País busca soluciones para la pesca de atún

Mientras el sector de la pesca industrial con red de cerco critica las medidas adoptadas por el Gobierno para limitar esa actividad, los pescadores locales las aplauden por reducir lo que consideran “competencia desleal”.

Costa Rica es uno de los países que más consume atún en el continente, sin embargo no cuenta con un flota pesquera propia que acceda al recurso mediante el método de red de cerco y, además, solo existe una empresa enlatadora a nivel industrial.

El atún como recurso es buscado tanto por una flota industrial extranjera de cerco como por pescadores locales, quienes recurren al método del palangre: una línea de pesca larga con varios anzuelos. Mauricio González, vocero del sector palangrero, expresó que los pescadores atraviesan una “situación socioeconómica muy crítica”, a lo cual se suma la realidad del cambio climático.

Apuntó al respecto que “el recurso atún puede ayudar a salir de esa situación, pero no lo estamos pescando nosotros”, pues según dijo enfrentan la “competencia desleal” de la flota extranjera de cerco, la cual cuenta con mejor tecnología y maneja volúmenes de captura mucho mayores.

Según explicó, mediante la técnica del palangre, el pez decide si come o no y depende de muchas condiciones para que se pegue del anzuelo, en cambio con el cerco con solo ver manchas de atunes a través de un helicóptero o lancha rápida, encierran al atún en la red.

En vista de esas consideraciones, desde marzo el Gobierno anunció la decisión de la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) de limitar el otorgamiento de licencias para la pesca de atún a barcos extranjeros “como medida provisional mientras se implementa el nuevo modelo que ordenará esta actividad”.

Sin embargo, seis meses después ese nuevo modelo aún no se ha concretado como una realidad y mientras tanto rigen únicamente las disposiciones de un decreto de octubre del 2014 (No. 36981 MAG-Minae), el cual estableció significativas limitaciones a la flota industrial extranjera, en aras de mejorar las condiciones para la pesca nacional de palangre.

El acuerdo de Incopesca implica que durante el 2017 solo se otorgarán licencias para pesca de atún en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país a embarcaciones de bandera extranjera que demuestren haber puesto la totalidad de sus capturas a   la industria procesadora nacional y hasta completar un total de 5.847 toneladas métricas.

Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, informó que se trabaja en un nuevo decreto que establecerá los parámetros a partir de los cuales se fijará el monto que se paga por las licencias. Aunque no pudo precisar cuándo se firmará, aseguró que será este mismo año.

PASOS DADOS

Meneses se refirió a ese decreto del 2014 e informó que tuvo su origen en la afectación que tuvieron los palangreros por la competencia y para “tener condiciones favorables de captura, eso fue lo que llevó al sector a organizarse y a capacitarse técnicamente y el producto fue el decreto; tras una construcción de tres años, esta administración retoma lo que tenían formulado y lo fortaleció”.

Meneses destacó el hecho de que ese decreto determina una serie de medidas que la flota palangrera nacional tiene que implementar para que “compita en igualdad con la cerquera, que es extranjera”.

En ese sentido, destacó la importancia de la zonificación de las aguas costarricenses del océano Pacífico en áreas denominadas polígonos, “muy importantes porque excluyen la pesca industrial”. También subrayó una serie de responsabilidades impuestas a los palangreros como la adquisición de las llamadas balizas de rastreo satelital o la implementación de mecanismos para liberar tortugas.

González al respecto resaltó de igual manera que fue el sector palangrero el que impulsó el decreto, pues “necesitamos mayor biomasa de atún en las aguas para tener mayor opción de captura; esto no quiere decir que hemos abandonado a la mano de obra de la industria enlatadora”, por lo que la propuesta incluida en el decreto publicado permite la venta de licencias a barcos de cerco extranjeros, pero limitado a la cantidad de atún que la industria enlatadora nacional ocupe, “que no se haga lo que se venía haciendo, que los barcos compran licencia por un pago insignificante, llenaban de producto su barco y se iban a descargar a Ecuador o a otro país”.

Quien no escatimó críticas a esa normativa fue Enrique Beeche, quien se desempeña como agente naviero de las empresas Beeche Puntarenas y Mirandosa de Puntarenas.

Explicó que su trabajo consiste en atender a la flota de cerco extranjera y ofrecer el servicio a cada barco de “todo lo que necesite”, desde combustible o agua potable, tramitar la entrada y salida de marinos, la  descarga de producto o conseguir provisiones.

“La logística nuestra es muy sencilla, mi trabajo es del mar al muelle, cuando se le descarga a la industria, del muelle a tierra firme quien hace el trabajo es un agente aduanal de la industria”, expresó.

Por ello, se refirió a las limitaciones que el Decreto No. 36981 MAG-Minae ha impuesto sobre la flota pesquera extranjera que requiere sus servicios.

