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Partidos ofrecen ¢46 mil millones en bonos, pero Estado pagará menos de la mitad

El mecanismo de captar recursos por medio de bonos de deuda política es criticado por generar una distribución desigual de dineros, concentrar la compra en dos bancos privados y facilitar donaciones encubiertas.

Con la emisión de  bonos de deuda política por ¢46 mil millones, los partidos políticos buscan ansiosos recursos para financiar sus millonarias campañas políticas a pocas semanas de que se celebren las elecciones nacionales el 6 febrero. Una inversión de alto riesgo, tomando en cuenta que el monto es más del doble del total disponible en aporte estatal.

Para los comicios de febrero se destinaron ¢19.970 millones para el pago de deuda pública, de los cuales ¢2.950 millones son repartidos de forma equitativa como financiamiento adelantado.

Las personas diputadas redujeron la deuda política un 55% para las próximas elecciones: pasó de alrededor de ¢25 mil millones en el 2018 a cerca de ¢19 mil millones. (Fotografía: Miriet Ábrego).

El monto total de bonos de deuda se reparte entre alrededor de 68 mil certificados en venta, aunque para noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo tiene reportes de compra en seis partidos con un total de 100 certificados colocados.

Los certificados de cesión son una forma de financiamiento legal de los partidos políticos durante las elecciones que funciona como una inversión con riesgo de pérdida total o parcial. El TSE ha criticado este sistema por facilitar las donaciones encubiertas porque los compran a pesar de que son prácticamente impagables.

La emisión se realiza por series, siendo la serie A la que tiene prioridad de pago y la que más comúnmente compran los bancos. Sucesivamente le siguen en prioridad la serie B, C y D, las cuales tienen mayor riesgo de no ser pagadas.

Las entidades bancarias también garantizan su ganancia estableciendo tasas de interés de acuerdo con la calificación de las candidaturas en las encuestas. Esta es la razón por la que las agrupaciones no logran conseguir préstamos.

En total se emitieron alrededor de 18 mil certificados serie A, 20 mil serie B, 22 mil serie C y más de 6 mil bonos serie D, estos últimos fueron todos emitidos por el Partido Liberal Progresista (PLP).

Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), comparte la interpretación del Tribunal. El politólogo explicó que los certificados de cesión funcionan como inversiones en la bolsa, con la diferencia de que las personas particulares, aunque finalmente tengan pérdidas por la compra de bonos, podrían presionar a los partidos políticos a responder a sus intereses particulares en las decisiones políticas.

“¿Qué esperan los compradores de bonos tipo B y C cuando es poco probable que recuperen el dinero? En política no hay almuerzo gratis, quien invierte lo hace con una expectativa de devolución sea material o inmaterial. El sistema convierte al país en una gran empresa de accionistas”, cuestionó Rosales.

El OPNA ha señalado que el sistema de financiamiento por medio de certificados de cesión como violatorio de los principios democráticos por fomentar la inequidad entre fuerzas políticas al favorecer a los partidos que mejor se desempeñan en las encuestas y comprometer a quienes son elegidos cuando los bonos se comportan como donaciones encubiertas.

El analista político y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la UNED, Francisco Barahona, también coincide con la interpretación del Tribunal y valora que las reformas propuestas por la institución impulsarían un sistema político “menos corrupto”.

“(La emisión y compra de certificados de cesión) también permite lavar dinero o prestar dinero sin los controles que podría tener el TSE si adelantara un mayor porcentaje durante la campaña. Ese sistema sería más democrático, más transparente con la ciudadanía y menos asfixiante para los partidos políticos”, dijo el politólogo.

Según Barahona, las reformas propuestas por el TSE en la Asamblea Legislativa no avanzan porque el sistema favorece a las fuerzas políticas más grandes que una vez elegidas no están interesadas en cambiar otro sistema que de forma más equitativa facilite a nuevos partidos crecer.

