Son diversas las organizaciones del sector agrícola que impulsan de nuevo un proyecto de ley que propone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) active al sector comprando la deuda a micro, pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos por medio de un fideicomiso que administre el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La propuesta, con algunos cambios, guarda gran similitud a una que presentó el sector durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y que fue “despedazada en la Asamblea”, recordó Jose Oviedo, secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG).
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica, miembros de la academia, del movimiento de economía social solidaria y de dirigentes campesinos también tiene raíces con otra propuesta por el exdiputado Célimo Guido 20 años atrás y que tampoco prosperó, apuntó Xinia López, presidenta del Movimiento Agropecuario Nacional (MANA).
López dijo que representantes de las organizaciones proponentes ya están en conversaciones en el plenario para la pronta presentación del proyecto, que también tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector agrícola ante el anuncio del Gobierno de iniciar el proceso de incorporación del país a la Alianza del Pacífico, al que estas organizaciones se oponen.
“Estamos tremendamente preocupados por la falta de diálogo de las autoridades del gobierno con el sector agro con respecto a la Alianza del Pacífico”, apuntó el experto en comercio internacional, Renzo Céspedes.
“Para los pequeños productores nunca ha habido este tipo de apoyo. En todos esos países grandes exportadores, como Estados Unidos, los agricultores tienen subsidios, tasas especiales y atención cuando pierden cosechas. Acá ni siquiera podemos acceder a Banca para el Desarrollo, no se puede competir con países así”, dijo López.
En la exposición de motivos las organizaciones alegan que la medida es necesaria ante la crisis alimentaria que acecha al mundo, que ha sido agravada por el conflicto bélico en Ucrania y a la que el país es vulnerable por su alta dependencia a la importación de alimentos.
Por ejemplo, Costa Rica importa el 91% de los frijoles, 99% del maíz y 69% del arroz que son granos base para comidas típicas como el casado, el pinto y el pozol. Esto significa que ante amenazas climáticas, por ser productos dependientes de agua y sensibles al clima, el país estaría en alto riesgo de desabastecimiento, explicó Javier Paniagua, investigador del Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA), consultado por este semanario.
Costa Rica está entre los países más dependientes de la importación de granos básicos
Son la base de platos típicos costarricenses como el gallo pinto y el pozol, pero en la actualidad provienen en su mayoría de otros países: se importan el 91% de los frijoles, 99% del maíz y 69% del arroz.
Las organizaciones también aseguran que con esta medida las personas agricultoras podrían enfrentar décadas de “programas de desestímulo a la producción agroalimentaria”, al tiempo que la banca privada se comporta como “un enemigo acérrimo del agricultor” al negarle acceso al crédito y ofreciéndoles condiciones “totalmente desfavorables que no guardan ninguna correlación con los ciclos de producción”.
Entre las organizaciones involucradas en el proyecto están la UNAG, MANA, la Arquidiócesis de San José, el Sindicato del Consejo Nacional de Producción (SINCONAPRO), la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS), la Cámara Nacional de micro, pequeños y medianos empresarios (Canamipyme), el Movimiento Rescate Nacional y la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usurarios (FENASCO).
