Costa Rica volvió a enrumbarse a unas elecciones nacionales sin haber solucionado la grave inequidad de los partidos en el acceso a recursos de propaganda, sin reducir la alta dependencia de encuestas electorales para obtener dinero ni hacer la tarea de cerrar al máximo las puertas a financiamiento de fuentes indebidas o criminales.
La campaña oficial arrancó el 4 de octubre y con ella los partidos pueden realizar gastos susceptibles a reembolso con dinero público, pero solo si logran un mínimo de votos el 4 de febrero o si alcanzan al menos uno de los 60 puestos en disputa (57 de diputados más la Presidencia con sus dos vicepresidencias).
Con un financiamiento público adelantado, que las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconocen como “raquítico”, y sin acceso a espacios seguros en medios de comunicación para emitir la propaganda, las agrupaciones se ven obligadas a salir a la calle en busca de financiamiento de personas particulares, en momentos de alta impopularidad de las organizaciones políticas.
Tampoco se ha eliminado la opción de emitir bonos para que sus compradores aporten dinero con la expectativa de recuperarlo después con el aporte estatal.
El monto que aportarán los contribuyentes será de ¢25.000 millones para estas elecciones, de los cuales el TSE solo puede adelantar el 15%, lo que obliga a las agrupaciones a salir a buscar fondos. En 2014 correspondió a cada partido solo ¢155 millones por este rubro.
“Con estos certificados de cesión de deuda se ha dado una perversión, porque los bonos valen lo que las encuestas dicen que valen”, reitera el Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón. En otros casos, algunas personas usan los bonos como forma de donación, pues compran los bonos sabiendo que será imposible recuperar su inversión por los votos que recibirá el partido.
Los bancos o posibles compradores de esos bonos se han basado en encuestas para considerar si vale la pena invertir en un partido u otro, lo que deja en desventaja a las agrupaciones que aparecen rezagadas en los estudios de preferencia, independientemente del resultado que logren después en las urnas.
Este problema se complica ahora que ha cambiado el panorama de las encuestas electorales y de los partidos. Es más complicado prever los resultados de las agrupaciones, y los prestamistas querrán minimizar el riesgo de inversión poniendo más requisitos o aumentando el margen de ganancia. No todos los partidos pueden asumir ese costo, reconoce Chacón en entrevista con este semanario.
El TSE y otros actores han fracasado en impulsar en la Asamblea Legislativa la aprobación de reformas que permitan aumentar el margen de adelanto de la contribución estatal o establecer “franjas electorales” en medios de comunicación. Estas garantizarían al menos un espacio mínimo para que todos los partidos pueden dirigirse a los votantes; se han insaturado en otros países, pero aquí han topado con resistencia de grupos políticos y de medios de comunicación.
La última reforma al Código Electoral se aprobó en el 2009. No incluyó la eliminación de los bonos, no aumentó el porcentaje de deuda adelantada y tampoco creó las franjas electorales, pero sí otorgó al TSE herramientas para el control del financiamiento.
Mediante esas herramientas legales el TSE abrió procesos que pasaron a tribunales y acabaron en condena para autoridades del Movimiento Libertario (ML), cuyo extesorero Ronaldo Alfaro está en la cárcel y para el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Su extesorero Meynor Sterling y su excolaborador Manuel Antonio Bolaños esperan que se resuelva una apelación para evitar también ir a prisión. A ambas agrupaciones las hallaron culpables de estafa al fingir gastos para intentar cobrarlos al TSE como deuda política.
Antes también hubo violaciones a reglas electorales pero no habían herramientas legales para castigarlo, recuerda Ronald Chacón, consciente de que este elemento podría resultar disuasorio ante la posibilidad de que otros partidos intenten simular gastos para dejar dinero de la deuda política en sus cuentas o en las de sus autoridades. “Es evidente que la reforma del 2009 nos dio dientes para sancionar”, dijo.
El entorno general, sin embargo, tiene más flancos abiertos en la parte de los ingresos que en los gastos. Nadie se atreve a garantizar un blindaje a recursos provenientes de sectores de interés económico, de fuentes extranjeras o incluso de negocios criminales como el narcotráfico.
“La inequidad trae en sí misma riesgos de este tipo. Somos conscientes de la situación y hemos propuesto reformas como aumentar a 50% la deuda adelantada o la creación de franjas electorales, pero ese tema sigue sin discutirse con la amplitud requerida en el Congreso”, comentó Chacón.
“Como lo hemos reconocido y lo han dicho organismos internacionales, tenemos un sistema donde no hay equidad, con una perversión de los bonos, que dependen de los resultados de las encuestas”.
TSE vigila propaganda en medios
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estrena en este proceso electoral un sistema de monitoreo de pauta publicitaria de los partidos para cotejar ese gasto con los ingresos que deben reportar estas agrupaciones y evitar fraude financiero por esta vía
El TSE contrató a la firma Kantar Ibope Media para que observe 39 canales de cable, cuatro diarios nacionales, 40 revistas, 39 frecuencias de radio, 10 canales de televisión abierta y 10 complejos de cine, además de vallas, tapias, mupis y kioscos en la Gran Área Metropolitana. Además harán 33 recorridos por 70 cantones del país para verificar en el terreno e incluso entrevistar a encargados de medios.
Los reportes de publicidad pautada se cruzarán con los estados financieros mensuales (obligatorios durante la campaña electoral) y de proveedores. Calculan que cubrirán el 90% del total de propaganda de esta campaña para elegir presidente y diputados. Estiman que esto representa casi el 40% del total de gastos de la campaña, pues la publicidad es el principal rubro de inversión.
Este monitoreo se estrenó como prueba en las elecciones municipales de 2016, pero nunca antes se había activado en elecciones generales.
Esta herramienta se suma a otras del TSE para vigilar el ingreso y uso del dinero. Para recibir informes mensuales, tienen acceso a las cuentas bancarias de las agrupaciones; así hacen análisis de solvencia de las personas que aparecen como donantes, proveedores, prestamistas o compradores de bonos.
