País Carmen Moreno González, directora regional de OIT:

“Pandemia podría incidir en aumento de desigualdad desproporcionada”

Casi la mitad de los trabajadores en la región ven amenazados sus medios de subsistencia, mientras la pérdida de horas de trabajo equivale a la desaparición de 31 millones de empleos a tiempo completo

El alcance del COVID-19 no sólo enferma los cuerpos de quienes alcanza, sino que ha contaminado las economías y probablemente incidirá directamente en el crecimiento desproporcionado de la desigualdad. Así lo percibe Carmen Moreno González, directora de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, quien profundizó en las principales preocupaciones existentes en materia de empleo en toda la región Latinoamericana y el Caribe.

Casi la mitad de los trabajadores en la región latinoamericana ven amenazados sus medios de subsistencia, mientras la pérdida de horas de trabajo equivale a la desaparición de millones de empleos a tiempo completo, en la antesala de un Día Internacional del Trabajador marcado por el desafío del COVID-19, según destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su más reciente informe.

El organismo internacional hizo una comparación entre la situación antes de la llegada de la pandemia a la región, y determinó que hasta el segundo trimestre del año se han perdido 10,5% de las horas de trabajo en América Latina y el Caribe, lo que equivale a entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo.

¿Cuáles son las proyecciones que hace la OIT sobre la eventual pérdida de empleos en la región latinoamericana, producto de la crisis sanitaria del COVID-19?

-En América Latina y el Caribe, unos 158 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad, equivalente a 54% del empleo total, habrían visto reducidos sus ingresos hasta en 81%, muy por encima de la medida mundial de 60%.

En todo el mundo alrededor de 436 millones de empresas de diverso tamaño en los sectores económicos más afectados enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.

Asimismo, los sectores con riesgos más elevados de desplazamiento de trabajadores (el comercio al por mayor y al por menor, servicios de hospedaje y de comidas, actividades inmobiliarias y actividades administrativas y comerciales, y la industria manufacturera) representan un 43,2% de los empleos en la región de las Américas. Estos sectores son intensivos en mano de obra y emplean a millones de trabajadores, a menudo con bajos salarios y poco calificados, en particular en el caso de los servicios de alojamiento y de servicio de comidas y del comercio al por menor.

¿Cuál sería el impacto para los trabajadores del sector informal?

Los integrantes de la economía informal son un enorme reto, pues en la región de las Américas representan uno de cada tres trabajadores (en América Latina y el Caribe representan poco más de la mitad de la población ocupada).

Los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social.

Su situación es también desfavorable en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud; en caso de enfermedad, no tienen protección de los ingresos.

En las zonas urbanas, muchos trabajadores del sector informal trabajan en actividades muy expuestas a la infección por el virus, y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes, los camareros, los obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.

¿Cómo garantizar que no se violen los derechos laborales de los trabajadores?

-Las normas del trabajo son referencia en el contexto de la respuesta a la crisis provocada por el brote de COVID-19. En primer lugar, el respeto de las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo relacionadas con la seguridad y salud, las modalidades de trabajo, la protección de categorías específicas de trabajadores, la no discriminación, la seguridad social o la protección del empleo es una garantía de que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos mantienen condiciones de trabajo decente en esta crisis de la COVID-19.

En segundo lugar, hay una amplia gama de normas del trabajo de la OIT en materia de empleo, protección social, protección de los salarios, promoción de las pymes o de cooperación en el lugar de trabajo que contienen orientaciones específicas sobre medidas de política que podrían alentar la utilización de un enfoque centrado en las personas para abordar la crisis y el período de recuperación posterior.

Sus orientaciones se extienden a la situación específica de ciertas categorías de trabajadores, tales como el personal de enfermería, las trabajadoras y trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, la gente de mar o los pescadores, que como sabemos, son muy vulnerables en el contexto actual.