En las pasadas elecciones, con cerca de la mitad de partidos y ¢5 mil millones más en deuda política, solamente cerca de 7.500 certificados de cesión cobraron su valor total o parcial por un monto total que ascendió los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. Este comportamiento del sistema es señalado como oligopólico por el Estado de la Nación y es una de las razones por la que el último informe señala al sistema como problemático.

Emisión es distinta para cada partido

Cada partido hace una solicitud personalizada al TSE, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional (PLN) emitió un solo certificado de cesión serie A con un valor total de ¢3.400 millones y, en comparación, el Partido Liberal Progresista (PLP) emitió más de 13 mil bonos, por un valor total de ¢2.670 millones.

El PLN vendió su certificado al BCT, aunque aún no está su reporte en la página del TSE, según reportó su tesorera Paulina Ramírez, consultada por este semanario a finales de noviembre del 2021.

“Nosotros emitimos solo los tipo A para el crédito, no se hacen más emisiones porque por interpretación del TSE si una empresa privada compra bonos y posteriormente no alcanza la deuda política para cubrir lo pueden ver como una simulación de donación de empresa privada o de sociedad anónima. Entonces para evitar cualquier tipo de confusión eliminamos esa figura, nosotros no la estamos usando”, dijo Ramírez.

Por otro lado, el Partido Unidos Podemos de la candidata Natalia Díaz emitió más de 10 mil bonos por un valor total de ¢4.500 millones, el monto más alto entre los 21 partidos que a nivel nacional y provincial emitieron certificados de cesión.

«Tenemos la esperanza de colocar una gran mayoría de ellos. Sin embargo, este sistema de financiamiento prácticamente es el único que está disponible para partidos emergentes y tiene el inconveniente que solo pueden ser cobrados si se alcanza el 4% de los votos válidos o un diputado. Además, la colocación exitosa de los bonos depende de las encuestas, sesgadas o no. Lo ideal sería un sistema donde se dé el pago por voto recibido, independientemente de ese porcentaje del 4%” comentó Giselle Chavarría Lizano, tesorera de Unidos Podemos.

El Presidente del Partido Nueva Generación (PNG), Rodolfo Solis, aclaró que aunque fueron autorizados para colocar más de 14 mil  bonos por un valor total de ¢3.200 millones, un monto cercano al de agrupaciones que lideran las encuestas como Liberación Nacional y Nueva República, saben que no necesariamente colocarán el monto total: “Dios quisiera pudiéramos colocar todo lo que tenemos autorizado”.

Según Solís, al día de hoy, el PNG ha colocado alrededor de 25 y30 millones en certificados serie A, principalmente en empresas de publicidad (vallas, anuncios de televisión y radio), pero también a “un sector de personas física que quiere participar y tener la opción de negocio y ganar, con el riesgo que eso significa”.

¿Por qué la banca pública no participa en el mercado de bonos?

La concentración del mercado de los certificados de cesión en manos de la banca privada se dio paulatinamente, pero el mecanismo fue originalmente diseñado para beneficiar a los bancos públicos, explicó el politólogo Rotsay Rosales.

El Banco de Costa Rica (BCR) dijo que los bonos de deuda política son sometidos a análisis interno de riesgo y rentabilidad, como cualquier otro bono emitido por el Gobierno, para resguardar “los recursos de la ciudadanía” y por esta razón deciden no invertir.

El Banco Nacional (BN) prefiere financiar actividades productivas y vivienda, con riesgos menores, porque considera a estos bonos como una inversión asociada  “a una alta incertidumbre, ya que al final los fondos de la deuda política que obtendrán los partidos van a depender de los votos que obtengan, variable cuya proyección presenta una gran variabilidad durante el período de campaña”.

En la respuesta oficial también argumentan que la incertidumbre aumenta por el orden de prioridad establecido por el seriado (A, B, C y otros) “pues el monto se puede volver insuficiente para cumplir con ciertas entidades que no estén en los primeros lugares de prioridad”, dice el BN en su respuesta.

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