En menos de 24 horas, el ministro de Trabajo acabó presentando la renuncia. Ni siquiera un día pasó Víctor Morales Mora en su puesto después de que se conociera que nombró a una sobrina suya como secretaria del despacho y, con ello, violaba el Código de Ética institucional que se estableció en esta administración.
Claro, es que este es un gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y las lanzas con la coletilla ética se vuelven en su contra. Se puede ver con claridad ahora, a mitad de la administración del partido que tanta campaña hizo en torno a esa promesa ambigua de gobernar con ética, como si la esta fuera una receta capaz de precisar todos los escenarios y los contextos posibles.
El último caso fue este Víctor Morales, incluida la inusual defensa que de él hizo Ottón Solís, el diputado y excandidato presidencial que se enorgullece en presentarse como un radical de la ética.
El ministro de Trabajo, una figura de particular relevancia en este gobierno, acabó prensado en las propias alambradas que tendió el PAC desde su fundación y que redobló cuando estallaron los escándalos de los expresidentes, en el 2004.
Diez años después ganó las elecciones sin despegarse del discurso de la ética, pero abriendo senderos para el relativismo.
Así fue como llegó Luis Guillermo Solís al poder y desde el primer día dictó un código de ética con valores distintos al PAC de Ottón Solís. Por ejemplo, la posibilidad de emitir publicidad sobre obras de gobierno “para la sana y necesaria rendición de cuentas”, dice el artículo 9.
El 10 habla de cumplir el programa de gobierno, aunque desde un principio lo eludió, por ejemplo, al rebajar la meta de “eliminar” la pobreza extrema por “disminuirla”. Y el 15 se propone “atender a la prensa en forma pronta, clara, verídica y respetuosa”, aunque hay varios casos de conducta contraria en el Poder Ejecutivo.
El código de ética del Gobierno no prohíbe de manera expresa contratar a familiares en cargos de confianza, pero el del Ministerio de Trabajo sí. Lo elaboró el viceministro y Morales alegó no tenerlo presente cuando nombró a su sobrina, “quien sí cumplía todos los requisitos para ejercer el puesto”.
Lo publicó el diario La Nación el lunes 14 a las 5:51 de la tarde y el Ministro renunció 24 horas después, con el argumento de no estar dispuesto al escarnio político por lo que consideró “un zafis” de su parte, en medio de un entorno particular que no le garantizaba un clima favorable para seguir en el cargo.
He aquí un caso que prueba que toda ética en un cargo político, más allá de sus subjetividades, tiene además un entorno de ejecución que la hace a veces severa y a veces nimia. Ocurre en el Ejecutivo pero, tratándose del PAC, se puede revisar en todo el oficialismo, incluyendo una fracción legislativa donde hay quien repudia la ética del PAC sin ambages.
Ese es Henry Mora, el expresidente de la Asamblea Legislativa, que había firmado los compromisos éticos del PAC en campaña y después los violó adrede, con el argumento de querer evidenciar el Código de Ética en su faceta “puritana, farisea y absurda”. Por eso no tuvo reparos en usar los carros del Congreso, a pesar de que el Código de Ética del PAC lo prohíbe en el artículo 8.
Tampoco coincide con los valores pregonados por el PAC la transacción de plazas de asesores, que la bancada hizo en el 2014 para hacerse con la Presidencia del Directorio legislativo. Ni tampoco la decisión de contratar a dedo a su entonces presidenta partidaria, Kattia Martin, en una plaza de chofer legislativo, pero con salario de profesional.
“Eso es corrupción pura”, señala todavía Ottón Solís, usando una palabra que no parece ser motivo de preocupaciones populares durante el actual Gobierno. En noviembre aparece en el nivel más bajo desde el 2014, al momento de compararla con otros problemas nacionales, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la UCR.
No es este un gobierno corrupto, hasta donde se sabe. Las críticas van por un lado diferente al de la ética, aunque en un enfoque más amplio sí cabe. ¿Es ético hacer promesas imposibles como la de rebajar la luz en solo semanas? ¿Es ético decir que no nombraría a Mariano Figueres en el Gabinete y después asignarle la DIS, con el argumento de que eso no es exactamente el Gabinete? ¿Es ético negar información pública hasta que haya un fallo de la Sala Constitucional? ¿Es ético que la hermana del mandatario coordine un proyecto de ley sobre pesca en conjunto con una entidad gubernamental? Y así otras preguntas de fácil respuesta.