El respeto de estas normas también contribuye a fomentar una cultura de diálogo social y de cooperación en el lugar de trabajo, lo cual es determinante para cimentar la recuperación y prevenir una espiral descendente del empleo y de las condiciones de los trabajadores durante la crisis y en el período posterior. Las normas internacionales del trabajo ilustran la conducta que cabría esperar, encarnan la resiliencia frente a situaciones concretas del mundo del trabajo y son fundamentales para responder de manera duradera y sostenible a las pandemias, incluida la del COVID-19.

¿Qué deberían hacer los estados para minimizar el impacto en el sector laboral?

-La protección de los trabajadores y sus familias frente a una posible infección ha de ser prioritario. Por otro lado, es fundamental aplicar medidas con respecto a la demanda para garantizar la protección de las personas susceptibles de perder sus ingresos como consecuencia de una infección o la reducción de la actividad económica, con miras a impulsar la economía.

La protección de los ingresos contribuye, asimismo, a disminuir la reticencia de revelar posibles infecciones, especialmente en los grupos de trabajadores de bajos ingresos que ya se encuentran en una situación desfavorecida.

Por otro lado, hay que aplicar reformas institucionales y políticas en profundidad para facilitar la recuperación sobre la base de la demanda y aumentar la resiliencia por medio de sistemas de protección social universal eficaces que constituyan factores estabilizadores automáticos en los planos económico y social frente a la crisis. Ello contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones y en los gobiernos.

El diálogo social tripartito entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles, a escalas comunitaria y mundial. Ello requiere organizaciones de interlocutores sociales sólidas, independientes y democráticas.

¿Qué información manejan sobre desempleo en el resto del mundo, donde el COVID-19 ha afectado con más fuerza?

-Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2700 millones de trabajadores, según las estimaciones globales de la OIT, es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial.

En muchos países ya ha comenzado una contracción del empleo a gran escala (en muchos casos, sin precedentes). En un primer momento, la OIT estimó el aumento del desempleo mundial en alrededor de 25 millones de personas, por sí una cifra más elevada que la que se registró como consecuencia de la crisis financiera global de 2008-2009. Para la segunda nota del organismo sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo, presentada en marzo se actualizaron las estimaciones mundiales en materia de reducción de empleos, con base en la estimación de las horas de trabajo que se han perdido (y la pérdida equivalente de empleos).

En ese momento apuntaban a que en el segundo trimestre de 2020 habría una reducción del empleo de alrededor del 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.

El tercer informe que fue presentado el 30 de abril evidenció que hasta el segundo trimestre del año se han perdido 10,5% de las horas de trabajo en América Latina y el Caribe, lo que equivale a entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo.

Precisamente, el recuento final de las pérdidas anuales de puestos de trabajo en 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de las medidas que se adopten para mitigar sus repercusiones.

¿Cómo visualizan la situación laboral de las mujeres y jóvenes?

-Las epidemias y las crisis económicas pueden repercutir de forma desproporcionada en determinados grupos de población, y propiciar un aumento de la desigualdad; los jóvenes, que deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo, y son más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra, como se constató a raíz de la última crisis financiera mundial.

Las mujeres, a raíz de la amplia labor que desarrollan en los sectores más afectados (en particular el de los servicios), o por realizar un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia (por ejemplo, las enfermeras).

Según estimaciones de la OIT, el 58,6% de las mujeres que trabajan en todo el mundo lo hacen en el sector terciario, frente al 45,4% de los hombres.

Las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención.

Desde la perspectiva de la OIT, ¿qué sectores serán los más vulnerables?

-En la situación actual, las empresas de diversos sectores económicos, en especial las más pequeñas, se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido.

Las consecuencias para las actividades generadoras de ingresos son especialmente graves para aquellos trabajadores de la economía informal que carecen de protección. La economía informal contribuye al empleo, los ingresos y los medios de vida, y en muchos países de ingreso bajo y de ingreso mediano tiene un papel económico importante.

Sin embargo, los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social. Su situación es desfavorecida también en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud; en caso de enfermedad, carecen de sustitución de los ingresos.

 

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