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PANI modificará jornadas de cuidadoras en albergues tras resolución de la CIDH en el caso Helena Téllez

"Pretender que una persona trabajadora con jornada laboral diaria de 12 horas y más pueda tener las condiciones de descanso para atender adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, es un error y una violación a los derechos humanos y podría ser contraproducente para el desarrollo integral de estas personas menores de edad", dijo la ministra Gloriana López.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) modificará la extensión de las jornadas laborales y los contratos de trabajo de las cuidadoras (antes conocidas como tías sustitutas), tras la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Helena Téllez contra Costa Rica.

Este martes el Estado costarricense realizó un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de la ex cuidadora, que fue sometida a jornadas extenuantes y carga laboral desmedida.

En febrero pasado la comisión resolvió la denuncia interpuesta por Téllez, en 2003 y encontró que se violentó su  derecho a la igualdad, así como el principio de no discriminación al emplear estereotipos de género para justificar una jornada laboral incompatible con estándares internacionales; el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la protección judicial.

Téllez y su representación legal demostraron que las «tías» laboraban jornadas de 24 horas por hasta once días seguidos y que se les encargaba el cuido de más de diez personas menores de edad, cantidad límite que establece el Programa de Albergues, lo que causó graves afectaciones a su salud mental, física y relaciones familiares.

En respuesta al informe final de la CIDH, informó la ministra de la Infancia y la Adolescencia, Gloriana López, el Estado se mostró conforme y accedió a acatar las recomendaciones realizadas por la entidad, que incluye reparaciones a Téllez y cambios para que las condiciones de las trabajadoras cambien.

«Doña Helena, quiero que sepa que como institución y como Estado vamos a corregir todas estas falencias, entre otras cosas, a través de la modificación de la jornada y contratos de trabajo de las auxiliares de servicios infantiles, para asegurar que puedan contar con los tiempos de descanso requeridos por cualquier persona trabajadora. Sabemos que esta tarea va a ser compleja, pero esa será una de las prioridades de mi gestión», puntualizó López en su intervención.

«No se puede defender y garantizar el interés superior del niño y de la niña, y demás derechos de los niños y niñas, niñas y adolescentes, transgrediendo los derechos de las personas trabajadoras que los atienden, tal y como sucedió en este caso con doña Helena», dijo.

La ministra también indicó que para el PANI y el Estado el acto era de gran importancia pues permite analizar y rectificar la «forma en que se debe tratar y visualizar a la mujer en todos los ámbitos», especialmente en las relaciones de empleo, donde según dijo debe imperar la igualdad, la equidad y la no discriminación, eliminando toda clase de sesgos o criterios estereotipados en torno al rol de la mujer.

La jerarca también se refirió a la afectación de las jornadas extenuantes que durante su carrera asumió tanto doña Helena como las demás cuidadoras, diciendo que «pretender que una persona trabajadora con jornada laboral diaria de 12 horas y más pueda tener las condiciones de descanso para atender adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, es un error y una violación a los derechos humanos y podría ser contraproducente para el desarrollo integral de estas personas menores de edad».

Lecciones aprendidas

Durante el acto intervino también Christian Guillermet, Viceministro para Asuntos Multilaterales quien  dijo que los hechos que originaron el caso y sobre los cuales la Comisión Interamericana emitió el informe de fondo, «resultan reprochables, cargados además de marcados estereotipos de género, que al final se tradujeron en una forma de violencia» hacia Téllez, afectando su vida personal y familiar, así como en su salud integral. «

Es por ello que en este acto y en representación del Estado costarricense, con profundo respeto y humildad, se reconoce la responsabilidad por los hechos aquí expuestos y enunciados en detalle en el informe de fondo», dijo.

Patricia Solano, Presidenta en ejercicio del Poder Judicial, indicó que la resolución establece un precedente de progresividad jurídica en favor de los derechos humanos de las personas que se dedican al cuido de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y se disculpó con Téllez en nombre del Poder Judicial.

Carlos Cabezas, representante del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia, indicó que esta era una conquista no sólo para doña Helena sino para todas las cuidadoras y cuidadores del PANI, que aún enfrentan injustas condiciones laborales.

«Esta situación fue justificada sobre la base de que la mujer es la única responsable del cuido y por ser una madre sustituta no tiene por qué tener el límite de quienes estuvieron obligadas por décadas a laborar en un régimen patriarcal semi esclavista. Los albergues del PANI, sin embargo, de estas lecciones aprendidas en el pasado, no dudamos que puedan convertirse en una mejor hoja de ruta para atender a las personas menores de edad de mayor vulnerabilidad social», indicó.

Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) dijo que el acto de reconocimiento de responsabilidad es un paso más «para la reparación del daño causado a ella y para evitar que las trabajadoras que realizan el mismo tipo de labores que la señora Tellez realizaba sean sometidas a las mismas condiciones de trabajo» además de ser un precedente para que otras mujeres no sigan siendo víctimas de estereotipos de género y sometidas a las mismas condiciones laborales.

El acto concluyó con una intervención de Julisa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora para los Derechos de las Mujeres de ese órgano, quien dijo que el acto constituía «un componente esencial de la reparación integral, ya que la aceptación de los hechos por parte del Estado y el reconocimiento de su responsabilidad por los mismos en los términos del informe de la CIDH, dignifica la lucha de la víctima y sus familiares y transmite un mensaje de reprobación oficial de las violaciones a los derechos humanos cometidas». Al mismo tiempo indicó que la comisión continuará supervisando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

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