Proyecto tenía dinero de 13 instituciones y, ahora, tres rechazan entregarlo

PAGAR pierde 43,3% de sus recursos para Gobierno, Contralora urge actualizar números

Los diputados de Hacendarios encontraron dos instituciones que piden aportar menos de sus superávits y dos que no podrán cumplir del todo con el plan de Gobierno. 

En su primera semana en estudio, el proyecto PAGAR (expediente 21.794) ya perdió un 43,3% de sus recursos, después de que cuatro instituciones pidieran que los diputados adecúen su participación en el plan.

Desde una lista de superávit, el Poder Ejecutivo planteó en febrero pasado —o sea, antes de la crisis por COVID-19—que se pasara un total de ¢227.101 millones a la caja única del Estado. Hasta ahora, PAGAR está diseñado para amortizar deuda pública y pagar los intereses de endeudamiento externo.

En total, de las 13 instituciones incluidas por Gobierno dentro del texto de ley, ahora hay tres que afirman que deben salvaguardar su superávit.

Los diputados recibieron, durante el martes, a representantes de la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Este miércoles, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, presentó el criterio del Consejo de Salud Ocupacional.

Dinarte y la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, pidieron recortes a sus respectivos aportes. Dinarte ofreció ¢8.000 millones menos y Britton una reducción de ¢19.000.

Por su parte, el gerente general del ICT, Alberto López, y el presidente de SUTEL, Federico Chacón, pidieron cancelar sus transferencias. SUTEL también pidió cancelar la transferencia del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL. Este miércoles, Contraloría de la República advirtió que esos millones disponibles en el fondo no son un superávit sino un fondo que suma más dinero cada año para su ejecución. La pérdida de estos tres puntos representa  ¢71.473 millones.

En una cuarta audiencia, realizada también este miércoles, la contralora de la República, Marta Acosta, explicó que, en los últimos cinco años, el pago de las deudas del país representa un tercio del presupuesto. En el 2019, ese gasto fue un 36% del presupuesto.

“El ajuste fiscal de las operaciones del Gobierno va a ser insuficiente si no se frena la dinámica de las transferencias”, advirtió Acosta.

No obstante, con la emergencia sanitaria y la recesión económica del COVID-19, ahora la prioridad de PAGAR podría ser usar los superávits de las instituciones que acepten el proyecto en partidas para la atención de la pandemia (en específico para el bono Proteger, el cual está desfinanciado porque se archivó un presupuesto extraordinario destinado a inyectarle recursos).

Sin embargo, este objetivo aún no ha sido cambiado dentro del proyecto de ley, en tanto mantiene la idea original del pago de la deuda; y, según los ánimos en la Comisión de Hacendarios, esta es una opción que aún debe ser estudiada.

“Hemos cambiado el propósito de otras leyes, lo hemos hecho con el (préstamo del) CAF, lo hemos hecho con el (préstamos del )BID y el AFD”, pidió la oficialista Laura Guido, quien es secretaria de Hacendarios.

Guido reclamó que se le pida más al proyecto de ley en su actual trámite, porque “inició su trámite el 10 de febrero de este año cuando ni siquiera imaginábamos lo que le iba a deparar al país o al mundo”.

Precisamente, el escenario libre de crisis en el que se planificó PAGAR es el obstáculo que los diputados deben superar con negociaciones dentro de la Comisión.

Para esto, la contralora Marta Acosta, pidió “un nuevo análisis y utilizando información actualizada”.

Acosta presentó a los diputados cifras de la Contraloría de los superávits de las instituciones pero con fecha a diciembre del 2019. No obstante, esas referencias son distintas a las que aparecen en el proyecto de ley y las que presentaron los jerarcas de cada institución.

Aún en estudio dentro de la Comisión, los diputados acordaron que se solicite a las 13 instituciones que fueron incluidas en el proyecto los “montos actuales de superávit total, libre y específico, el nivel de liquidez de este recursos”, considerando que algunos pueden estar invertidos en títulos, y también solicitaron “la disponibilidad actual para trasladarlos al Ministerio de Hacienda”.

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