20 años han pasado desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC- CAFTA-DR) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, un acuerdo comercial que prometía seguridad jurídica para las partes y establecía una serie de instrumentos de salvaguarda comerciales en caso de que alguno no cumpliera con lo pactado, pero la reciente imposición de un 10% de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump a los productos costarricenses —así como muchas otras naciones— evidencia que la validez de este convenio internacional regía solamente para Costa Rica.
El TLC establece reglas claras para evitar decisiones unilaterales, sin embargo, también contiene cláusulas que permiten tomar acciones excepcionales por razones de seguridad nacional, emergencia económica y salud pública, a las que Estados Unidos se ha amparado recientemente.
El asunto es que el Tratado de Libre Comercio no tuvo ningún peso en la decisión de Estados Unidos de incluir a Costa Rica en la lista de países gravados con nuevos aranceles para todos sus productos, lo que incluso ha obligado a entrar en nuevas negociaciones que implicarían ceder en diversas temáticas comerciales, jugando en contra de los productores nacionales.
UNIVERSIDAD consultó con tres economistas para entender si el país podía activar las medidas de salvaguarda que establece el TLC y así evitar la imposición arancelaria, en lugar de sentarse a la mesa de negociación con Estados Unidos para establecer nuevas concesiones en temas que le incomodan al socio comercial.
En este sentido, Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, fue enfático al señalar que el país no tenía mucho que hacer frente a la imposición arancelaria.
“Entendimos siempre que los acuerdos comerciales eran algo que sujetaba a las dos partes a cumplirlos y, si había un problema, podíamos recurrir a los mecanismos establecidos para dirimir las controversias, lo que pasa es que para Estados Unidos el tratado nunca tuvo el rango legal que sí tenía para nosotros un convenio internacional, que está incluso por encima de las leyes nacionales”, explicó Rodríguez.
El economista Luis Paulino Vargas coincidió con este criterio y añadió que muchos sectores advirtieron que esto se podría dar, en contraste con una “promesa de propaganda que decía que los TLC daban seguridad jurídica”, y que hoy evidencia la asimetría del poder, recursos y capacidad de presión, dejando de lado los mecanismos que establecía el tratado.
Resolución de disputas
El TLC prevé un mecanismo formal que comienza con un proceso de consultas con ambos países para tratar de dirimir el conflicto, en este caso, la imposición unilateral de aranceles.
Si esto no funciona, es posible que se pueda avanzar a un panel de expertos independientes y, de no obtener una solución placentera para las partes, se implementarían sanciones comerciales.
“Estados Unidos se brincó el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de un país grande versus uno pequeño, el cual no tiene mayores herramientas comerciales propias, ni la posibilidad de acudir a los órganos multilaterales”, explicó Fernando Rodríguez.
Mecanismo de arbitraje
Otro instrumento que se planteó en las negociaciones del TLC fueron los mecanismos de arbitraje, en el que uno de los países miembro presenta una controversia si siente que la otra parte violó o interpretó incorrectamente el tratado.
Para ello se forma un panel arbitral compuesto por expertos independientes, y que son nombrados por los países involucrados, los cuales reciben los argumentos de ambas naciones y emiten un informe, pero tampoco es viable implementarlo.
Leiner Vargas, economista y catedrático, dijo que la asimetría de poder hacía prever desde el inicio de las negociaciones que los países de la región centroamericana llevarían las de perder: “de hecho, la falta de apoyo del Gobierno a sectores productivos los pone hoy en mayor riesgo, porque el país negocia con Estados Unidos la eliminación de barreras comerciales, que implica abrir el mercado para no ser castigados con el 10% de aranceles”.
Solución de controversias con OMC
El sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es un mecanismo para resolver las controversias internacionales y los TLC pueden hacer referencia a este mecanismo, sobre todo para solventar disputas, sin que medien medidas unilaterales.
No obstante, en la actualidad, el órgano de resolución de controversias no está funcionando, por lo que la posibilidad de Costa Rica de acudir a este mecanismo es nula.
“Lo que quedaría, que tampoco es una opción, es recurrir a la imposición de medidas comerciales, pero esto encarecería los productos que vienen desde Estados Unidos y en algunos casos podría implicar no tener cómo sustituirlos, eso sería darle un disparo a la inflación y trasladarle el conflicto comercial a la gente”, añadió Rodríguez.
Una negociación en desventaja
Actualmente, Costa Rica se esmera por alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para lograr reducir la imposición del 10% del arancel, y según informaciones que han salido a la luz pública incluiría bajar o eliminar un impuesto al consumo de bebidas provenientes de Estados Unidos y que tengan un 30% de alcohol.
También Estados Unidos quiere eliminar una supuesta desventaja que afrontan en las licitaciones públicas, al competir con empresas estatales costarricenses como el Instituto Costarricense de Electricidad o el Instituto Nacional de Seguros; o las barreras fitosanitarias que retrasan los permisos sanitarios a productos importados.
Las negociaciones también están incorporando la apertura del mercado de la papa de mesa desde Estados Unidos que estuvo cerrado desde al año 2013, o lo que considera el mayor socio comercial de Costa Rica como trabas al ingreso de lácteos, mariscos, ovejas y huevos, sumado a temas de propiedad intelectual.
“Se podía anticipar que en algún momento las reglas establecidas en el TLC no tendrían ningún efecto, y en la negociación que se está haciendo, de esos seis factores, varios tienen que ver con la agricultura y la industria, por lo que atender esas exigencias significaría terminar de poner a la agricultura costarricense en situación de extrema vulnerabilidad, que ya de por sí ha sido muy golpeada por los TLC y el abandono de los gobiernos de turno”, analizó Luis Paulino Vargas.
Lo mínimo que se esperaría de las autoridades costarricenses que negocian las nuevas condiciones, agregó el experto, es que revisen su esquema de subsidios, porque dejar a la libre la importación de productos agropecuarios altamente subsidiados es una afrenta a los productores nacionales.
Por otro lado, esta situación pone sobre el tapete la importancia de diversificar los vínculos económicos y comerciales más allá, volver la mirada hacia mercados asiáticos, sudamericanos y en especial ampliar los vínculos con Centroamérica.