Tras subrayar que la renovación gratuita de las licencias de pesca está impugnada, según dijo, desde hace dos años en la Sala Constitucional, Beeche sentenció que “por presiones del sector ambientalista y el palangrero, desde casi tres años le empezaron a vender la idea al Gobierno de que Costa Rica está regalando el atún, eso es mentira”.

Añadió que si muchas embarcaciones con licencia de pesca en aguas costarricenses no descargan el atún en puerto nacional es porque en el país no existe la capacidad para procesar todo el atún pescado.

“De acuerdo al Gobierno, el año pasado se descargaron 13 mil toneladas con licencia para la industria, pero la industria no ha sido clara en decir que importa atún en contenedores de países como Ecuador, Tailandia, Vietnam o Filipinas porque la sale más barato. La industria no está enfocada en comprar atún a los barcos que pescan en aguas de Costa Rica, está enfocada en producir a un menor precio para competir”, indicó.

Beeche además criticó que mientras a la industria pesquera de cerco se le imponen limitaciones como la restricción geográfica a su actividad, pues “no hay nadie protegiendo nuestras aguas”, por lo que hay embarcaciones que entran ilegalmente a aguas nacionales y se llevan el pescado, crítica en la que coincidió el palangrero González.

Sobre ese tema, Meneses señaló en primer lugar que el tema de control y vigilancia es competencia de varias instituciones, donde también entra el Servicio Nacional de Guardacostas. Si bien reconoció que “es cierto que tenemos debilidad en cubrir en toda la amplitud” el territorio marino, celebró que “logramos sacar toda la flota industrial de palangre con bandera extranjera que detectamos en nuestra ZEE”.

Desde la misma Incopesca, la bióloga Lorna Marchena dijo que los equipos de seguimiento satelital de embarcaciones datan del 2010 y que por su antigüedad ya no eran capaces de actualizar los programas de cómputo necesarios para, por ejemplo,  duplicar la plataforma de información al Servicio Nacional de Guardacostas.

Informó que la institución tramita un ajuste presupuestario de ¢15 millones, de manera que en un plazo de dos meses ya se cuente con el equipo nuevo.

LA “TRAMA” DE LAS LICENCIAS

Es paradójico es el hecho de que si bien en el país el recurso del atún se da de manera generosa, las importaciones no han hecho más que aumentar.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), en el 2015 se capturó un total de 20.245 toneladas de atún en aguas costarricenses. Por otra parte, según  información del portal estadístico de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), se importó un total de 16.474 toneladas de preparaciones y conservas de atún, listado y bonito por un valor de $60.728.700.

Esos datos de la CIAT son recogidos en el libro Las Pesquerías de Atún en Costa Rica, editado por la organización Marviva, el cual además apunta que en el período 2012-2015 las descargas en Costa Rica de atún capturado en aguas nacionales pasaron de 10.855,2 toneladas a 3.346,3 toneladas, con un promedio anual de 7.065 toneladas.

Ello contrasta con el promedio del atún capturado en aguas costarricenses en ese periodo, de 25.290 toneladas. Esas cifras quieren decir que solo el 27,9 % del atún pescado en aguas nacionales fue descargado en el país, el restante 72,1% fue a dar a otros puertos, especialmente en Ecuador.

La Ley de Pesca y Acuicultura (No. 8436) establece que para poder pescar en aguas costarricenses,  los barcos atuneros de bandera extranjera equipados con red de cerco deben obtener una licencia de pesca por viaje hasta por 60 días naturales otorgada por Incopesca.

Establece además que aquellos barcos que descarguen la totalidad de  su captura para el aprovechamiento de la industria nacional y que no se trata de menos de 300 toneladas, “tendrán derecho a prórrogas consecutivas de una nueva licencia de pesca por sesenta días naturales sin pago adicional”.

Ese beneficio se mantiene a lo largo de todo el año calendario y también se aplica a los barcos con capacidad de acarreo inferior a las 300 toneladas, que descarguen un mínimo de 50 toneladas.

En resumen, los barcos atuneros industriales de bandera extranjera pueden renovar su licencia sin  costo alguno durante 60 días cuantas veces puedan antes de que concluya el año calendario.

Esta disposición fue criticada por el pescador González, quien al respecto aseveró que “los que salimos en desventaja somos los nacionales, porque no tenemos artes tan sofisticadas ni la magnitud de nuestra pesca es igual”.

Un decreto de 1995 (No. 23943 MAG-Minae) estableció que esas embarcaciones paguen $54 por tonelada de registro por licencia. Es decir, si una embarcación registra una capacidad de 1.000 toneladas, le corresponderá pagar $54.000 por la licencia. Establece un pago adicional de $10 por tonelada para la atención de las obligaciones del país ante organizaciones regionales de ordenación  pesquera, como la CIAT.

