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PAC presenta proyecto de ley con fondo de subsidio para familiares sobrevivientes de feminicidios

Fondo del INAMU será financiado con la inscripción, importación y exportación de armas. Incluye suspensión de patria potestad para padres que hayan dado muerte a mujeres madres de menores de edad. 

La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó este jueves un proyecto de subsidio para familiares sobrevivientes de feminicidios.

El Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio será administrado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y se financiará con la recaudación de la inscripción de armas de personas físicas y jurídicas, y un impuesto a la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y material explosivo, según dijo la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU, Marcela Guerrero.

El fondo contempla un “estipendio (mensual) de medio salario base, para que puedan tener ingresos al menos para que les garantice continuar proyecto de vida que fue truncado”, según afirmó Guerrero. El monto establecido es, por tanto, de ¢231.100 mensuales.

La ministra también aseguró que el proyecto establece atención médica, psiquiátrica y psicológica de forma prioritaria, acceso a un bono de vivienda y becas de estudio “para las personas menores de edad que están en estudio, hasta su mayoría de edad”.

Las personas beneficiarias serán “las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio, hasta su mayoría de edad o hasta los veinticinco años de edad en caso de que continúen sus estudios”, así como personas familiares o con afinidad que convivieron con la mujer víctima del femicidio; y también las personas adultas mayores en primer grado de consanguinidad que hayan sido dependientes del cuido de las mujeres asesinadas.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades del INAMU y Asamblea Legislativa, aseguraron que la iniciativa fue impulsada por el Grupo de Familias sobrevivientes de feminicidio.

En la actividad, se hicieron presentes tres voceros de la organización: Rosemary Cordero, madre de Karolay Serrano (asesinada en el 2019); Elky Cedeño, madre de Brittany Cerdas (“el primer femicidio del 2019”, según destacó la mujer); y Óscar Morera, padre de Eva Morera (también asesinada en el 2019).

Morera afirmó que el Grupo de Familias sobrevivientes de feminicidio estima en 380 niños y niñas que quedaron huérfanos de madre por un feminicidio.

“El Estado costarricense le ha dado la espalda a 380 menores edad sobrevivientes de femicidio”, aseguró Morera.

Familias de femicidios narran exclusión y discriminación

El padre de Eva también presentó el otro vértice del proyecto de ley, que es la suspensión del ejercicio de la patria potestad para los padres que hayan dado muerte a una madre de personas menores de edad.

Morera describió, como parte del estigma de su caso, que el asesino de Eva Morera manifestó en una carta que “”no iba a renunciar a los derechos como padre de Julián” porque quería explicarle al niño el crimen que cometió.

“La invisibilización de las mujeres, la normalización de la violencia de las mujeres, las sufrimos las familias después de haber sido víctimas de femicidio”, afirmó Morera.

Rosemary Cordero narró que, tras el asesinato de Karolay, quedó a cargo de su nieta y un hijo que tienen la misma edad, así como de otros menores de edad. Cordero aseguró que fue despedida de su trabajo y ahora vende “comidas rápidas” para sostener su hogar con dificultades para poder pagar por servicios como agua y electricidad.

“Quisiéramos que nos apoyen más en la crianza de nuestros hijos y sus estudios”, afirmó, asegurando que tiene dos hijos en edad universitaria, sin acceso a becas.

En el caso de Elky Cedeño, la mujer aseguró que ella y su esposo fueron despedidos de sus empleos por la misma situación del caso penal. Britanny tenía 17 años cuando fue asesinada, el crimen fue atestiguado por su hermano, quien tenía poco más de 4 años.

“Lo he tenido con problemas psicológicos desde el día que falleció su hermana. Me negaron psicología. Me decían que él aún no lo entendía. Seis meses, él me decía que por qué no le compraba un arma, que él iba a matar al asesino de su hermana”, afirmó Cedeño.

“Para nadie es un secreto que todo el mundo nos conoce, y nos discrimina. (…) Ya nadie nos ve con los mismos ojos y cuesta conseguir trabajo seguro”, dijo también la mujer.

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