El pasado martes, el abogado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Erick Gatgens, presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Apelación de Sentecia del II Circuito Judicial de San José, con el que pretende reducir el pago de ¢516 millones que se le impuso a la agrupación política por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en diciembre del 2017.
De acuerdo con Gatgens, el recurso de casación se interpuso luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia declarara con lugar el recurso de apelación que presentó la Procuraduría General de la República (PGR), que aumentó la condena de ¢352 a ¢516 millones.
“Contra esa resolución del Tribunal de Apelación es que se está presentando un recurso de casación, para que esa resolución se anule y se ordene que sea otro Tribunal de Apelación con otros jueces los que vengan a resolver el recurso de apelación que se había presentado en su momento”, señaló Gatgens.
El abogado señaló también que existen cuatro razones que motivaron a la presentación del recurso de casación.
“Primero que todo, el Tribunal sin darnos la oportunidad de defendernos ni nada, emitió una condena directamente sin posibilidad de hacer uso de los derechos que ostenta el pago. Hay uno relacionado con una falta de fundamentación de la resolución, el otro está relacionado con vicios en el razonamiento. Y el cuarto con la inobservancia de la ley procesal penal”, mencionó el defensor.
Juicio
En diciembre del 2016, el Tribunal de Juicios de San José, condenó por estafa contra el TSE a los dirigentes del Partido Acción Ciudadana (PAC) Maynor Sterling (extesorero del partido) y Manuel Antonio Bolaños (exempleado de planta).
En la sentencia, el extesorero fue condenado a seis años de cárcel por su coautoría en el delito de estafa por ¢352 millones de colones, mientras que Bolaños, recibió un castigo de tres años de prisión pero se le otorgó el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
La sentencia fue apelada ante el Tribunal de Apelación de Sentencia por los imputados, el Ministerio Público y la Procuraduría.
En diciembre del 2017, el Tribunal declaró sin lugar el recurso del Ministerio Público que buscaba aumentar la pena de los imputados y declaró parcialmente con lugar el recurso de la Defensa por lo que le impuso la posibilidad a uno de los imputados de cumplir la pena bajo la portación de brazalete electrónico. Además, acogió la apelación de la Procuraduría que aumentó la condena del partido.
A la fecha no se tiene plazo para resolver el recurso pues el Tribunal de Apelación aún debe esperar a que venza el plazo para que las partes involucradas presenten algún recurso y luego remitir el expediente a la Sala III quien determinará la admisibilidad de los recursos.
Si la Sala III declara admisible el recurso parcial o totalmente, se daría la realización de una audiencia oral ante los magistrados de la Sala y posteriormente se tendría que resolver los recursos en cuanto al fondo.
“Si resolvieran con lugar los recursos hay dos alternativas: sea que se devuelva el caso al Tribunal de Apelación de Sentencia para que vuelvan a emitir una resolución pero con un Tribunal diferente o en su defecto que se envíe el caso al Tribunal de Juicio para que se celebre un debate muy puntual sobre el tema de discusión de si se debe aumentar el monto de la condena por daño patrimonial o no”, indicó el letrado del PAC.
