Es imperativo que se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, particularmente de la población migrante en situación irregular en el país desde antes de la pandemia.
Así lo han manifestado instancias como La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones (Rednam) y otras organizaciones independientes y proyectos de Acción Social de la UCR mediante un comunicado que recuerda “la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos”.
La preocupación estriba en la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer al personal sanitario la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados.
Ello se estableció en una directriz del pasado 29 de mayo, la cual establece que ante “todo paciente indocumentado, se deberá realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de Migración y Fuerza Pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS. En caso de que se considere que está en peligro o riesgo la vida de la persona, se procederá a brindar los auxilios necesarios, contabilizando lo utilizado y de igual manera se solicitará la presencia de Migración y Fuerza Pública para lo que proceda una vez que se encuentre el paciente bien”.
El documento rubricado por organizaciones como la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Asociación Enlaces Nicaragüenses, Handmaids Costa Rica y Acceder señala, además, que tal disposición es contraria al Código de la Niñez y Adolescencia y a la Ley General de Salud, entre otras normativas nacionales.
También hacen notar que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de ellas ya integradas a sus comunidades, que incluso “tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación”.
El documento también se refiere a la conocida realidad de la explotación de la agroindustria de esa población migrante vulnerable, por lo que insta a las autoridades a “accionar según corresponda” ante las violaciones a derechos laborales, derechos humanos y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, “cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país”.
Tras pedir a la población respeto por la dignidad de las personas y que se abstenga de manifestaciones de xenofobia, racismo y discriminación, recuerda no sólo que Costa Rica tradicionalmente ha sido receptora de población migrante, sino que “existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación”.
Desde Ditsö, una de las organizaciones firmantes, Jeffery López denunció que a partir de la emisión de la citada directriz “se generan problemas serios de acceso a la salud de poblaciones vulnerables, como las mujeres embarazadas, cuya atención está cubierta por instrumentos internacionales de derechos humanos”.
“Creemos que negar la atención de salud a las personas migrantes puede generar un problema serio de subregistro de la COVID-19 y más bien crear focos de contagio, pues la gente no va a querer ir a centros de salud si les va a deportar, lo cual eleva el riesgo para las comunidades”.
López informó que en la zona se ha dado un exacerbamiento de la xenofobia, la cual ha encontrado campo fértil en situaciones de tensión social que se han dado desde antes.
Sobre el manejo de la crisis sanitaria, informó que Ditsö realiza un estudio diagnóstico y ha encontrado que en Guatuso se percibe que el foco de contagio gira alrededor de plantaciones agroindustriales y de que las empresas traigan a trabajadores migrantes en malas condiciones.
Explicó que en Upala se da una situación particular porque “es una comunidad más binacional”, pero se genera un problema porque “la gente no tiene información sobre la propuesta de crear albergues de contención del COVID-19, no se sabe si van a ser binacionales o si incluirá gente en condición irregular, hay mucha desinformación y mucho temor de que a las autoridades se les salga de las manos. La gente no sabe nada y se les pide que acepten los albergues”.
Aclaró que por ello en ese cantón ya se ve una polarización entre quienes aceptan y quienes rechazan los albergues.
También se refirió al problema de la explotación de la mano de obra y afirmó que se trata de todo el sector agroindustrial. Al respecto, dijo que se habla de empresas que levantan rótulos sobre todas las medidas para evitar contagios, pero que en realidad no las cumplen.
“Vemos con preocupación que la situación en Nicaragua puede generar un pico migratorio, no sólo migrantes políticos o económicos, sino migrantes de la pandemia en búsqueda de atención médica” alertó. Al mismo tiempo, recordó que en la zona muchas personas no tienen acceso a Internet, por lo cual quedaron sin el bono Proteger; “a mucha gente, además, no le llegó de forma regular, no hay trabajo y ya nos dicen que hay hambre, nos preocupa mucho que se profundice una crisis alimentaria”.
“Hermanos desde siempre”
El arquitecto y especialista en planificación territorial Danilo Saravia es un nicaragüense que en diferentes momentos de su vida ha residido en Costa Rica, como a inicios de los años 90, cuando estudió una maestría.
Desde 2018 se vio obligado a radicar en el país como exiliado, tras recibir amenazas por su participación en las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega.
Saravia se refirió al tema de la xenofobia y manifestó que gobiernos o grupos de interés “cuando les conviene la sacan de la gaveta”. Como ejemplo citó cacareadas consignas como “el río San Juan es nica” o “ la soberanía se defiende con armas en la mano”. También recordó que cuando cursaba su maestría entre 1992 y 1994 se dio la gripe aviar y “se quiso culpar a los nicas. Siento que hay olas de xenofobia, hace un año hubo una marcha y ahora hay otra ola, echándole culpa a los nicas (por el aumento de casos de COVID-19) y se hace una generalización incorrecta”.
Respecto de la directriz del Área de Salud de Los Chiles, dijo conocer casos en que ya se ha dado la deportación y se preocupó porque esa política pone en riesgo a personas que corren peligro del otro lado de la frontera.
“Muchos de los compañeros campesinos, sea por temor o por falta de información, cruzan la frontera, no solicitan estatus de refugiados y se van a trabajar a fincas. Ahora con esa medida algunas personas perseguidas pueden ser entregadas a las autoridades, lo cual pone en alto riesgo su vida o por lo menos su libertad”, lamentó.
Por ello, consideró que las autoridades no se han asesorado adecuadamente “para que las medidas no sean como las siento, sacadas de la manga”.
Sin embargo, agradeció con vehemencia “la solidaridad que el pueblo de Costa Rica siempre ha tenido con Nicaragua, pueblos hermanos desde siempre”.
