Cada año, el país invierte entre un 1% y un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en reconstruir y rehabilitar infraestructura dañada por desastres, un monto que podría reducirse a la mitad si el país decidiera trabajar desde un enfoque de prevención del riesgo, indicó el geógrafo e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), Adolfo Quesada Román.
Se calcula que un 1,5% del PIB de 2023 podría ascender aproximadamente a ¢718.480 millones.
Quesada explicó que ese gasto ha ido creciendo en los últimos años y es un porcentaje que no se está usando en otras áreas, como salud, educación, vivienda o infraestructura en general. Un estudio del geólogo Allan Astorga publicado por el Estado de la Nación en 2010, situaba este gasto en un 1% del PIB.
En la región centroamericana, este monto oscila entre un 2% y un 4% del PIB anual, solamente en reconstrucción, indicó Quesada.
El geógrafo aclaró que el dato de cuánto gasta el país en esta reconstrucción surge de los reportes de impactos económicos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y lo que ha integrado el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) por sector económico, sobre cada desastre.
De los tres grandes terremotos más recientes en el país –Limón, Cinchona y Nicoya- el sector económico más afectado ha sido el sector eléctrico. Mientras que de los 16 desastres hidrometeorológicos más grandes que hubo entre 1988 y 2020, el sector más impactado fue la red vial y los puentes, especificó Quesada.
Un enfoque reactivo, en lugar de preventivo
Según datos de las Naciones Unidas citados por Quesada, por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran entre $3 o $4 en pérdidas que se tendrían de no hacerlo.
Quesada explicó que en el país tenemos un enfoque de riesgo “reactivo”, en el cual simplemente sucede algo y vamos y atendemos.
“Pero hay un enfoque de gestión de riesgo que debería ser preventivo, con un plan de gestión de riesgo por municipalidad a nivel país que señale las zonas peligrosas; cómo tenemos que capacitar a la gente para que esto no pase; dónde se debe invertir, de manera que no se ponga en riesgo esa inversión a futuro, según las condiciones físicas, de cambio climático, sísmicas y eso va muy de la mano del ordenamiento territorial”, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Si yo invirtiera la mitad de ese dinero en hacer ordenamiento territorial eficiente, disminuiría un montón la exposición; es decir, gente que vive en zonas riesgosas, peligrosas”, agregó.
Quesada publicó el estudio “Evaluación del riesgo en asentamientos informales en el Sur Global”, que concluyó que aquellos cantones con más asentamientos informales de la Gran Área Metropolitana (GAM) también concentran los asentamientos con mayor riesgo de desastre, por inundación, deslizamientos e incendios.
El investigador también comentó que el desarrollo inmobiliario en Costa Rica se ha venido dando de acuerdo con lo que propone el mercado, y no por una ley que contemple los elementos vitales en materia de ordenamiento territorial.
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