Entre los casos de roces éticos en este Gobierno está el ofrecimiento de embajadas que hizo el entonces viceministro de Presidencia, Daniel Soley, a la procuradora Ana Lorena Brenes, problemas de transparencia sobre información pública y más recientemente el cargo que ejercía de manera irregular el viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar (exdiputado del PAC), quien ya renunció.
Salazar cobraba salario a pesar de que tenía prohibición por haberse acogido a movilidad laboral hace menos de siete años. Esto le permitió recibir en 22 meses ¢26 millones más que lo que hubiera percibido con su pensión, según las informaciones periodísticas previas a su renuncia.
En otros casos, la respuesta de la Presidencia ha sido tajante, como con los funcionarios pertenecientes a un grupo del PAC llamado Juventud Progresista, quienes participaron en una reunión en la que se sugirió usar sus puestos en el Gobierno para beneficio partidario. El mandatario Solís tardó solo horas en despedirlos, a pesar del disgusto de un sector del partido e incluso de otros funcionarios del Gobierno. “Estamos actuando como prometimos”, dijo después.
Hasta ahora el Tribunal de Ética interno del PAC tampoco ha tomado un papel beligerante en la evaluación de conductas de sus afiliados, aunque sí decidió suspender por tres meses a los muchachos de Juventud Progresista en agosto pasado y recibió una denuncia contra Henry Mora. El partido como tal enfrenta sus propios apuros, pues en julio enfrentará un juicio por una aparente estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el financiamiento de la campaña presidencial del 2010.
Este partido también enfrentó cuestionamientos internos por el pago de ¢117 millones a un abogado (Jorge Sibaja Rodríguez), por autenticaciones innecesarias de firmas en documentos legales, y estuvo a punto de reportar el triple de ese monto como un gasto ficticio en la campaña del 2014, aunque al final prefirió catalogarlo como “incobrable”.
Ottón Solís, terco en sus posturas sobre la ética pública, está lejos de satisfacerse con el saldo ético de su agrupación ahora en el poder. “Si no hay rectificaciones profundas y no se enfatizan algunas buenas decisiones y se convierte en rutina lo que hace solo a veces el Ejecutivo, toda Costa Rica se va a echar una carcajada cuando vuelva a escuchar al PAC hablar de ética en una campaña electoral. La salvación del PAC depende de que haya un viraje en este segundo tiempo del Gobierno”, advirtió.
Para Morales, figura afín a él en el seno del PAC, la renuncia por nombrar a la sobrina es solo una consecuencia debida. “No creo que debamos revisar los estándares éticos del PAC. Cada quien actúa según su conciencia y así lo hice. Si hay omisión indebida, se asumen las consecuencias. No creo que haya otra alternativa”, dijo antes de señalar, claro, que había un entorno político particular que lo invitó a marcharse.
Exministro de Trabajo:“Cada quien actúa según su conciencia”
Álvaro Murillo
Este es el extracto de una rápida entrevista que el ahora exministro Víctor Morales concedió días después de renunciar al Gabinete de Luis Guillermo Solís. Acepta el error de nombrar a una sobrina como recepcionista, pero recuerda que todo tiene un contexto político, “un entorno” le llama.
Aquí habla de la relación desgastante con sindicatos, pero días antes reconoció en la prensa que tenía divergencias con su viceministro Hárold Villegas, por el énfasis a la “economía social solidaria”, una de las banderas que impulsa el diputado oficialista Víctor Morales Zapata.
¿Admite que cometió una falta ética?
−Fue una omisión con respecto a la atención a la existencia de esa norma del Código de Ética interno, a pesar de que el nombramiento no recayó solo en mí. Ella hizo el proceso en recursos humanos y cumplió todos los requisitos, pero no voy a ponerme a cuestionar normas aprobadas por nosotros mismos en el Ministerio. Reconocemos que hay una omisión lo que lleva en primera instancia a la separación y mi renuncia después.
¿No bastaba con el despido de ella?
−La medida no la vieron suficiente y no iba a exponerme a un juicio político en la Asamblea Legislativa, a procesos en la Procuraduría de la Ética, a un expediente en la Auditoría interna y a otras instancias que hemos ido creando en el país. Tengo una larga vida de servicio público y me he empeñado en actuar de manera correcta.
¿No es hora de relativizar el duro discurso de ética que vende el PAC?
−No creo que debamos revisar los estándares éticos del PAC. Cada quien actúa según su conciencia y así lo hice. Si hay omisión indebida, se asumen las consecuencias. No creo que haya otra alternativa.
¿Cuándo supo que debía renunciar?
−Desde el lunes (14 de marzo) por la noche vi que esa era la ruta. Esperé a tener conversación al día siguiente con Sergio Alfaro (ministro de la Presidencia) y Mauricio Herrera (Comunicación) y me convencí de que era la alternativa cuando vi los movimientos y publicaciones en los medios.
