País urge aprobación de proyecto contra discriminación y xenofobia

Manifestaciones violentas de odio han causado preocupación este año.

Los actos de violencia que se presentaron en el contexto electoral –tanto para la primera como segunda ronda– contra personas de sexualidad diversa, así como más recientemente contra la población migrante, hacen que el proyecto de Ley Marco para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia sea cada vez más urgente.

Enrique Sánchez, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, manifestó que ese proyecto de ley es “urgentísimo”, pues en los últimos meses se ha presentado “un envalentonamiento de posiciones racistas, xenofóbicas, homofóbicas y demás en el país”, las cuales han encontrado “la libertad de ser expresadas incluso en manifestaciones en el centro de San José”.

El legislador –primer persona abiertamente homosexual en llegar a la Asamblea Legislativa– enfatizó que el hecho de que ese tipo de movimientos “se sientan con la legitimidad de expresarse tan abiertamente y llegar a expresiones de odio abiertas e incluso de violencia hace urgente que nos demos cuenta de que Costa Rica dejó de ser ese país donde reinaba como principio un respeto de todas las personas”.

Reformas

El proyecto se tramita bajo el número de expediente 20.174 y define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia” que busque “anular o limitar” el reconocimiento o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales consagradas en leyes nacionales o en el derecho internacional.

El texto detalla que puede estar basada en una amplia gama de motivos, como nacionalidad, edad, sexo, origen étnico racial, orientación sexual, identidad y expresión del género, idioma, religión, identidad cultural, afiliación gremial, opiniones políticas, origen social, posición socioeconómica o discapacidad; así como la condición migratoria, de refugio, de asilo o apátrida.

Además, incluye medidas como que las organizaciones de cualquier tipo que promuevan la discriminación, no serán reconocidas por el Estado. Establece prohibiciones de conductas discriminatorias en el campo educativo, como el uso de metodologías que promuevan o legitimen la discriminación.

En el campo de la salud, prohíbe la negación o limitación al acceso a información o servicios vinculados con el disfrute de los derechos sexuales o reproductivos, así como “obligar a una persona a someterse a tratamiento médico o psicológico con el fin de alterar o modificar su orientación sexual o identidad de género”.

Entre lo más significativo del proyecto de ley, figura una serie de reformas al Código Penal, que vienen a llenar importantes vacíos. Por ejemplo, añade un inciso 11 al artículo 112 sobre el homicidio calificado. Especifica la pena de 20 a 35 años de cárcel a quien dé muerte a una persona por pertenecer a un grupo racial, étnico, nacional o religioso, o definido por su edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, entre otras particularidades.

Otra reforma atañe al artículo 380, que tipifica y sanciona la discriminación. En este caso, endurece las penas, pues pasan de 20 a 60 días multa, a prisión de seis meses a dos años. Además, adiciona un artículo 380 bis, sobre la pertenencia a organizaciones de odio, y establece una pena de seis meses a dos años de prisión a quien forme parte de una organización “que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la discriminación”.

Sánchez informó que el proyecto aún debe superar el segundo día de mociones presentadas según el artículo 137 del Reglamento legislativo, tras lo cual debe regresar a la Comisión para tratar esas mociones y finalmente entraría al plenario de nuevo para recibir el segundo debate.

Añadió que ninguna fracción ha expresado oposición al proyecto, pero que, sin embargo, “tiene que enfrentar algunos prejuicios de visión de gente que pueda pensar que es un proyecto exclusivamente para la población LGBTI, por ejemplo”. Ante ello subrayó que el alcance del proyecto es amplio, “todo el mundo podrá ver sus preocupaciones reflejadas”.

Enormes omisiones

Patricia Mora, actual presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), fue diputada durante el periodo anterior e integró la Comisión de Derechos Humanos cuando el proyecto fue dictaminado.

Recordó que la iniciativa fue impulsada por Sandra Piszk, Epsy Campbell, Maureen Clarke y ella, como una versión mejorada de un proyecto anterior presentado durante su primera gestión por el hoy diputado José María Villalta.

