El dinero para sufragar las vigentes de 134 mil pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no bastará para 2022.
Para el periodo 2019-2020, el RNC contaba con ¢163.808 millones de presupuesto. El rubro bajó a ¢157.488 para 2021, por aplicación de la Regla Fiscal.
Para el 2022, contará con ¢160.471 millones: inclusive si es un monto más alto que el de este año, serán “recursos insuficientes”, según dijo la ministra de Trabajo, Silvia Lara, a la Comisión de Hacendarios, el 29 de setiembre.
Entre enero y el 31 de agosto de 2021 se han registrado 310 denuncias relacionadas con el Régimen no Contributivo. De estas, 189 denunciantes son personas adultas mayores y 121 son personas con alguna discapacidad.
El RNC representa el 26% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf): es la transferencia más grande de dicho fondo. La administración del dinero y la asignación de las pensiones es responsabilidad de la CCSS, la cual aprueba a las personas beneficiarias después de estudiar la información social del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Se trata de “un régimen asistencial orientado a proteger a todas aquellas personas que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato y no califican en alguno de los regímenes contributivos o no contributivos existentes”.
Durante la defensa del presupuesto del Fodesaf, Lara afirmó a los diputados que la CCSS operará el régimen “sin posibilidad de aumento de las personas beneficiarias”.
Las personas que reciben este tipo de ayuda social son personas adultas mayores sin pensión de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); personas en condición de invalidez física o mental; mujeres viudas en desamparo económico; personas huérfanas menores de 25 años de edad; y población indigente sin medios económicos para garantizar sus necesidades básicas.
Defensoría acusa “tramitología” en pensiones
De cara al 2022, la población más vulnerable es la que podría quedar desprotegida por la progresiva reducción en la inversión social del país. Una población sobre la cual la Defensoría de los Habitantes advirtió que no existe una caracterización fidedigna de su condición de pobreza en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube), desde junio pasado.
“Al momento en que las personas en condición de pobreza solicitan ser atendidos a través de los servicios de la CCSS, la información contenida en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) acredita una información distinta a la que presentan en la vida real las personas, de ahí que la CCSS solicite a las y los solicitantes una certificación del IMAS que indique la condición señalada por los interesados”, explica la comunicación oficial.
La misma investigación también detectó que esta “tramitología” redunda en que las personas solicitantes tienen que agotar la vía administrativa hasta llegar a las apelaciones.
La periodista de la Defensoría, Kalina Quirós, informó a este semanario que, entre enero y el 31 de agosto de 2021, se han registrado 310 denuncias relacionadas al RNC.
De estas, 189 denunciantes son personas adultas mayores y 121 son personas con alguna discapacidad.
