País espera diálogo abatido por desconfianza y las heridas de las protestas

Casi dos años después de aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como el “Combo Fiscal”), el mismo Gobierno enfrenta un segundo proceso para intervenir la política fiscal y, finalmente, conciliar los reclamos de quienes no quieren pagar impuestos y quienes, en la devastación económica de la pandemia por COVID-19, no pueden hacerlo.

La vía será un “diálogo multisectorial”; un segundo intento del Gobierno por reunir voceros legitimados de sectores sociales y económicos, que se suma al diálogo —avalado por el Ejecutivo— que también impulsa la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.

¿La diferencia? La última encarnación del diálogo tiene en el medio al director del Estado de La Nación, Jorge Vargas Cullell, quien tiene el compromiso de coordinar un diálogo fiscal y económico, además de la carga de mantener la “paz” luego de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Fuerza Pública, uno de los cuales culminó con gases lacrimógenos frente a Casa Presidencial esta semana.

“La desigualdad es un cultivo muy fuerte para el enojo, la frustración y la violencia”, analiza la investigadora Carmen Caamaño, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica.

“Estamos viendo gente que sigue demandando más impuestos para los sectores más empobrecidos, pero que no quieren pagar un cinco. Sabemos de largas historias de compañías que se declaran sin ganancias para no pagar impuestos. Tenemos grandes contradicciones en el seno del Gobierno, que profundizan el enojo, la desigualdad, la frustración de la gente, con un Presidente incapaz de manejar los conflictos”, dijo Caamaño a este semanario.

En ese escenario, la Presidencia enfrenta desacreditaciones y desconfianzas, pero ofrece la garantía de que este diálogo sí brindará acuerdos.

Según dijo el presidente Carlos Alvarado en cadena nacional el 11 de octubre, los actores que eligió el Estado de La Nación tienen cuatro semanas para entregar resultados (son 25 asientos de 11 sectores que, hasta la fecha de cierre, aún no tenían nombres propios).

La alternativa del Presidente es que “en aquellos asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios”, y lo mismo ocurrirá “si con los acuerdos no se logra alcanzar, demostradamente, los objetivos de política” que se proponen.

¿Cuál es el objetivo? Para el Estado de La Nación se trata de “una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en el déficit primario del Gobierno Central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB)”.

Es decir, los participantes están condicionados, sí o sí, a resolver un problema lastre del Estado: el déficit entre la erosión de la recaudación tributaria y el crecimiento del gasto público. La historia política señala que es la redundante incógnita de al menos cuatro administraciones desde el 2002.

“Eso es una novatada de sus asesores o del Presidente. El Presidente no puede convocar a un diálogo y amenazar a posibles interlocutores de que, si no se ponen de acuerdo, él va a tomar las decisiones a como le plazca, porque, aunque quisiera hacerlo, no lo puede hacer. No tiene, en este momento, ni la confianza, ni el capital político”, analizó para UNIVERSIDAD el economista y catedrático de la Universidad Nacional, Leiner Vargas.

A tres días de la primera cita en el Estado de La Nación, ubicado en el edificio del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Rohrmoser, hay reglas enunciadas y participantes seleccionados. Pero todavía son inciertas las voluntades de cada eslabón de dicho diálogo.

Diálogo multisectorial pero sin voz de protesta

Hay 25 asientos en la mesa que Jorge Vargas Cullell coordinará este sábado en Conare. Hasta ahora, ninguno tiene el nombre propio de personas de comunidades que participaron en manifestaciones y bloqueos.

“Si a alguien le corresponde invitar a Rescate Nacional en un proceso de diálogo debe ser al Gobierno, que son contra quienes están protestando, ¿o no?”, dijo la economista y directora de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (Canaess), Montserrat Ruiz.

Canaess forma parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, instancia que comenzó un proceso de diálogo el lunes 12 de octubre. De allí saldrá un quinto de las personas que participarán en el diálogo diseñado por Vargas Cullell.

Desde distintos lugares políticos y sociales también se acumulan quejas sobre la representatividad de los sectores económicos. Por ejemplo, ¿por qué no participan personas de la producción cultural o de las pequeñas empresas?, ¿por qué no se incorporan voceros de las comunidades indígenas y afrodescendientes ni las mujeres?.

“Lo hemos hablado en otras oportunidades con UNIVERSIDAD. El principio de paridad de género debe prevalecer en ambos espacios. El Gobierno tiene que poner en la participación de esos actores y actrices a la paridad de género”, afirmó Ruiz.

