Las explicaciones del gerente y exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR) sobre un crédito de $30 millones, otorgado en el 2014 a la Compañía Inversionista Las Brisas, no despejaron del todo las dudas en la comisión legislativa que investiga millonarios créditos de la banca estatal. Estas investigaciones se llevan a cabo por sospechas de tráfico de influencias políticas.
La discusión sobre el crédito del BCR provoca recordar publicaciones de prensa que, una década atrás, ventilaron sospechas de influencia política en el préstamo de $30 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorgó a Las Brisas para la construcción de la Zona Franca Parque Industrial Hacienda San Rafael, en Desamparados.
El crédito fue firmado por el empresario Alfredo Ortuño, entonces director y representante de Costa Rica en esa entidad bancaria regional, y por su primo hermano Gaspar Ortuño, presidente de Las Brisas. En declaraciones a la prensa, ambos negaron que el parentesco había mediado para la concesión del crédito (ver recuadro).
En el 2010 el BCR le otorgó un préstamo de $23,5 millones a Las Brisas para ampliar instalaciones y pagar deudas de los bancos privados Improsa (ligado a la familia Ortuño), Lafisse y Bancentro. La empresa entró en mora en el pago de ese préstamo luego de que tuvo problemas de liquidez, agravados porque un acreedor le embargó el flujo de ingreso.
Ante esa situación, el BCR le concedió un préstamo provisional de $1,7 millones para que liberara el embargo y los recursos ingresaran para el pago de la obligación con el banco. Para el 2014 le aprobó otro crédito por $30 millones, que se destinaron a pagar a proveedores y refinanciar el crédito moroso de $23,5 millones.
En esas negociaciones Alfredo Ortuño participó como asesor de Gaspar Ortuño, según relató a los diputados de la comisión Mario Rivera, quien en ese tiempo era el gerente del BCR.
Eduardo Ramírez, actual gerente interino del BCR, aseguró que la empresa está al día con la operación crediticia y que el saldo de la deuda es de $27,8 millones.
“Desde el 2014 está a cero días (sin atraso) y en el seguimiento (de la operación) hemos encontrado algunas discrepancias con algunas cláusulas que deben cumplirse de una manera diferente, y ya se han establecido plazos para que se corrijan”, acotó Ramírez.
Luego, algunos diputados expresaron dudas y disposición de continuar la investigación sobre las condiciones en que se concedió el préstamo a una empresa que, en aquel momento, estaba morosa.
Luego de oir a los comparecientes decir que la operación de Las Brisas está al día, que hay garantías suficientes, que no hay litigios con la empresa y que lo que hay es un contencioso de personas privadas que cobran deudas a la empresa, el diputado oficialista Ottón Solís (Partido Acción Ciudadana) cuestionó cuál es el interés de la comisión en este caso, si es un pleito entre personas privadas en el cual los diputados no deben meterse.
Además, consideró que, a diferencia del “cementazo” (cuestionado préstamo del BCR de más $40 millones para el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños), en el que no había investigación judicial y la comisión destapó una serie de irregularidades que ahora están bajo investigación de la Fiscalía, en este caso los temas ya están judicializados y es poco lo que la comisión puede aportar.
Sin embargo, la diputada Patricia Mora (Frente Amplio) discrepó diciendo que aunque efectivamente la comisión no tiene las herramientas ni puede hacer allanamientos como el Ministerio Público, y que aunque no tiene que meterse en un pleito entre personas privadas, sí ha podido poner en evidencia cómo se tejen marañas de influencias políticas. Específicamente en las que apellidos de peso como los Ortuño, Yankelewitz y otros conectados a cúpulas políticas tienen abiertas las puertas de los bancos, para que les financien el pago de deudas; muy diferente a la suerte de los productores de frijoles, que no tienen quién les financie para pagar las suyas.
“La comisión no tiene qué hacer en el litigio entre personas privadas, pero en la parte que tiene que ver con la limpieza y la gestión de riesgo de la banca pública sí nos vamos, por supuesto, a terminar de enterarnos cómo es”, expresó Mora. Ella además dijo que habrá que llamar a nueva audiencia a personas que han sido protagonistas en los casos investigados, para que expliquen.
Los diputados Julio Rojas (Liberación Nacional) y Rafael Ortiz (Unidad Socialcristiana) también expresaron dudas sobre las acciones llevadas a cabo para la concesión del préstamo y el manejo del fideicomiso de garantía que administra Scotiabank.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes abrió una investigación penal a raíz de una denuncia presentada en enero del 2017 por Arquitectura e Ingeniería S.A. (AISA). Esta empresa estuvo a cargo de los planos y la construcción del parque industrial.
La empresa reclama a Las Brisas el pago de más de $10 millones, y alega que a pesar de ser el mayor acreedor no fue incluida para el pago de deudas con el crédito. Esto pese a que los bancos fueron advertidos por AISA de que legalmente no podían constituir el fideicomiso de garantía del crédito si no la incluían como parte de los acreedores a pagar con el préstamo.
Además en el 2013 AISA presentó en los tribunales un contencioso donde plantea que el fraude de acreedores habría sido el móvil del préstamo, porque en el pago no fueron considerados todos los acreedores, incluso AISA, a pesar de que le advirtió al Banco que tenía un crédito de más de $10 millones. La audiencia de ese juicio fue suspendida desde hace dos años para pedir documentación que debían aportar los bancos.
El abogado de AISA, Jorge Mario Marín, señaló como una irregularidad que en el contrato se incluyera una cláusula que permitió que el dueño de Las Brisas continuara recibiendo y administrando los flujos de ingresos del parque por alquiler de bodegas y equipos. Añadió que esos ingresos debían entrar al fideicomiso, ya que en esta figura, tal y como está legalmente establecida, esos recursos son la garantía del pago de las cuotas del préstamo.
En este caso, la prueba de que los flujos no entraron al fideicomiso es que fueron embargados por un acreedor de Las Brisas, lo cual no se hubiera podido si esos recursos hubieran sido propiedad del fideicomiso y no de la compañía, anotó el abogado.
Se quiso conocer la posición sobre el caso de Federico Campos, abogado de Gaspar Ortuño, pero no contestó los mensajes que se le dejaron con su secretaria.