País entra a “economía de guerra” sin claridad en subsidios por desempleo del coronavirus

Cuatro economistas explican cómo aislar a la población mientras el país invierte agresivamente en salud curativa: urgen transferencias de dinero y políticas solidarias de trabajo.

En su segunda semana de estado de emergencia, Costa Rica aplica máximas condiciones de aislamiento, aun sin girar dinero público para personas o empresas. ¿Es posible sostener la contención sanitaria sin apoyo económico del Estado?

El Gobierno responde que valora un único subsidio por la afectación del Covid-19, también conocido como coronavirus.

“Se está valorando que las personas beneficiarias serían aquellas cuyo motivo de despido, suspensión laboral o reducción de jornadas se enmarque en el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Nacional”, aseguró la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en respuesta a una consulta de UNIVERSIDAD.

Las últimas instrucciones sanitarias son que la mano de obra, adulta y adulta joven, debe permanecer en casa para mitigar el contagio comunitario.

Mientras tanto, la actividad comercial del país que no está estrictamente relacionada con necesidades básicas (como alimentación y salud) enfrenta la parálisis de la demanda y la caída en facturación. Pareciera obvio: quedarse en casa no genera dinero y no genera empleo.

“Las cosas llegan a la gente a través de una cadena de actividad comercial, por medio del consumo. Si yo paro el consumo, esa cadena deja de moverse y no me crea empleo”, explicó el economista y ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

“Es el típico caso de una economía de guerra. La base productiva se detiene y, entonces, empezamos a tener problemas de intercambio”, amplió Rodríguez.

La palabra “guerra” no es antojadiza. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) piden a los países que apliquen política pública para flexibilizar la normativa tributaria, “ayudas directas” y “transferencias monetarias, subsidios salariales”.

“Las transferencias de recursos para alimentos es como lo básico. El otro tema es que las instituciones financieras, de cualquier tipo, formales e informales, colaboren para, por lo menos, darle un poco de alivio a la población que está endeudada”, describe la coordinadora del Observatorio Económico y Social en la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales.

Morales responsabiliza al Gobierno de dar seguimiento para que las ayudas sean distribuidas “de la mejor manera” y a las municipalidades de tener “un acceso más directo” a la información de la crisis.

Fuera de los escenarios locales, el secretario general de la OCDE urge “un esfuerzo moderno y global similar al del Plan Marshall y al del New Deal combinados” —refiriéndose al plan que recuperó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y al que reactivó la economía estadounidense durante la Gran Depresión, ambos con amplias ayudas sociales para necesitados, contrataciones para obra pública e inversión en producción agrícola para asegurarse alimentación.

Sin embargo, estos dos planes públicos surgieron como réplica de caóticos conflictos sociales del siglo XX, a diferencia de la pandemia del presente.

En una época distinta, las economías de guerra no tenían servicios virtuales, su intercambio comercial dependía del contacto físico y de trabajadores poco tecnificados o profesionalizados.

Otra gran diferencia con estas economías, según el economista Fernando Rodríguez es que “no estamos destruyendo la base productiva, sino restringiendo a la gente para que no compre, porque no le estamos dando chance de salir o tener actividades”.

“En ninguna de las anteriores crisis de Estados Unidos, ni en el crash de 1929, ni en las guerras, se vio este fenómeno del sector alimenticio, el de los restaurantes, nunca en la vida se había paralizado”, observa Rodríguez.

“(La pandemia) es una situación muy particular en la que la única manera que haya una recuperación posible, y que exista la posibilidad de que se sostenga en el tiempo, es que esto se revierta”, afirmó Rodríguez.

Resolver salud para asegurar empleo

Inmersos en una situación de salud inédita, el empleo y el consumo dependen del ciclo de la resolución sanitaria, de forma que la población trabajadora regrese sana y segura a la normalidad.

Al tiempo que predice una “recesión tan mala como la crisis global (del 2008) o peor”, el FMI pide “contención” y “fortalecimiento de los sistemas de salud”.

