La del lunes pudo ser una elección que se extendiera hasta llegada la noche o que requiriera de cinco rondas de votación, pero esta vez no, contrario a lo que sucedió hace cuatro años. Esta vez, la Corte Plena necesitó solo una tanda de sufragios para mostrar que la mayoría estaba de acuerdo en quién debía ser el próximo jerarca del Poder Judicial.
Antes de las 4 p.m., el magistrado de la Sala de Casación Penal, Carlos Chinchilla, fue electo presidente de ese poder de la República con el voto de 17 de sus compañeros (77,2%).
VER NOTA RELACIONADA
En finca de empresarios, con chino y Coca Cola
Otros cuatro jueces de la Corte Plena hubiesen preferido para el cargo al magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, único oponente de Chinchilla. Y una persona más decidió no darle su voto a ninguno de ellos.
Los magistrados llegaron a un consenso rápidamente, como presagiaban los abrazos, las palmadas, las charlas discretas y los apretones de mano previos al inicio de la sesión. Un escenario que distó mucho del vivido en la elección anterior, en la que fue necesario el acuerdo de los dos contendores para colocar a Zarela Villanueva en la presidencia.
Desde aquel mayo del 2013, mucho y poco ha pasado. Varios magistrados se han jubilado, incluida Villanueva y su otrora contrincante, José Manuel Arroyo, quien luego ocupó la vicepresidencia de esa institución.
Las salidas de los altos funcionarios permitieron el lunes a cuatro suplentes tener injerencia en la elección de la cabeza del Poder Judicial.
El anuncio del ganador lo dio el también magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien ocupaba de forma interina la presidencia de la Corte.
De entrada, en los primeros discursos como presidente, el propio Chinchilla reconoció las divisiones que se han vivido en esta entidad debido a temas polémicos como la fragilidad del Fondo de Pensiones del Poder Judicial y los caminos para rescatarlo.
“En esto nosotros vamos a estar cercanos también, escuchando a los gremios del Poder Judicial, hace un tiempo pudimos estar separados, ahora mi función y obligación es juntarnos todos, en el buen sentido de la palabra, como Poder Judicial”, dijo segundos antes de añadir lo siguiente sobre las reformas que se plantean:
“No estamos opuestos a que se revisen, a que se hagan cambios, lo que queremos es que se respete el acuerdo de esperar el informe actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR)”.
Unidad, cohesión, diálogo… Fueron palabras que destacó con insistencia el magistrado en las presentaciones que realizó antes y después de ser electo.
Probablemente porque una de las lecciones mejor aprendidas por quienes han conformado la Corte Plena en los últimos cuatro años haya sido la que ahora su presidente sentencia de manera contundente: “Cuando uno se divide, pierde”.
El penalista
Chinchilla se define ahora como el magistrado “de todas las salas”, pero lo cierto es que lo suyo ha sido el derecho penal y de ello dan cuenta más de 30 años de carrera como juez de esa materia y los títulos de Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Ciencias Penales por la UCR y Licenciado en Derecho en esa misma casa de estudios.
Su materia predilecta también queda marcada en los proyectos que ha impulsado, como el que dio vida al procedimiento en la vía de flagrancia y, más recientemente, asuntos como la Ley de Extinción de Dominio (para quitar bienes de sin procedencia lícita probada u originados en narcotráfico y lavado de dinero), así como el plan que pretende agilizar los procesos judiciales y estipular plazos máximos de 11 meses.
Sobre ese último tema, Chinchilla admite que cambió de parecer sobre su posición inicial de eliminar la etapa intermedia del proceso porque con el proyecto de ley del diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, ya no sería necesario porque quedan fijados los plazos.
“Entonces no veo la necesidad de eliminar ninguna etapa, sino hacerlas eficientes, efectivas y obtener un tiempo muy reducido donde no se nos señale”, expresó en una breve conferencia de prensa.
El penalista, atento de las críticas que la opinión pública lanza al Poder Judicial (sobre las cuales reprocha que muchas veces la Corte no responde “nada”), es consciente de que asume el timón en medio de controversias por asuntos como la inexistencia de topes a las pensiones del Poder Judicial, lo cual ha permitido jubilaciones de casi ¢10 millones.
Al igual que en otros temas, dice estar receptivo al diálogo e incluso a los cambios. “No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, no. Creemos que es necesario modificarlo, pero modificarlo bajo parámetros científicos, los cuales vamos a aceptar, no los vamos a desconocer. Lo cual quiere decir que no es un gran tema de discusión o de choque o enfrentamiento”.
Tan dispuesto a escuchar a los diferentes actores se muestra en este momento el presidente de la Corte, que asegura que no le molestan las críticas por parte de miembros del Poder Ejecutivo –incluidas las del presidente de la República, Luis Guillermo Solís y las del ministro de Seguridad, Gustavo mata- hacia resoluciones de jueces.
No cree que sea una intromisión de un poder de la República a otro ni que se vaya a ver afectada la independencia judicial cuando estos funcionarios del Ejecutivo reprochan que los jueces “suelten” a los criminales que la Policía detiene.
Al contrario, considera que la independencia judicial no impide conversar con otros poderes y, por ello, próximamente, invitará al ministro de Seguridad a una reunión. “Va a ver que se resuelve”, pronostica, pero sin admitir que haya alguna diferencia.
Más bien, el juez penal es del criterio de que sus colegas deben “dar la cara” por sus resoluciones, pero aclara que no se trata de andarse justificando ante los medios de comunicación.
“Cuando digo: ‘los jueces dan la cara y están de frente’, es cuando resuelven. El juez se defiende por sus resoluciones. Y la resolución es la que habla de la actividad del juez. En los casos concretos, hay mecanismos para revisar esa resolución, y el mecanismo es la apelación. En algunos casos, la apelación ha dicho lo contrario que lo que ha dicho un juez penal; en otros casos la ha confirmado”.
“Cuando hay un asomo de un acto de corrupción y me llega a mí la información, yo soy el primero que va a proceder a activar todos los mecanismos necesarios establecidos en el Poder Judicial: por un lado Inspección Judicial, y si es un asunto muy grave tendrá que intervenir el Ministerio Público”.
Para empezar su gestión, Chinchilla tendrá una larga lista de tareas; entre ellas, el seguimiento al informe del Estado de la Justicia que reveló que la productividad del Poder Judicial disminuyó en los últimos 15 años pese a contar con más personal y más recursos económicos.
“Vamos a tomar nota, hay cosas que podemos mejorar, todo es perfectible”, responde tranquilo cuando se le pregunta su criterio sobre esos resultados.
Chinchilla inicia con el apoyo de la mayoría de sus compañeros magistrados, aunque un grupo parece aún más cercano que el resto, algunos incluso como el magistrado Celso Gamboa –de su misma Sala III- se atrevieron a susurrarle lo que debía responder a las preguntas que la prensa le lanzó durante la conferencia de prensa que ofreció al finalizar la votación.
“La Corte apostó por un cambio, la Corte votó por un cambio”, le sugirió en voz baja Gamboa al flamante Presidente de la Corte, quien decidió optar por sus propias palabras para elaborar esa respuesta.