Según se informó a UNIVERSIDAD al cierre de este artículo, la cámara de empresarios Uccaep está indecisa de participar y analiza “las condiciones del diálogo y la participación que tendría el sector empresarial”.

Las federaciones estudiantiles están en proceso de seleccionar su representante, igual que lo está el Foro de Mujeres del Inamu, “constituido por treinta y tres organizaciones no gubernamentales” que trabajan temas de “mujeres pescadoras, campesinas, urbanas de sectores populares, trabajadoras domésticas, académicas y amas de casa”, según un comunicado de prensa.

En un video de Facebook, Jorge Vargas Cullell, señaló que la “aritmética de las sillas está impidiendo ver una cosa fundamental de toda la iniciativa, que existe un conjunto de garantías y válvulas de seguridad”.

No obstante, entre las garantías enumeradas no existe una rendición de cuentas del proceso hacia la ciudadanía.

Agendas ocultas, legitimidad y desconfianzas

Vargas Cullell, como intermediario, definió discreción para las discusiones de la mesa. No habrá transmisiones en directo, como sugirieron los diputados en una reunión del lunes. Las fracciones de la Asamblea Legislativa observarán el diálogo en un cuarto adjunto, sin facultad de intervenir en lo que se converse.

Los analistas consultados advirtieron sobre problemas con la transparencia. El Gobierno frenó la propuesta económica que presentó el 17 de setiembre; pero, por otro lado, se informó a este medio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa recibiendo información del Ejecutivo. Pese a que los manifestantes piden anular la relación con el FMI, el vínculo parece inevitable porque el organismo económico aprobó un primer crédito por $504 millones para la emergencia y el dinero ya se erogó.

En ese escenario, el economista Leiner Vargas fustigó que el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, autoridad monetaria del país, está ausente del diálogo y eso suma a la desconfianza de los actores gubernamentales.

“¿Hay otra mesa de negociación que nosotros no conocemos? ¿Otra vez más se va a negociar tras bambalinas? ¿O de verdad hay sinceridad en el discurso del Presidente de que se discuta y apruebe en la mesa que se va a poner en ejercicio?. Yo, con los años que tengo, y el escaso olfato político que tengo, me parece que hay una doble agenda. Si eso es así, la mesa de diálogo está condenada al fracaso”, advirtió Vargas.

Vargas también cuestionó el papel de Vargas Cullell como intermediador, porque no tiene experiencia previa como mediador de conflictos y porque, en su columna de opinión regular en el diario La Nación, “ha expresado criterio en contra de lo público y de los empleados públicos”.

“El mismo Jorge Vargas ha tenido posiciones políticas claras, en función, no de los intereses colectivos, sino en función de las demandas que nos han hecho organismos internacionales”, afirmó Carmen Caamaño del IIS. Puso de ejemplo una columna sobre salarios públicos y destacó que Vargas “ha permitido mitificar el tema salarial en el sector público, no ha profundizado en una crítica y, más bien, favorece con sus informes un statu quo para sostener esta situación de desigualdad”.

Caamaño también cuestionó la presencia de empresarios y voceros de sectores influyentes en el Gobierno y en juntas directivas del Estado y describió al presidente Alvarado como alguien que “no tiene capacidad para dialogar con gente que no sea de su clase ni con de la burguesía”.

“No es capaz de sentarse con un campesino y preguntarle cuál es su conflicto”, añadió.

La desigualdad es el vértice que los analistas consultados en este artículo identifican como punto de quiebre para la desconfianza social. Esa presión, ahora, también suma los problemas de salud y trabajo provocados por la pandemia.

“Este diálogo lo venimos pidiendo desde hace más de cuatro o cinco meses. Se tiene que buscar que sea inclusivo, multisectorial, transparente, con una metodología adecuada, con estos mediadores que se necesitan y con la credibilidad. Debe estar el pueblo muy vigilante de que se brinden las condiciones para un diálogo realmente productivo”, afirmó Montserrat Ruiz.

Sin embargo, la productividad de los diálogos está expresamente comprometida con los objetivos fiscales trazados por Vargas Cullell.

Es decir, si los invitados no resuelven cómo recuperar 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario y 8 puntos porcentuales del PIB para liberar la deuda pública, la discusión social vuelve al punto cero: a las ideas de impuestos que ya se esbozaron el 17 de setiembre; al país inflamado por el resentimiento, pero en silencio.