Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que gestó y promovió la regla fiscal incorporada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), propuso un proyecto de ley para flexibilizar la norma, pero sin beneficiar los programas sociales o los salarios, rubros que más han sufrido desde su entrada en vigencia.
El proyecto 23.361, presentado por Rojas el pasado 2 de setiembre, explicó ella, “recuperar la brecha en la inversión pública y permitir que las instituciones tengan un mayor margen de acción, siempre en procura del desarrollo nacional, en el ámbito de aplicación de sus competencias”.
Puntualmente, el texto propone flexibilizar el gasto público que se financia con donaciones, el realizado por las entidades públicas no estatales (como la Promotora del Comercio Exterior o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal), excepto lo financiado con transferencias del presupuesto central y en términos generales, los gastos de capital, es decir, la construcción de infraestructura, adquisición de equipo, etc.
Por otra parte, el documento pretende modificar la ley para puntualizar que la aplicación de la regla fiscal sea a partir de los gastos ejecutados y no de los presupuestados, como se aplica en la actualidad.
“El proyecto propone la alternativa para que, en cuanto al gasto de capital, se permita un crecimiento interanual, que podría estar determinado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el límite lo establecería el crecimiento nominal del PIB”, reza el comunicado de la fracción.
Eso sí, el proyecto no plantea modificaciones que impacten los programas sociales o los salarios, rubros que más han sufrido desde la entrada en vigencia de la mencionada ley.
Por ejemplo, el cambio no beneficiaría al Sistema de Emergencias 9-1-1, el Patronato Nacional de la Infancia, los programas del Ministerio de Educación Pública, funcionamiento de cárceles o temas de seguridad pública, que en años recientes han enfrentado dificultades presupuestarias a causa de las restricciones planteadas por la norma y que más bien, podrían sufrir aún más de tener que ajustarse a los gastos ejecutados, como plantea el proyecto.
“En realidad, si solamente se flexibiliza el gasto de las entidades públicas no estatales no es casi nada, no tiene ningún impacto”, dijo el economista y ex ministro de Hacienda Fernando Rodríguez. Además, explicó que si adicionalmente se restringe la liberalización de la norma a los gastos que no se financian con transferencias del presupuesto nacional, es aun menor el impacto.
Según Rodríguez, de aprobarse la normativa propuesta por Rojas, no habría beneficio alguno en los programas sociales, en los presupuestos de las universidades o en los salarios de los empleados del sector público, que han sido los rubros más afectados y discutidos desde que entró en vigencia la ley 9635.
El proyecto presentado por el PUSC aun no ha sido asignado a ninguna comisión de la Asamblea Legislativa.
