Dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) votaron juntos contra al menos tres mociones para cambiar la cláusula de objeción de conciencia que ingresó al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) durante negociaciones políticas del mes de enero. Se trata de los legisladores Víctor Morales (presidente de la Comisión de Gobierno y Administración) y Nielsen Pérez (quien sustituyó el voto de Zoila Volio, una legisladora independiente que anteriormente se opuso a incluir la objeción de conciencia del proyecto de ley).
PAC, PUSC, PLN, Restauración Nacional y Nueva República negociaron cláusula de objeción de conciencia en Ley de Empleo Público
Jefe de PLN: “Es un tema de negociación política interna, para poder avanzar con las mociones. Víctor Morales (PAC) considera que es importante escucharlo y no cerrarle las puertas”
Este miércoles, la Comisión de Gobierno discutió seis mociones del frenteamplista José María Villalta cuyo propósito es modificar la cláusula de objeción de conciencia que permite que trabajadores públicos declinen recibir “programas de formación y capacitación” que sean contrarias a “sus convicciones religiosas, éticas y morales”.
Villalta advirtió que, con esa redacción, trabajadores del sector público podrían rechazar recibir información sobre poblaciones vulnerables como las mujeres, personas homosexuales y población trans (así como otras diversidades LGBTIQ+). Villalta acusó al PAC de “transar” con los derechos humanos que su partido defiende y presentar una “farsa”.
Villalta también fue respaldado por una diputada sin voto, la oficialista Paola Vega, quien llamó a esta cláusula “un portillo para caer en un acto de violencia a poblaciones vulnerabilizadas” y dijo que no tiene conexión con el presente plan de empleo público. Vega también cuenta con mociones para eliminar ese artículo, que se votarán este jueves.
“Es la constante en cada proyecto de la Asamblea legislativa, poco a poco, con incisos, una pequeña palabra, un pequeño agregado, lo que se está logrando hacer es meter en todo el ordenamiento normativo costarricense una serie de conservadurismo y violación a los derechos humanos. Me preocupo porque lo están haciendo, poco a poco. Lo hemos tenido que frenar de comisión en comisión, proyecto en proyecto, tenga o no que ver con derechos humanos”, aseguró Paola Vega.
El diputado del Frente Amplio propuso cambios en la redacción para generar obligatoriedad de recibir capacitaciones que cumplan con el principio constitucional de no discriminación; capacitaciones que “tiendan a garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, en especial de los grupos más vulnerables”; “proteger la vida y salud de las personas” (dentro del cual aplica la interrupción terapéutica del embarazo en las mujeres); y asistencia obligatoria en el caso de que la capacitación trate sobre “erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres”.
PAC acusa a Villalta de “demagogia” y “show”
La transmisión por YouTube transmitió únicamente tres de las seis votaciones (las otras tres se proyectaron en sala, pero no fueron publicitadas en la pantalla; en dos de ellas hubo dos votos a favor y uno era el de José María Villlata), dos de las cuales fueron rechazadas por la diputada Nielsen Pérez, quien figura como presidente de la Comisión de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa.
Esta contradicción fue atacada por Villalta.
“Diputada (Nielsen) Pérez, la veo muy escondida en la esquina pero se lo digo directamente: en la discusión de la Ley contra el acoso callejero, hablamos sobre la necesidad urgente de darle capacitación a los cuerpos policiales sobre acoso callejero porque los policías no consideran que son infracciones, consideran que son piropos y que no hay nada de malo en eso”, reclamó el legislador del Frente Amplio.
“Esto significa que para la fracción del PAC los derechos humanos son derechos transables. Ya yo sabía que ustedes negociaban derechos labores y derechos económicos, que no les importan un carajo. Ahora estoy descubriendo que son todos los derechos humanos, por más básicos que sean”, dijo también a los legisladores.
La diputada Pérez guardó silencio durante estos intercambios. No obstante, Villalta fue frenado por el diputado Víctor Morales, presidente de la Comisión y uno de los proponentes de la cláusula de objeción de conciencia.
Morales acusó a Villalta de usar el tema por “motivos electorales” y de montar un “show”. Morales dijo que el diputado actuó con “demagogia e irresponsabilidad”. Morales también defendió haber trabajado con el diputado Jonathan Prendas, del bloque fabricista Nueva República.
“Cada ladrón juzga por su opinión”, le contestó Villalta a Morales.
Por su parte, la oficialista Paola Vega, una de las legisladoras disidentes del proyecto de ley que defiende el PAC y el Gobierno, acusó que la redacción de ese artículo de objeción de conciencia está “redactada de manera tan pésima” que su aplicación será general. Vega también presentó un criterio de Red de Igualdad de Género, del Instituto Nacional de la Mujer que advirtió el mismo problema, con especial afectación para las mujeres beneficiarias de servicios públicos.
Vega sostuvo que, por la relación de Jonathan Prendas con el excandidato Fabricio Alvarado, prevé que se afecte a personas homosexuales porque “no las consideran personas”. Vega citó una entrevista del año pasado que dio Fabricio Alvarado sobre un proyecto de ley de objeción de conciencia negar servicios a parejas del mismo sexo.
“Empresarios, emprendedores, abogados, dueños de salones de eventos, pasteleros, estudios de fotografía, profesionales médicos, empleados públicos y otros, deberían tener el derecho a oponerse a dar un servicio a parejas del mismo sexo, si no están de acuerdo con sus valores y creencias”, leyó textualmente Paola Vega.
El diputado Prendas sostuvo que “al excluir y atacar la objeción de conciencia, que es un derecho que todos tenemos en esta sala, se está afectando la dignidad de cada uno de nosotros”.
