La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, acusó al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, de alentar la realización de estudios técnicos “deficientes” y “parcializados” que ahora se utilizan para promover la reactivación de la pesca de arrastre de camarones en el país.
Vega se refirió así a estudios que gestionó el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), los cuales ahora son utilizados por los diputados que impulsan el proyecto 21.478, para reactivar la emisión de licencias para la pesca de arrastre (que declarada inconstitucional desde agosto 2013).
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Según la diputada Vega, estos estudios se realizaron después de que Piza coordinara las mesas de trabajo entre el Gobierno y los pescadores del Pacífico, las cuales estaban destinadas a buscar soluciones alternativas para sus condiciones de desempleo, pero más bien terminaron abriendo las puertas para otro intento de reinstaurar la vieja técnica.
Vega también cuestionó la gestión que realizó la administración anterior sobre el tema; sin embargo, ahora enfatizó sus críticas en la figura de Piza, a quien acusó de “estar induciendo a error con estudios técnicos que claramente no cumplen con los parámetros que precisó la Sala Constitucional”.
Esos parámetros, recordó, fueron los que pusieron los magistrados constitucionales a finales del año pasado, cuando dieron seis meses de plazo al Estado para realizar estudios técnicos-científicos que determinasen si era posible aplicar un modelo de arrastre que fuera sostenible con el ambiente (en beneficio de las poblaciones que dependían de esa actividad).
Para ello, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Incopesca formalizaron un convenio por ¢2.950 millones, con el objetivo de “determinar si era posible hacer un uso sostenible del recurso del camarón”. No obstante, estos estudios no contemplaron la participación de los entes universitarios especializados, como pidió la Sala IV, hecho que ahora también cuestiona la oficialista.
Por este motivo, Vega señaló que la iniciativa que intenta reactivar la práctica de arrastre en el Congreso posiblemente terminará naufragando en la Sala Constitucional, en caso de que los diputados la apruben; como ya ha sucedido en el pasado con otros cuantos proyectos muy similares.
“Esto se va a terminar cayendo en la Sala y yo tengo absoluta seguridad, no solo por la falta de estudios técnicos sino por los grandes errores técnicos que Rodolfo Piza ha cometido en la coordinación de este proceso (…) Existen otras técnicas de pesca que se pueden implementar, pero hemos perdido ya varios años intentando meter a golpe una técnica que de por sí todo el mundo sabe que es insostenible”, comentó Vega.
“Y esto tampoco me satisface, porque es hacerle perder el tiempo a los diputados y jugar con las expectativas de gente pobre que quiere una solución ya. Hubiese sido mejor dejar la demagogia y decirles que no vamos a generar más pesca de arrastre, pero que les vamos a resolver con otras alternativas que tenerlos en este juego que se mezcla mucho con la política electoral, ciertamente”, subrayó.
La pesca de arrastre camaronera está prohibida técnicamente desde agosto de 2013, cuando la Sala Constitucional declaró inconstitucionales las normas que permitían la extensión de licencias para practicarla.
En aquel entonces, los magistrados respondieron a una acción interpuesta por seis grupos ambientalistas, los cuales documentaron los problemas que estaba generando la aplicación de esa técnica pesquera, como la pesca incidental de otras especies y la sobreexplotación de los recursos marinos (incluidos los suelos, las algas y los arrecifes marinos).
Rodolfo Piza: “Mi trabajo es acompañar”
Consultado sobre las declaraciones de Vega, el ministro Piza respondió —a través de su equipo de prensa— que a su ministerio solo le corespondió “acompañar los procesos de diálogo”, pero subrayó que “las decisiones al final las adoptan los órganos administrativos o legislativos competentes”.
Asimismo, indicó que los temas relativos a la pesca son gestionados directamente por el Incopesca, bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por lo que los estudios y las decisiones en la materia finalmente son asuntos de ellos.
Semanas atrás, la diputada Vega cuestionó mediante un oficio las declaraciones de Piza en medios de comunicación, en las que abría la puerta a la elaboración de estudios para jusificar la pesca de arrastre. Ante esa comunicación, Piza le indicó que sus declaraciones se basaban en “la búsqueda de que exista en nuestro país una pesca compatible con la pesca artesanal y con el ecosistema”.
“Es necesario realizar las investigaciones científicas que permitan un desarrollo sostenible y de manera saludable de las pesquerías, compatibles con la protección del medio ambiente”.
“Esa compatibilidad, debe ser determinada científicamente dentro del marco jurídico de nuestro país y esa definición no corresponde al Ministerio de la Presidencia sino a las instituciones competentes”, le remitió.
Los estudios gestionados por el Gobierno, a través de Incopesca, además han sido cuestionados por grupos ambientalistas, quienes sostienen que para ellos se giraron licencias de pesca de forma ilegal.
Además, las metodologías utilizadas fueron cuestionadas incluso por organismos universitarios como el Centro de Investigación en Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica (Cimar-UCR), entidad que cuestionó las metodologías empleadas para “realizar una investigación responsable y con datos fidedignos”.
Ahora el proyecto de ley que pretende reactivar la pesca de arrastre es analizado por la Asamblea Legislativa, donde recientemente se aprobó dar una vía rápida a la iniciativa. Ese movimiento fue aprobado con el visto bueno de todas las fracciones presentes, con excepción del Frente Amplio, a través de José María Villalta, y la oficialista Vega, la única de su partido que votó en contra.
