País débil en prevención de embarazos a temprana edad

Niños y jóvenes se encuentran en condición de vulnerabilidad, miles no estudian ni trabajan, otro tanto se encuentra en situación de pobreza y la exclusión escolar afecta a los más desprotegidos.

Antes de cumplir los 18 años, un 67,9% de los hombres y un 51,4% de las mujeres ya han tenido relaciones sexuales, así como un 22% de los hombres y un 11,2% de mujeres, inician su actividad sexual antes de los 15 años, así lo reveló el VII Informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).

El mayor problema es que la educación sexual y de salud reproductiva sigue rezagada y muchos de ellos tienen relaciones sin protección, lo que incide en los embarazos tempranos.

De acuerdo con Dina Espinoza, coordinadora del informe, aún hay muchos casos de niñas menores de 15 años que están teniendo hijos con adultos, los cuales les llevan incluso hasta 10 años.

“Estamos viendo que hay una seria problemática en la atención que ponen los padres a estas niñas y jóvenes, al mantener relaciones con hombres mayores que ellas se les están quitando las posibilidades de superarse, de hecho, muchas de ellas están en manos de agresores”, indicó Espinoza.

Esto es en definitiva un atentado a los derechos de las niñas y jóvenes, un tema que el país no ha podido resolver, a pesar de contar con una legislación que penaliza a los adultos que se relacionan sexualmente con menores.

Claro está que las madres adolescentes o niñas ven complicada su situación de vida, pues entran en una cadena de exclusión social; en su mayoría deben abandonar sus estudios, estar expuestas a humillaciones y maltratos.

Espinoza explicó que hay una problemática en las familias, pues falta responsabilidad asumida por parte de sus miembros, padres, madres o cuidadores que están muy ocupados tratando de generar ingresos, de manera que los niños y jóvenes no tienen espacios para compartir, hay desatención y ruptura de la comunicación.

Hay un total de 181.439 de niños y jóvenes que no estudian, ni trabajan, es decir se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, expuestos al riesgo que significan las redes delictivas para la explotación sexual y el narcotráfico.

“El Estado tiene que retomar el compromiso de que todas las instituciones respondan en la formación y concientización de las familias, entrarle al tema de la educación sexual integral, para el empoderamiento de los jóvenes respecto a su vida, además para reducir los altos índices de violencia y castigo”, señaló la experta.

Cultura del golpe

Las familias costarricenses aún consideran que es bueno pegarles a los niños. Es bien visto el castigo físico como una forma de educar. De acuerdo con las investigaciones del EDNA, estudios demuestran que un 57,2% de las personas considera que a veces es necesario golpear para establecer disciplina.

Además, un 75% de la gente considera que un par de nalgadas, en algunos casos, es necesario para que los menores se comporten y ven como merecido el castigo físico recibido en la infancia.

No obstante, indica el informe que hay una serie de efectos negativos asociados a estas prácticas, como la disminución de la internalización moral y motivación interna de los niños y jóvenes, aumenta la agresión, distorsiona la calidad de las relaciones entre padres e hijos, al generar miedo, ansiedad y cólera.

También está asociado a la depresión en la adolescencia, a sentimientos de inseguridad, humillación y dependencia y legitima el uso de la violencia y la agresión en futuras relaciones de pareja o con los propios hijos.

Los datos de la investigación evidencian que los niños que más sufren estas situaciones son menores de cinco años y se castiga un poco más a los varones y temperamentos como hiperactividad, agresividad y bajo autocontrol generan más castigo físico.

Un 52% de varones han experimentado disciplina violenta, lo mismo que un 39% de mujeres. De hecho, en los registros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el 2013 se atendieron 12.935 menores de edad por conflictos familiares, negligencia y maltrato físico.

“La lucha por disminuir el castigo físico y, eventualmente, erradicarlo, constituye un desafío que va más allá de las leyes, las cuales son necesarias, pero no suficientes. Se requiere de programas intensivos que aborden, desde su origen, las creencias culturales, las faltas de información y de orientación sobre formas alternativas de abordar los problemas de conducta o disciplina de los menores”, añadió Espinoza.

Las principales recomendaciones del EDNA sobre cómo mejorar la situación del castigo físico, giran en torno a educar a los progenitores para usar el diálogo, diseñar campañas, aprender nuevas estrategias para corregir y, simplemente, no utilizarlo como recurso para disciplinar.

Educación con retos

En materia educativa el informe presenta una serie de avances, pero que no se dan de forma igualitaria, pues las brechas socieconómicas y de discriminación por condición cultural, género, etnia, discapacidad o maternidad temprana repercuten en el acceso a la educación formal.

Para la coordinadora del informe sí hay problemas evidentes, pues la asistencia a la educación formal en los últimos años ha disminuido, sobre todo en primaria, que pasó del 98% en el año 2010 al 93,3% en el 2014, aunque en secundaria sí se dio un leve incremento del 67,7% al 70%, respectivamente.

“Es preocupante que en primaria se esté dando esta disminución, pues es precisamente en la edad en la que se pueden generar rupturas sociales, esa población que no asiste a un centro educativo, no se censa, ni se le mide talla y peso o se les brinda acceso a oportunidades”, indicó Espinoza.

Por otra parte, la cobertura en etapa preescolar, de los 4,3 a los 5,3 años sigue siendo baja, solamente del 60,6%, lo que es muy negativo, pues esta población no está generando destrezas.

Adicionalmente, en materia de secundaria, a pesar del aumento en la cobertura, del total de jóvenes que ingresaron al III ciclo en el 2013, solamente el 50,5% logró graduarse de bachillerato, una situación que se explica por el nivel de deserción y repitencia que hay en el sistema educativo. Lo cual se convierte en un verdadero problema para el sistema, pues de ello depende la ruptura de los ciclos de pobreza de las futuras generaciones.

Otro dato muy relevante en materia educativa, es que cuando se trata de niños y jóvenes migrantes la exclusión es mayor, pues tienen el doble de posibilidades de no asistir a un centro escolar.

El informe presenta que la no asistencia de niños no migrantes a centros educativos es de 11,8%, mientras que de los migrantes es de 23,5%. Y peor aun si se trata de menores indígenas, pues la tasa de no asistencia de esta población es del 20,2%.