Varias decenas de personas vinculadas a la academia y al Partido Acción Ciudadana (PAC) suscribieron una misiva dirigida al Presidente de la República en la que le solicitan a él y a la fracción legislativa oficialista excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
El comunicado, dado a conocer este viernes 26 de febrero, alerta sobre los riesgos de afectar la autonomía universitaria en un contexto en que el las corrientes de pensamiento conservadoras “han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura”.
“Los avances del pensamiento retrógrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público”, indica la carta.
Entre las personas firmentes figuran la exministra de Planificación, Olga Marta Sánchez; la exrectora de la UCR, Yamileth González; el exrector de la UNA, Alberto Salom; la exviceministra de Educación, Alicia Vargas y el exviceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez.
En el texto, aseguran que el artículo 84 de la constitución se recoge “una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político”, pues otorga a las universidades públicas independencia para desempeñar sus funciones y capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, darse su organización y gobierno propio.
“Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política”, afirman. y agregan que la propuesta de Ley Marco de Empleo Público es “esencialmente fiscalista” pues refleja interés alguno en el valor público que deben generar las instituciones estatales.
La verdadera intención del proyecto de ley, indican, no es otra que la reducción del gasto público a través de los salarios para paliar la crisis fiscal, según sus propios promotores y propagandistas. “Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado”.
Al mismo tiempo, señalan que estas mismos sectores se esfuerzan en ocultar “que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales”.
Avanzar en una ruta de satanización de lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas presenta un riesgo real, según el grupo, la amenaza de poco a poco las “fuerzas del conservadurismo y la privatización” debiliten las conquistas que “todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente”.
“La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes”, concluyen.
