Varias decenas de personas trabajadoras de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación suscribieron una nota entregada al Consejo Directivo de la institución ayer 15 de febrero, solicitando la renuncia en pleno a los cinco miembros que lo integran.
Dicho Consejo está integrado, según su ley constitutiva, por la Ministra de Educación Pública o su representante, quien lo preside, además de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica o su representante, a Ministra de Trabajo y Seguridad Social o su representante, una persona representante del Banco Central de Costa Rica y una del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit).
En días pasados, dicho Consejo se pronunció, tras semanas de silencio y a solicitud del diputado liberacionista Daniel Ulate, sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de vender la cartera de CONAPE. En dicho pronunciamiento, el órgano manifestó que los sectores que participaron en la Mesa de Dialogo Multisectorial, consideraron que la venta de esta cartera de crédito es una alternativa que coadyuva con el déficit fiscal y que “desde esa perspectiva, este Consejo Directivo, hasta el momento no tiene objeción sobre dicho acuerdo”.
En un video en sus redes sociales el diputado Ulate lamentó la postura del Consejo y señaló que “asusta” que estos directivos, “en lugar de defender los recursos financieros” defiendan los intereses de un “gobierno sin rumbo y que quiere sacar al país adelante a costa de las personas más pulseadoras”. El legislador indicó que deberían avergonzarse por la afectación que sufrirán miles de personas ante el cierre técnico de Conape.
El grupo de funcionarios se refirió a dicho pronunciamiento y señaló que es obligación de los directivos “conforme lo establece el artículo 3, de la Ley de Creación No. 6041, velar por la realización de los fines de la Institución, por lo que la posición comunicada a través de la nota enviada al diputado Ulate Valenciano es contraria al mandato consignado en la norma que rige nuestra razón de ser y atenta también contra el espíritu de esta noble Institución”.
Los funcionarios indicaron que no comprenden ni aceptan que la posición del consejo sea “plegarse a la nefasta propuesta del Poder Ejecutivo” y en consecuencia solicitan “la renuncia inmediata y en pleno de los cinco miembros del Consejo Directivo de Conape”.
Julio Alvarado, empleado de la entidad y representante del “Movimiento por la defensa de Conape” comentó que el consejo directivo está llamado a velar por el cumplimiento de los fines de la institución y procurar su fortalecimiento, pero que a pesar de las posibles consecuencias negativas que generará la venta de la cartera, el grupo ha afirmado que si la propuesta llegara a la Asamblea Legislativa “se plegarían a la posición del Ejecutivo”.
“Los funcionarios somos más concientes de la necesidad de los estudiantes, que sin Conape no podrían acceder a su derecho a la educación”, dijo Alvarado. “En vez de debilitar la entidad deberían fortalecerla para apoyar a las personas cuya única alternativa para garantizarse sostenimiento y seguir estudiando es esta”.
“Está claro que no en el gobierno central no hay una visión de estado social de derecho, por eso no se percatan que Conape más bien puede ayudar a contener la crisis en que nos encontramos y asegurar que cuando la economía vuelva a la normalidad haya profesionales preparados, dispuestos a insertarse exitosamente en el mercado laboral”, agregó.
El funcionario aseveró que no sorprende la posición del Consejo, pues este tiene una representación mayoritaria de oficiales de gobierno, directamente vinculados al Ejecutivo. “Permitir que el Ejecutivo tenga tantísimo peso en las decisiones de una entidad como esta es un error historico que eventualmente habrá que corregir”, indicó.
A finales de noviembre del 2020, el Secretario Ejecutivo de la entidad, Efraín Miranda, alertó sobre las graves afectaciones para la institución y sus clientes que podría generar la venta de la cartera. Reducciones en el monto disponible para préstamos y en la cantidad de personas beneficiadas, aumentos en las tasas de interés y cambios en las condiciones de los préstamos que se encuentran activos son algunas de las proyecciones que realiza la entidad.
Miranda explicó que la entidad es solvente, no tiene pasivos y cuenta con una tasa de morosidad saludable. Con una cartera de cerca de $400 millones y 77 funcionarios, la institución es eficiente aún por las mediciones de Sugef.