País debería cambiar normas para someterse a arbitrajes internacionales

La solicitud de las empresas inversionistas de Gas Nacional Zeta,  de llevar a Costa Rica a un arbitraje internacional, confirmó la necesidad que tiene

La solicitud de las empresas inversionistas de Gas Nacional Zeta,  de llevar a Costa Rica a un arbitraje internacional, confirmó la necesidad que tiene el país de replantear la formulación de las cláusulas para acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI ) con sede en Washington,  insertas en tratados de libre comercio y tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (TIB).

Las empresas Cervin Investissements y Rhone, inversionistas de Gas Nacional Zeta, principal empresa envasadora y comercializadora del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Costa Rica, anunciaron en abril que interpusieron una solicitud de arbitraje internacional por $30 millones ante el CIADI , “por daños y perjuicios a sus inversiones en el país”. Las firmas tomaron la acción por considerar  lesionados sus derechos al no autorizarle el Gobierno un aumento en las tarifas y por cambiarles “las reglas del mercado”.

El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin  considera que esta demanda, antecedida por otras, incluyendo una reciente de un grupo de accionistas de Riteve (de capital español) por $262 millones, son acciones que “obligan a replantearse la formulación de las cláusulas CIADI ” que casi en forma rutinaria son incluidas en los acuerdos comerciales que firma el país.

El CIADI , creado en 1965 en el marco del Banco Mundial, se instauró para resolver eventuales litigios que puedan darse entre inversionistas extranjeros y Estados.  Costa Rica lo ratificó en 1993.

Consultada por UNIVERSIDAD, la empresa respondió: “la acción es tramitada… al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca entre Costa Rica y Suiza… Gas Nacional Zeta S.A no participa directamente en el proceso.  La demanda ha sido interpuesta por sus accionistas, domiciliados en Suiza”.

Por su parte, en la oficina de prensa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)  se manifestó que actualmente  se está en proceso de seleccionar la firma legal internacional que representará al país en este proceso.

Independientemente de que este arbitraje prospere o no,  el proceso de defensa le costará al país entre  1 y 1.5 millones de dólares, informó la oficina de prensa del Comex.

APERTURA COMERCIAL SIN REGULACIÓN

“El país ha seguido apostando por una apertura comercial sin ningún tipo de salvaguardas para protegerse”, afirma Boeglin. En su opinión, la larga lista de casos en el CIADI  (ver nota aparte) da cuenta de ello.

“En los años 90-2000, Argentina apostó por una apertura total de su economía al comercio mundial, suscribió más de  50 Tratados Bilaterales de Inversiones (TIB) mientras el gobierno concesionaba empresas emblemáticas y privatizaba activos estatales; diez años después, Argentina está siendo demandada ante el CIADI   por distintos concesionarios privados en más de 20 casos por una suma total de más de 20 mil millones de dólares, llegando incluso a tener más de 45 casos pendientes”, afirmó el catedrático.

“La pregunta que uno se puede hacer es: ¿Qué podría explicar una diferencia de actitud de los concesionarios privados hacia Costa Rica que no hayan tenido hacia Argentina? ¿Qué está haciendo Comex para evitar que Costa Rica se vea inmersa en una situación similar a la de Argentina? ¿Qué tipo de salvaguardas están insertando los equipos negociadores de Comex en un tratado como el tratado de Asociación con la Unión Europea actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa para evitar que concesionarios europeos demanden  a Costa Rica ante el CIADI ?  , cuestionó Boeglin.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ha hecho eco de esta preocupación en el plenario legislativo, argumentando que el proyecto de ley para la regulación del mercado de gas licuado fue “frenado  por la presión generada por la demanda de la empresa”.

“Estamos preguntándole al Comex lo que ha gastado Costa Rica en los  últimos años defendiéndose en estos arbitrajes privatizados; millones de millones de dólares contratando bufetes internacionales solo para plantear defensas de casos, que no prosperarían en los tribunales de justicia de nuestro país”, cuestionó.

Según Villalta, estas acciones plantean una injerencia en la potestad del Estado y su papel para fiscalizar esas actividades y cerrar planteles que no cumplen con las normas. “Todo eso está aquí en juego, pero con este tipo de demandas el tema es sustraído del debate nacional y se lo llevan a un juicio privatizado en Suiza o en Washington, donde no hay información, donde no hay transparencia, donde la ciudadanía, las asociaciones de consumidores, por ejemplo, no tienen derecho ni siquiera a participar, a ser informadas”, advirtió.

“LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE”

Aunque la empresa descarta que el arbitraje esté ligado a una serie de accidentes ocurridos a  inicios del año en el que murieron varias personas,   lo cierto es que el suceso motivó una demanda de mayor regulación de parte del Gobierno al imponer una serie de cambios en el mercado del gas en el país distribuido entre cinco empresas.

Posterior a la tragedia, el Gobierno dio un ultimátum a las cinco empresas envasadoras que operan en el país para que implementen cambios que garanticen la seguridad de los usuarios, entre los que se encuentra, el cambio en los períodos de vida útil de los cilindros, cambios de válvulas e implementación de mecanismos de control (código de barras) que registren la ubicación y mantenimiento de estos, llenado de envases, entre otros requisitos.

Varios campos pagados en la prensa nacional de la empresa conocida como Gas Z reclaman públicamente por lo que ellos consideran “lesión a sus derechos” por una serie de medidas implementadas por el Gobierno de Costa Rica que cambian las reglas del mercado.

Entre sus principales reclamos está la negación de un aumento de tarifas por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y críticas al proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa que  busca regular el mercado de gas en Costa Rica.

La empresa manifestó que “el proyecto de ley propone un cambio en la forma del mercado, modificándolo para permitir que cualquier empresa llene cualquier cilindro aunque no sea de su marca (llenado universal), por lo cual recomiendan el mercado segmentado por marcas.

Según el Ministro de Ambiente, René Castro, Gas Nacional Zeta domina entre un 75 y un 80 por ciento del mercado nacional, servicio que es usado por unos 475 mil costarricenses, principalmente en hogares y comercios, una actividad que va en crecimiento.

“Esto es irreversible, el país ha impuesto condiciones nuevas, el Gobierno respeta ese derecho (acudir a arbitrajes internacionales) que tienen las empresas extranjeras que operen en el país, pero no vamos a ceder un ápice en el tema de seguridad y se aplican para esta y para cualquier otra empresa en el país”, aseguró Castro.

Los cambios se aplicarán según Castro, independientemente de la aprobación del proyecto y  son de acatamiento obligatorio e inmediato.

“Definitivamente hay un cambio de reglas y esencialmente habrá ganadores y perdedores, lo que se busca es pasar de un mercado regulado con un operador dominante, a un mercado competitivo pero seguro para los usuarios”, afirmó el ministro.

“Este es uno de esos casos que prevé más mercado, pero también más Estado, se probó que si el Estado no interviene, si no controla las medidas de seguridad, si no establece reglas entre los competidores, se deteriora la calidad del servicio y se pone en riesgo la seguridad del ciudadano”, enfatizó Castro.


Costa Rica y el CIADI  **

Caso Santa Elena (2000)

Expropiación a la empresa Compañía de Desarrollos de Santa Elena S.A para agregar un área al Parque Nacional Santa Rosa. El CIADI  ordenó finalmente el pago indemnizatorio por $ 16 Millones *

Caso Alasdair Ross (2010)

137 ciudadanos de Canadá alegaron que el Estado no había supervisado adecuadamente sus inversiones  en manos de una entidad nacional “Villalobos Brothers Money Exchange”. Por objeciones de Costa Rica, el tribunal se declaró incompetente

Caso Unglaube (2012)

Reclamo de dos ciudadanos alemanes por imposibilidad de desarrollar un proyecto de condominios en Playa Grande Guanacaste (Las Baulas). El CIADI  condena a pagar a Costa Rica $3.1 millones, más intereses. En este caso, los avalúos que pasaron a aumentar un 822% de un año a otro siguen sin ser objetos de alguna investigación.

Crucitas (2013)

La empresa Industrias Infinito S.A, que obtuvo la concesión para la extracción de oro en Cutris de San Carlos, anunció la eventual demanda contra Costa Rica ante la CIADI  por un monto de $1092 millones.

*En 1992, Estados Unidos solicitó suspender préstamos de cooperación a Costa Rica.

** Fuente: Nicolás Boeglin


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