Mora observó que el Código Penal vigente tipifica y sanciona el delito de discriminación, “pero esa norma contiene enormes omisiones”, pues excluye consideraciones de tipo étnico, de idioma, de origen nacional, de orientación sexual o identidad de género y estado de salud o discapacidad. “Por eso, la necesidad de que este proyecto de ley marco sea aprobado”, puntualizó.

Reflexionó además que “las mujeres somos vulnerables entre los vulnerables”, por lo que espera se vean beneficios de “cualquier iniciativa parlamentaria, cualquier regulación de nuestro marco jurídico que apunte a fortalecer los mecanismos en defensa de los derechos humanos”.

Así, aseveró que la aprobación de este proyecto “vendría a apuntalar las medidas para erradicar la violentación de la dignidad humana en términos generales, y a contribuir a que las mujeres tengamos más instrumentos jurídicos para exigir nuestra plena inclusión en la sociedad costarricense, que nos es negada porque tenemos disminuidos nuestros derechos ciudadanos”.

Desde el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) –organización que lucha por la plena igualdad de las personas LGBTI–, Janekeith Durán juzgó el avance de esta iniciativa como “muy importante” ante la falta de una ley que realmente combata la discriminación y la intolerancia.

“Es realmente necesario tener un proyecto de ley cuyo sentido sea precisamente proteger los derechos de igualdad y no discriminación”, señaló. Observó que si bien desde el FDI la preocupación se dirige hacia la población LGBTI, subrayó que esta iniciativa “protege a todas las personas, en el sentido de que ninguna puede ser discriminada, sea por su etnia, su posición socioeconómica, si se trata por ejemplo de pueblos indígenas o personas afrodescendientes”.

Destacó que la ley obligaría al Estado a establecer una política de promoción de los derechos humanos, además de las reformas al Código Penal que tipifican los delitos mediados por una motivación de discriminación o intolerancia.

“No es lo mismo hablar de un homicidio cuando media una razón de discriminación por orientación sexual, o por motivos de racismo o el hecho de ser una mujer indígena, por ejemplo”, acotó al respecto.

Durante la campaña presidencial el FDI llevó registro de reportes de violencia contra la población LGBTI. De acuerdo con Durán, en el periodo entre la primera y segunda ronda electoral lograron contabilizar 39 casos de violencia física o verbal. Recordó que el Estado no cuenta con estadísticas oficiales al respecto, precisamente porque esos crímenes de odio aún no han sido tipificados en la legislación.

“Todas las leyes o políticas afirmativas para poblaciones que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad son necesarias en tanto permiten derechos, aunque sean transitorios, para poder gozar de una vida digna”, manifestó Jeanneth Cooper.

Ella es la comisionada de la Presidencia para asuntos de la Afrodescendencia, y observó que “en los últimos tiempos se han exacerbado odios, resentimientos y cosas que no pensábamos que el tico promedio tenía tan a ras de piel”.

Agregó que ello reafirma la necesidad de contar con “un buen marco normativo” al que se pueda recurrir no solo en la sanción de ese tipo de conductas, sino para la incorporación de acciones de prevención. “Esto quiere decir poder trabajar con la comunidad nacional en temas de sensibilización, de reforzar valores que estamos perdiendo o no se les da tanta fuerza como en otros tiempos”, dijo.

Tras indicar que hay otras iniciativas de ley que apuntan hacia la promoción de una convivencia más sana y pacífica, Cooper subrayó la realidad de que el racismo es palpable por ejemplo en el uso de epítetos según el color de piel para referirse a las personas, aunque también destacó el racismo que se puede ver “de forma cruda, directa, abierta” en los estadios de fútbol.

Sin embargo, llamó la atención a que las manifestaciones más solapadas del racismo y la discriminación “muchas veces cierran oportunidades a una parte de la población muy importante, que es la afrodescendiente”.

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