En el mencionado libro editado por Marviva, el abogado José Antonio Chaves critica fuertemente el hecho de que desde 1995 esa cifra no haya sido modificada, pues “el impacto en las finanzas públicas es impresionante”.

En ese sentido, observa en primer lugar que la unidad de medida utilizada en Costa Rica es la llamada tonelada Moorsom, que ha caído en desuso internacionalmente. Una tonelada Moorsom representa 2.830 kilogramos, mientras que una tonelada métrica representa mil.

Apunta entonces que el precio promedio del atún descargado en el 2015 fue de $1.894 dólares por tonelada métrica, y que al convertir la tonelada Moorsom (por la que las embarcaciones pagan $54 al tramitar su licencia) a toneladas métricas, “se puede estimar que el país recibió unos $19 por cada tonelada métrica (US$ 54/2,83). En otras palabras, el país recibió alrededor del 1 % del valor de la captura por concepto de licencias de pesca. Este valor podría incluso ser menor si la embarcación recibió el beneficio de las licencias gratuitas”.

Sobre ese particular, el empresario Beeche calificó como “mentira” los cuestionamientos de quienes critican que lo que se paga por licencia es muy poco. “Nuestras agencias, en años anteriores de que empezara toda esta trama de las licencias de pesca, se le depositaba al Gobierno cerca de $1 millón por concepto de venta de licencias de atún. El tema de regalar la licencia se hizo para fomentar la pesca de atún y que los barcos vinieran a Costa Rica y dejaran dinero a nivel local”.

Informó que los dueños de los barcos atuneros de cerco están de acuerdo en que el precio de las licencias aumente si se considera que es un problema, “pero un aumento razonable”. Al respecto, aseveró que “lo que quiere hacer el Gobierno” es implementar la llamada fórmula Naurú, una idea que “tiene escondidita”.

Se trata de un modelo tarifario aplicado en una serie de islas ubicadas en el Pacífico Occidental, donde los barcos atuneros van a pescar. “Empezaron cobrando $4.000 por día, luego aumentaron a $8.000 y ya cobran $12.500 por día”, dijo, y además adelantó que “en Costa Rica quiere usar esa fórmula, el número mágico que tiene el Gobierno unos $2.500 por día, eso multiplicado por los 60 días de licencia, da $125 mil”, lo cual según dijo redundará en el precio final al consumidor.

En ese sentido, el gerente de Ciencias de la Fundación Marviva, Erick Ross, observó  que además del otorgamiento de licencias para pesca en aguas nacionales, el país cuenta con una llamada cuota de acarreo para pesca en aguas internacionales otorgada por la CIAT.

“Costa Rica al no tener embarcaciones propias vende en el mercado internacional el derecho de acarreo, es bastante más alto que lo que se paga por las licencias para pescar en nuestra zona. Sugerimos que las licencias para pescar en la ZEE deberían ser más caras, para que dejen más ganancias que se inviertan en investigación pesquera”, indicó.

Ross además aseguró que si se cambia el modelo de otorgamiento de licencias y se beneficia a los pescadores nacionales, ello incidirá en un amento de la pesca responsable, lo cual según dijo fomentaría el funcionamiento de cadenas de valor y la colocación del producto en mercados internacionales.

El especialista se refirió al citado sistema Naurú de cobro de licencias y lo calificó como “excelente”, sin embargo dijo que su implantación en Costa Rica es “difícil”, pues según explicó para que sea factible debería tomar la forma de un acuerdo regional con países como Colombia, Ecuador o Nicaragua, de manera que todos cobren las mismas tarifas en una zona mucho más grande.

Respecto al tema de renovación en el otorgamiento de licencias, Meneses apuntó que con solo el acuerdo de la junta directiva de Incopesca que lo limitó este año, ya se dio “un gran paso”, pues ha incidido en que en vez de otorgar unas 37 licencias que se otorgaban al año, se limitó a 13.

Ello según él limita la cantidad de atún capturado de entre 23 mil a 25 mil toneladas de atún a unas 13 mil, lo cual calificó como una medida de conservación del recurso necesaria para “un real acceso democrático a la captura del recurso orientado a pesca de palangre y pesca deportiva”.

El segundo paso según expresó es la revalorización del costo de las licencias, que como ya se dijo se establecerán parámetros para ello en un decreto que será publicado este año.

Si bien Meneses no adelantó cuáles serán esos parámetros, sí adelantó que no se recurrirá al llamado sistema Naurú, pues “tenemos que considerar el tema de competitividad para la industria nacional”, ante la realidad de que no se puede desatender el abastecimiento de la industria nacional y hay embarcaciones que pueden faenar en otros países “bajo condiciones particulares”.