El Gobierno tico anunció el jueves de la semana pasada su propio plan de políticas públicas, que se resume en proteger. Con cuatro proyectos de ley, la Presidencia anunció liquidez de ¢1 billón (o mil millones de millones) para garantizar la operación Estatal.

VER RECUADRO: ¿De dónde viene y hacia dónde va la plata del Estado?

“Con el billón no va a alcanzar. Una parte de ese billón, ¢600.000 millones (60% del total) son para gasto social”, aseguró el economista e investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA, Henry Mora. El otro 40%, según Mora, irá a salud curativa de la CCSS.

Cinco de los nueve proyectos que el Ejecutivo ha convocado son para dotar de dinero al Estado. Otras medidas son de alivio fiscal, reducción de pago de planilla y contribución (flexibilización laboral), reducción a costos de venta (datáfonos) y perdón para morosos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pero hay más de 26 proyectos presentados en las últimas semanas que no aparecen en las convocatorias de Gobierno.

Mientras tanto, los diputados colaboran en mesas de trabajo para proyectos de ley en temas de alquileres, moratorias para créditos y la entrega del Régimen Obligatorio (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a trabajadores.

“Un billón se queda corto porque no contemplaron inicialmente a los informales: cuentapropistas (poco más de 473.000) y otros 600.000 de microempresas”, explicó Henry Mora.

Para el economista, los desafíos del Gobierno son detener el contagio, evitar que la economía colapse e “impedir los despidos masivos”.

Antes de la crisis, más de 309.000 personas eran desempleadas.

“Creo que hay un tema de inclusión que se está perdiendo en materia de empleo. Hay una línea donde no se está discutiendo la oportunidad de fortalecer estas organizaciones de emprendimientos asociativos como mecanismo de generación de empleos paralelos a las pérdidas”, dijo la directora de la Cámara Nacional de Economía Social y Solidaria (CANAESS), Montserrat Ruiz.

Cooperativas, asociaciones solidaristas, fundaciones y otros emprendimientos solidarios pueden redirigir la mano de obra libre hacia el trabajo que requiera la emergencia, entre esos cambios.

Para los desempleados tecnificados y profesionalizados, los economistas urgen “transferencias” para sus necesidades de supervivencia, lo urgente en el confinamiento hogareño.

El economista Henry Mora aseguró que el Gobierno está preparando un “subsidio” para darle liquidez a desempleados, cada ayuda sería de ¢270.000 mensuales. Sin embargo, no se han anunciado aún las transferencias de este dinero y el Gobierno mantiene en silencio los porcentajes destinados a la ayuda específica.

¿De dónde viene y hacia dónde el ¢1 billon del Estado?

¿Qué lo conformaría? ¿Hacia dónde va la ayuda?
$500 millones (¢284.000 millones) del préstamo con la Corporación Andina de Fomento o CAF, aprobado por Congreso.

 

¢12.000 millones de impuestos a pensiones de lujo, pendiente de formalizar en Congreso.

 

¢226.145 millones de los superávits de 13 instituciones públicas.

 

$230 millones (¢130.000 millones) de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Plan de Descarbonización.

 

Impuesto a los ingresos del Instituto Nacional de Seguros (INS) del 2020 en adelante.

Personas que pierdan, disminuyan o vean suspendido su empleo por el Covid-19.

 

Empleadores y trabajadores independientes que vean afectado sus negocios por el Covid-19.

 

Apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social para la compra de insumos y equipo (al menos ¢33.000 millones para amortizar reducción de contribuciones de la CCSS).

 

Apoyo a programas sociales que vean afectado su flujo de recursos.

 

Pago o reestructuración en condiciones más favorables de la deuda del Estado.

 

Políticas activas de empleo.

 

Fuente: Ministerio de Planificación y sistema de información de la Asamblea Legislativa.



 

SUSCRÍBASE A LA EDICIÓN SEMANAL EN FORMATO DIGITAL.₡12.000 / añoPROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

0 comments