La estrategia de desarrollo económico, combate contra la pobreza y defensa de la seguridad ciudadana que plantea el candidato presidencial Carlos Alvarado, entre otras líneas de acción, incluye un catálogo de operaciones para generar trabajo, la capacitación de mano de obra necesaria en las regiones del país, apoyo a la producción agropecuaria, turismo, economía solidaria y simplificación de trámites para facilitar la inversión y nuevos emprendimientos.
La propuesta consignada en el Plan de Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) es utilizar las plataformas informáticas existentes y el Sistema Nacional de Empleo para coordinar las necesidades de las empresas, el perfil de los desempleados y los programas de capacitación.
En un amplio catálogo de medidas se destaca una “estrategia integral” para combatir el desempleo en Costa Rica, haciendo énfasis en la generación de fuentes de trabajo en todo el territorio, en una acción coordinada entre el sector productivo, los desempleados y los programas institucionales.
“El 60% del empleo está concentrado en un 8% del territorio nacional que representa el Gran Área Metropolitana (GAM). Debemos revertir esa situación, capacitando a la gente y fortaleciendo la generación de fuentes de trabajo en cada territorio, según las prioridades del sector productivo”, declaró Alvarado.
“Solo así, capacitando y generando empleos de calidad con enfoque territorial lograremos reducir el desempleo de manera sostenible, detener la migración del campo a la ciudad y alcanzar un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional, en el que se complementen lo urbano y lo rural”.
Con esa finalidad anunció el fortalecimiento del Sistema Nacional de Empleo, a través de las plataformas informáticas del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que será reorientado de la mano con el sector privado, a fin de poner a conversar a las instituciones, a las personas que buscan trabajo y a las empresas que necesitan personal.
Una de las prioridades es dar capacitación a las más de 150.000 personas sin educación que no encuentran trabajo. Con ese objetivo propone una serie de mejoras de gestión del INA, para enseñar a la población sin trabajo, con la mira puesta en las mujeres, personas con discapacidad y habitantes de las zonas rurales, los sectores más afectados por el desempleo.
El Plan de Gobierno contempla, asimismo, mejorar la competitividad regional, la simplificación de trámites para nuevos emprendimientos, el fortalecimiento efectivo de Banca para el Desarrollo y la reducción de la informalidad.
En política social expone una serie de metas y acciones a lograr, como la creación del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y una reorganización del sector social de manera que tenga una menor dispersión, mayor rectoría, que consiga mayores resultados y menos trabas burocráticas.
Propone la meta de lograr la inserción sociolaboral de las personas en condición de pobreza, para lo cual entre los planes está ampliar la cobertura y reducir la exclusión educativa en secundaria, aumentando el programa de transferencias Avancemos así como toda la política de retención y reinserción educativa.
En el apartado económico, el programa enumera una cantidad de políticas con el fin de lograr estabilidad macroeconómica, un sistema tributario progresivo, finanzas públicas sanas, crecimiento generador de empleo e inclusión, y fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de la clase media.
A fin de fortalecer la competitividad y el desarrollo institucional para la producción, el Plan de Gobierno traza metas en simplificación de trámites, planificación a largo plazo, fortalecimiento del sector agropecuario y pesquero, la economía social solidaria, turismo y comercio exterior, con un mejor aprovechamiento de los tratados comerciales y mayor vinculación entre la producción interna y el comercio exterior.
En el campo de la seguridad ciudadana, el PAC apuesta por políticas de prevención del conflicto social, la violencia y el delito, formación de los cuerpos policiales en manos del Estado, los municipios y la seguridad privada, fortaleciendo del rol de los municipios y de la ciudadanía en los programas de seguridad locales.
Asimismo, contempla mejoras en la aplicación de la justicia en centros carcelarios y el sistema judicial, y el abordaje de la persona infractora y de las víctimas, entre otras propuestas.
