El destape de los “papeles de Panamá”, con una lista de políticos y empresarios nacionales relacionados con negocios offshore agitó el debate en la Asamblea Legislativa sobre el sempiterno problema de la elusión y evasión de impuestos, y empujó la agenda de proyectos para reducir el déficit fiscal.
Diputados de diversos partidos abogaron por que se investigue a profundidad si hay o no movimientos para evadir el fisco costarricense, tras la filtración internacional de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, dedicado al negocio de creación de estructuras offshores en paraísos fiscales.
Desde las bancadas del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) salieron llamados a acelerar el trámite del proyecto de lucha contra el fraude fiscal.
La iniciativa se discute desde hace año y medio en el Legislativo como parte de un paquete de leyes para contener el creciente déficit, cercano al 6% del producto interno bruto (PIB).
Dicha posición se materializó con la aprobación, el pasado miércoles 6 de abril en la Comisión de Hacendarios, del acuerdo para impulsar un texto sustitutivo en el proyecto de lucha contra el fraude fiscal (Expediente Nº 19.245).
El nuevo texto incluye la propuesta del Ministerio de Hacienda de crear un registro de propietarios y beneficiarios de Sociedades Anónimas, centralizado en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El acuerdo contó con el voto de nueve de los once integrantes de la Comisión.
No avalaron la presidenta de la comisión, Rosibel Ramos (Partido Unidad Social Cristiana –PUSC), y Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), quienes mantienen oposición al registro de accionistas que demanda el gobierno para un combate efectivo del fraude fiscal.
El nuevo texto obliga a todas las personas jurídicas domiciliadas en el país a darle la información sobre sus accionistas al BCCR, que incluya la identificación de “quienes ostenten participaciones patrimoniales de las personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos”.
INVESTIGACIÓN
En una primera reacción, tras conocerse las publicaciones de los papeles de Panamá, el diputado Ottón Solís (PAC) expresó que estas explican por qué falta transparencia y por qué urge que se apruebe la ley contra el fraude fiscal, que permita al Ministerio de Hacienda tener una lista de los dueños finales con nombres y apellidos de las sociedades y cadenas de sociedades.
Patricia Mora, diputada y presidenta del FA, dijo que “el Frente Amplio está estupefacto” con lo publicado y el detalle con que se expone la evasión y la elusión fiscal en el país, lo cual constituye un “crimen social”.
“Esto está saliendo en un momento en que estamos a las puertas de tener que abocarnos al conocimiento de un plan fiscal que creemos que tiene que ser un plan fiscal progresivo, en donde además de impedir el fraude, nosotros pongamos a tributar a los que más tienen”, añadió Mora.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, integrante de la Comisión de Hacienda que analiza el paquete de leyes presentado por el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís para frenar el creciente déficit, declaró que le preocupan mucho los casos revelados en la prensa, los cuales “deberán ser investigados a fondo para determinar si efectivamente incurrieron en prácticas ilegales”, indicó.
El socialcristiano Gerardo Vargas Rojas aseguró en el plenario, en referencia a los papeles de Panamá, que celebra que los costarricenses y el mundo entero se den cuenta de lo que ha venido ocurriendo durante décadas.
Además, afirmó que el PUSC apoya las gestiones que ha anunciado el Ministerio de Hacienda para combatir los eventuales ilícitos que puedan ocurrir a partir de sociedades offshore.
Lo que no se puede hacer es una cacería de brujas y decir que todas las personas mencionadas son corruptos, narcotraficantes, lavadores de dinero o evasores fiscales, apuntó Vargas.
En esa misma postura sintonizó Antonio Álvarez, del PLN, quien llamó a “ver este tema de los nombres y de las listas con mucha seriedad”, no responsabilizar ni condenar a los que no han entrado en acciones ilegales, ni tampoco favorecer a aquellos que han buscado el amparo de paraísos fiscales para evadir los impuestos en Costa Rica.
Desde ese punto de vista, dijo que le parece razonable que Hacienda haya dicho que va a investigar y revisar lo que ha sido divulgado por la prensa, pero ese mismo análisis de las autoridades tributarias no podrá promover una generalización.
Su compañero de bancada, Rolando González, fue más allá al declarar que “ante esta acción periodística (la publicación de los documentos de Mossack Fonseca) Costa Rica espera reacciones categóricas y ejemplarizantes frente a la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción”.
Puntualizó también que no acepta la tesis de que todo lo publicado corresponde a actos ilícitos, “pero haberlos los hay, y hay que darles tiempo a que salgan, porque estamos en las primeras de tanteo”.
Para el diputado Edgar Araya, del FA, está claro por qué hace falta el registro de accionistas. “A mí no me vengan a decir que hay offshore legal, que hay otros que no son ilegales; el que hace una sociedad en el extranjero, que no sea para realizar una actividad concreta en ese país, lo hace para esconder la plata y, por lo tanto, para robarnos a todos los costarricenses”, aseveró.
Eso lo que tiene que provocar es la indignación del pueblo costarricense, que oye una y otra vez cómo le echan la culpa al empleado público, a las instituciones públicas de un déficit fiscal del que muy poco tienen que ver, manifestó Araya.
Por su parte, la socialcristiana Rosibel Ramos consideró que lo que salió publicado en UNIVERSIDAD “es un tema que hay que investigar. Si se cometió una ilegalidad, que se haga una investigación y lleguemos hasta las últimas consecuencias”.
En cuanto a su postura contra el registro de accionistas de las sociedades anónimas, aseguró que ella como presidenta y la mayoría de los miembros de la comisión de Hacendarios están de acuerdo con que el gobierno tenga acceso al registro de accionistas; lo único que quieren es que se garantice la seguridad, que la información la tengan dos o tres personas y, si violan la confidencialidad, que puedan ser castigadas incluso con cárcel.
No obstante luego, cuando se decidió la adopción del texto sustitutivo que incluye un registro de accionistas en el Banco Central con garantías de confidencialidad, Ramos votó en contra, junto a Guevara.
En tanto, en sus intervenciones en el plenario y ante los medios de comunicación, Guevara tachó como “falsa” la publicación de UNIVERSIDAD que lo vincula a la creación de una filial de Mossack Fonseca en Costa Rica; además, catalogó el haber incluido su nombre como una “burda manipulación”. UNIVERSIDAD reseñó que en la oficina de abogados que Guevara tenía con la que luego sería ministra de Transportes, Karla González, se constituyó en Costa Rica en 1989 la sociedad Mossack Fonseca & Compañía S.A.
González fue inscrita como vicepresidenta de la junta directiva y Guevara fue el notario público que registró la escritura en el asiento 8.940 del tomo 73 de su diario, según la documentación publicada.
Ecos legislativos
Ottón Solís
“Me agrada la reacción del Poder Ejecutivo ante las publicaciones. De una vez hicieron una reunión (de gabinete) esta mañana (lunes). El Ministerio de Hacienda va a investigar cada uno de los casos, así que en buena hora la revelación, la transparencia es buena para el país y la sociedad”.
Patricia Mora
“Ahora nadie tiene cara para levantarse en el plenario legislativo a decir que no se necesita el registro de accionistas para poder saber quiénes son los beneficiarios finales de los negocios”.
Rolando González
“Toda tardanza legislativa será beneficiosa para quienes son acusados como posibles evasores encontrados en los papeles de Panamá”.
Rosibel Ramos:
“Es un tema que hay que investigar. Si se cometió una ilegalidad, que se haga una investigación y lleguemos hasta las últimas consecuencias”.