Los 2,9 millones de personas trabajadoras afiliadas al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) recibieron estados de cuenta negativos desde el primer trimestre de este año, en distintos niveles de afectación, según el porcentaje de inversión en el extranjero de cada operadora. Así lo fue desnudando la investigación de este Semanario.
Un último hallazgo fue que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) emitió una normativa desde el 2021 para que las operadoras presenten resúmenes semestrales de los rendimientos en los estados de cuenta mensuales. Ahora, solamente Vida Plena del Magisterio Nacional y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS-OPC) detallan mes por mes qué ocurre con los ahorros. Quienes cayeron en cuenta de las pérdidas de sus fondos de pensiones, hasta toparse con titulares en medios, fueron parte de un diseño que permitió la desinformación y la apatía de la ciudadanía.
“El trabajo que UNIVERSIDAD y algunos compañeros logramos hacer durante el año 2022 fue dejar claro las vulnerabilidades de nuestro sistema de pensiones y en particular la vulnerabilidad del ROP. Logramos despertar en la agenda nacional un tema que, de no haber sido por el esfuerzo sistemático de investigación y análisis que se hizo, hubiese pasado inadvertido. Hubiéramos sido cómplices de lo que se estaba dando. El haber advertido a las operadoras y el SUPEN el control social que la prensa y las universidades ejercen sobre ellas fortalece los procesos de regulación. No van a ser los mismos después de este año”, aseguró el economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica de la Universidad Nacional (CINPE-UNA), Leiner Vargas.
Vargas señala que, pese a que aún la comunicación con el público es hermética, “han habido importantes llamadas de atención de sus juntas directivas y de las organizaciones a las que representan”.
“Si bien es cierto, hemos tenido pérdidas económicas cuantiosas, hoy por hoy somos un país donde el problema ha calado. Probablemente, hemos logrado evitar que continuara el sangrado de los fondos y que las decisiones de esta segunda mitad del año y, sobre todo, las decisiones hacia el 2023 sean más cuidadosas”, dijo también el investigador.
Las operadoras —especialmente Popular Pensiones, que administra casi 40% de todo el ROP invertido, más de ₡3,5 billones—, justifican los rendimientos negativos por miles y millones de colones como “minusvalías” que se recuperarán en el tiempo. No obstante, las pérdidas reportadas probablemente no afecten a largo plazo a los trabajadores más jóvenes, pero sí a quienes se acogerán a su pensión en estos meses de incertidumbre. SUPEN inclusive varió el cálculo de rendimientos, para promediar tres años más en las rentas de las pensiones, para contrarrestar las vacas flacas con las ganancias de otros tiempos.
Tras el interés de la Asamblea Legislativa en las afectaciones de las pensiones, la audiencia de la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, dejó claro que el panorama es incierto porque se sale del control de las fronteras nacionales. Las pensiones se recuperarán, pero el dinero perdido no volverá.
Al mes de octubre, el ROP representa ₡9 billones, de los cuales ₡2,5 millones (un 28,13% de las pensiones complementarias) están en manos de operadores internacionales. Para el mes de septiembre, el que UNIVERSIDAD identificó como el más dramático para los fondos del ROP en el extranjero se redujeron 11,78% con respecto del mes anterior.
Investigación encontró casos extremos en el extranjero
Otros reportajes dieron cuenta de distintos conflictos que la supervisión deja de lado.
Por ejemplo, la inversión de ₡11 mil millones del ROP (de CCSS, Banco de Costa Rica y Vida Plena) en un conglomerado que tuvo que inhibirse de operar en Estados Unidos, después de que se declaró culpable de fraude este pasado mayo. SUPEN se desentiende del caso investigado por la justicia de ese país, pues el dinero tico está en “fondos mutuos que son administrados por Allianz Europa”.
En tres sociedades del gigantesco BlackRock, estrepitosamente golpeado por la invasión de Rusia a Ucrania (BlackRock era dueño de acciones en una empresa semiestatal de Rusia de transporte de hidrocarburos, por ejemplo), las operadoras invierten el 53% de todos los fondos internacionalizados. Además, con dicho ROP se financian empresas contaminantes y que van en contra de los derechos humanos, con actividades en minería, armas militares, químicas y nucleares.
La viabilidad de liquidar esas acciones es nula: terminaría concretando las “minusvalías”.
Una respuesta del BCR inclusive demuestra que, para las operadoras, ese riesgo ético es irrelevante. La SUPEN emitió una nueva disposición, que entrará a regir hasta el 2023 y únicamente les sugiere “establecer límites o prohibiciones para las inversiones que fomentan la fabricación de armamento o cualquier producto que pueda afectar negativamente a las personas y su entorno”.
Operadoras cambiaron precio del dólar
Pese a que el Reglamento de Gestión de Activos y el estilo de regulación de la SUPEN han dejado en manos de las operadoras un aparente libre albedrío, fue público que la crisis de este 2022 también les urgió a echar mano para evitar peores repercusiones con el dólar.
La inversión extranjera también se realizó para procurar rentabilidad a los fondos: entre más devaluado el colón, las pensiones reciben más rendimientos por diferencial cambiario.
El Banco Central prohibió, en marzo, que las operadoras compraran dólares en las ventanillas de los bancos para evitar subir el precio de la moneda. Aún así, para finales de junio, la venta alcanzó un histórico precio de ₡700 por dólar. Para noviembre, el dólar incluso ha fluctuado por debajo de los ₡600, mientras las operadoras abandonaron la presión de la moneda extranjera.
