Cerca de $75 millones provenientes de 350 asociaciones solidaristas corren riesgo tras la intervención de Coopeservidores semanas atrás. Así lo denunció este martes la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecasppri).
De acuerdo con el asesor legal de la Federación, Gonzalo Madrigal, se trata de 350 asociaciones solidaristas, quienes confiaron los ahorros de los trabajadores solidaristas en esta cooperativa debido a su buena reputación y supuesta “salud financiera” y “estabilidad”.
“La realidad de la cooperativa: una cooperativa estable. (…) Pero resulta que luego nos indican que va a ser intervenida. Nos toma por sorpresa“, externó Madrigal.
El asesor agregó que, dentro del modelo solidarista, las diferentes asociaciones mantienen los recursos que reciben de sus asociados y de patronos en diversos instrumentos de inversión, entre ellos cooperativas, para posteriormente ser liquidados.
Esta cooperativa, precisamente, realizó una captación fuerte del sector solidarista utilizando una estrategia de rendimientos.
“No teníamos por qué dudar de la buena gestión administrativa y recientemente se han colado temas de no buenas prácticas administrativas de gobernanza en la cooperativa”, añadió.
El asesor legal de la Federación criticó la función de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual es la encargada de regular y vigilar a estas instancias.
“¿Por qué si estaba tan bien supervisada sucedió lo que pasó? ¿Por qué presuntamente falsearon información y nadie se dio cuenta? O si es cierto que ya habían señales desde el año pasado, ¿por qué no advirtieron? Nos queda un sinsabor en la actuación que hemos tenido porque no se ha actuado con información conocida”, mencionó.
Tras la intervención de esta cooperativa, Madrigal señaló que las asociaciones ya empezaron a ver las repercusiones, tales como la no generación de intereses en las inversiones, el congelamiento de los recursos colocados en esta cooperativa, y un deterioro de la imagen incluso de su imagen, que podría eventualmente provocar desafiliación.
“Estamos esperando que el interventor nos diga cuál va a ser el camino que va a seguir esta cooperativa”, añadió Madrigal, quien destacó que han pedido a las organizaciones y sus afiliados tener calma, acompañado en este proceso y recomendado que participen en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
“(…) Nos preocupa que esto se vuelva cíclico. Hemos tenido situaciones en los últimos años situaciones que todavía nos siguen golpeando”, externó.
Madrigal destacó que existe también gran responsabilidad en el Ministerio de Hacienda y de Trabajo, los cuales derogaron los alcances de la Ley N°9859, conocida como “Ley de Usura”, la cual exoneraba a organizaciones sociales sin fines de lucro en cuanto a la aplicación para rebajos de cuotas de afiliación y de créditos. Esto genera problemas en recaudación.
“Esto ya veníamos señalando que estaba provocando problemas para trabajadores que ya ni siquiera se podían mantener afiliados a la cooperativa porque no le podían hacer rebajos. Eso provoca un problema serio en el sector de organizaciones sociales porque volvió al trabajador de segunda o de tercera línea. Lo volvió cliente de los créditos gota gota. (…) Nuestra posición es que muchos de los créditos que hoy están en discusión en la cooperativa podrían ser créditos que tienen esa condición, que no se pueden recuperar porque no se pudieron hacer los rebajos”, finalizó.
Coopeservidores se encuentra intervenida desde el pasado 14 de mayo por “una gestión negligente” que pondría en riesgo la estabilidad económica de la cooperativa y, por ende, las operaciones crediticias; asimismo, se presumen supuestas irregularidades que están siendo investigadas.
