las organizaciones en su carta dirigida a los legisladores.
En la nota aseguran que la reforma dictaminada en Comisión violenta la legislación nacional e internacional, ya que propone una modificación jurídica que afecta directamente a la población con discapacidad de todo el país, mucha de la cual depende del servicio público de autobuses para acceder a servicios básicos y oportunidades.
“Sin embargo, durante el trámite legislativo de esta iniciativa se han obviado las disposiciones nacionales e internacionales que acuerpan a las personas con discapacidad, ya que no se ha realizado una consulta amplia y estrecha a las organizaciones de personas en situación de discapacidad por parte de quienes impulsan este proyecto para proteger al sector empresarial de autobuses”, señalan en la misiva enviada.
Frente a esta situación, las organizaciones están realizando una serie de valoraciones para hacer las consultas a la Sala Constitucional y otras instancias nacionales e internacionales, y señalan a los diputados de la comisión por faltar a su deber, al no consultar con el sector.
Asimismo, aseguran que el proyecto no establece ningún criterio técnico que garantice el buen funcionamiento de los autobuses por 5 años más, ya Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que la reforma no se basa en estudios técnicos que sustenten la modificación; y hacen un llamado para que rechacen este proyecto.