El país actualmente enfrenta un estancamiento en cobertura de educación superior, el cual podría generar un mayor riesgo de rezago en la atención de los desafíos del desarrollo humano sostenible, especialmente los relacionados con la inclusión social y productividad, revela el Octavo Informe del Estado de la Educación 2021.
Según los resultados del informe publicado el pasado 1 de septiembre, la cobertura de la educación superior creció durante la segunda década del siglo XXI; sin embargo, esa expansión fue lenta, tanto comparada con las tendencias recientes de la cobertura en secundaria como con la evolución de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a la que el país ingresó en 2021.
Esto se explica en el hecho de que la proporción de jóvenes con secundaria que accedió a la educación superior disminuyó de 63% en 2010 a 57% en 2020. En la última década, la proporción de personas de 18 a 24 años que ha accedido a la educación superior (graduadas o no) en Costa Rica creció de 29% en 2010 a 34% en 2020, en tanto el porcentaje que en ese grupo de edad había completado la secundaria subió de 46% a 60%.
Por otro lado, la brecha con respecto al promedio en países de la OCDE se amplió de 5,4 a 13,6 puntos porcentuales entre 2010 y 2019, con una leve mejoría entre 2018 y 2019.
“Estas lentas mejoras sugieren que la educación superior costarricense ha llegado al tope de cobertura de su mercado natural y que nuevas ampliaciones en el acceso a este nivel serán viables solo si se aumentan las posibilidades para grupos de la población históricamente relegados”, se lee en el informe.
A esto se suman la matrícula en universidades privadas que ha estado cayendo desde 2014 (aproximado con datos de asistencia por tipo de universidad que recoge la Encuesta Nacional de Hogares) y las limitaciones institucionales (universidades públicas) o de mercado (universidades privadas), lo que dificulta la oferta de una cantidad significativa de nuevos cupos cada año.
El problema es profundo, señala el Informe, pues la expansión de la cobertura de la educación superior también depende de la manera en que se resuelvan los graves déficits de formación en la educación preuniversitaria, las deficiencias en cobertura y calidad de su servicio, la desigualdad de ingresos de la población, las brechas de equidad entre regiones y un mercado laboral que, por ahora, no presiona para ampliar la demanda de profesionales.
Asimismo la evolución demográfica del país tiene efectos directos sobre la cantidad demandada de educación. Esto significa que conforme los grupos de personas jóvenes empiecen a disminuir, no habrá mayor presión por esta vía para nuevos cupos en la formación universitaria.
De acuerdo con las investigadoras del Estado de la Educación, Valeria Lentini y Marcela Román, para avanzar es necesario que las universidades fortalezcan las estrategias, principalmente las públicas, tales como las becas socioeconómicas para impulsar una inclusión social que permita un mayor acceso a personas con barreras socioeconómicas.
“El informe vuelve a plantear que tenemos un problema serio de baja cobertura. Indicador sintético que muestra lo lento que vamos en términos del nivel esperado del logro educativo en población adulta y del avance hacia una aspiración de mayor cobertura”, externó la investigadora del Estado de la Educación, Marcela Román.
Baja en titulación en universidades privadas
Otro importante hallazgo del octavo informe es que existe una baja en el número de títulos otorgados por año, tanto a nivel de grado como de posgrado, especialmente en las universidades privadas. Por ejemplo, la participación privada en el otorgamiento de títulos cayó de 75% a 69% del 2014 al 2018, con un leve repunte en 2019.
La composición por área del conocimiento de la titulación muestra variaciones que reducen una mayor graduación en áreas de educación y ciencias sociales en favor de algunas carreras STEM.
En las áreas de Educación y Salud se estancó el crecimiento de la titulación, lo que amplía brechas territoriales y de género. Los títulos de grado en Educación pasaron de representar el 30% en el 2000, al 24% en 2019; y los de Ciencias Sociales del 17% al 14%, respectivamente.
La misma caída se dio en el área de Ciencias de la Salud, que pasó de un 15% en títulos de grado y 30% de posgrado en 2015, a 12% y 11%, respectivamente en 2019.
Estas tres áreas tienen en común que el principal empleador es el sector público (Educación y Salud), la titulación está concentrada en mujeres, la acumulación de títulos por persona es mayor al promedio y que son áreas en las que se concentran los contratos temporales para sus graduados (Educación y Salud). Además, la oferta de carreras y de empleo son particularmente importantes fuera de la Región Central, sobre todo en Educación (brechas territoriales).
En contraste, la cantidad de títulos de grados en Ciencias Económicas e Ingenierías-Computación aumentó para 2019 un 52% y 165%, respectivamente, en relación con las cifras de 2010. Estas áreas de conocimiento tienen una mayor estabilidad laboral de sus graduados, y en el área de las Ingenierías los ingresos son los más altos, señala el informe.
El informe destaca también una marcada segmentación de títulos por sexo, según el área de conocimiento. Aunque la participación de las mujeres en Educación ha disminuido, sigue siendo alta (72% en 2019); mientras que en Ciencias Económicas se ha acentuado (64% en 2019).
En las carreras de ingenierías y computación la titulación de mujeres sigue siendo la más baja de toda la educación terciaria, con un 32% de los grados en 2019. La combinación de las tendencias podría tener un efecto en la futura participación de las mujeres en el mercado de trabajo, tradicionalmente más vinculadas a carreras en áreas de Educación y Salud.