Y la foto de dirigentes de ANEP para pedir su renuncia.
−No me sorprendió ver la pancarta ni que el lunes pidieran mi cabeza. Eso muestra que uno hace cosas. Si uno impulsó cosas uno debe pagar. Toqué muchas veces las puertas de los sindicatos, pero hay temas que generan diferencias, como las convenciones colectivas o responsabilidades de aquella huelga en Japdeva (octubre del 2014). Eso genera molestias y resquemores con ciertos sectores. Ese era el entorno que tenía.
Ha mencionado usted también una controversial resolución de setiembre del 2015, que permitiría denunciar varias convenciones colectivas.
−Sí, yo respaldé un criterio de la Dirección Jurídica, según la cual una renegociación de convención colectiva no puede ser eterna. En la municipalidad de Montes de Oca el sindicato se había retirado desde hacía 10 años e impedía darla por terminada. Eso, claro, cayó mal y no se puede negar. Es parte del entorno del que le hablo.
Sabe que hablan de una posible precandidatura suya.
−Eso no lo pensé en estos 22 meses, porque me concentré en muchos temas muy importantes en el cargo. Eran 16 horas de trabajo diario. En Costa Rica somos muy “boleros” y el problema es que algunos las creen.
Ética, moral o ideología: ¿cuál era el cambio?
Ernesto Rivera
¿Cambio? ¿Cuál cambio? Es lo que se pregunta una buena parte de los 1,3 millones de electores que sumergieron la papeleta del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la ranura de la urna de las elecciones nacionales, hace ya dos años.
Desde el gobierno alguien podría elaborar una lista de logros y decir que el cambio consiste que en estos dos años A y B Y C, sin terminar de convencer a vastos sectores y sin borrar el mal sabor de quienes durante la campaña depositaron en esa oferta de cambio una canasta de anhelos políticos y sociales tan ambiciosa como difusa.
Desde la sociología en un primer acercamiento al tema, el director de la Maestría Centroamericana en Sociología, Randall Blanco Lizano, apunta que se hizo una propuesta de cambio muy abstracta y que luego cada elector llenó esa propuesta con sus propias necesidades.
“La ética y la transparencia no consisten en cortar los árboles que dificultan la vista de Casa Presidencial; se promulgó un decreto inicial de atender los puentes y hasta ahora no hay cambio, esas acciones concretas devalúan la palabra”, analiza Vargas.
El sociólogo señala que durante estos meses de gobierno se produjo una devaluación de la palabra de sus dirigentes como resultado de su acción política. “Esta devaluación se magnifica por ser el Presidente y el poder Ejecutivo quienes la protagonizan”.
En opinión de Vargas, a esta devaluación de la palabra se suma la confusión de creer que tener un gobierno “ético” es sinónimo de tener un buen gobierno, “Solís ha fallado en la política concreta, cuando trata de pasar de las buenas intenciones a la práctica concreta”.
Otros elementos que se conjugan en el sabor a desencanto que electoral que transpiran las encuestas de opinión es que en la oferta electoral se mezclaron las nociones de tres conceptos distintos: ética, moral e ideología.
La filósofa de la UCR Viviana Guerrero apunta que, desde su nacimiento, el PAC fue un partido cuyo posicionamiento ideológico remite siempre a la ética, pero la ética no es una posición ideológica, sino una escuela de pensamiento dentro de la filosofía.
Para Guerrero, esta confusión conceptual resultó en que el electorado tiene poca claridad acerca de cuál es la ideología del PAC.
“Habría que entender que aquí están confluyendo tres conceptos: ética es una disciplina de la filosofía que reflexiona de manera racional sobre el comportamiento humano; la moral son los comportamientos propiamente, cuando el PAC dice que se opone a prácticas corruptas de gobiernos anteriores está hablando de moral, está hablando de una práctica; finalmente la ideología es un constructo de ideas, de visualizaciones sobre lo que es el proyecto país”, puntualizó la filósofa.
Para Guerrero existió en el partido de gobierno una recarga sobre la palabra “ética” y poca claridad sobre la ideología partidaria.
“La campaña de don Luis Guillermo tuvo poca claridad y discusión sobre cuál era el proyecto de país, sobre el combate a la pobreza , medio ambiente, quedó en la nebulosa porque lo central se puso en lo ético que no es un concepto ideológico”.
Guerreo apunta, además, que a pesar de contar con un equipo de politólogos y científicos sociales en el gobierno se hicieron promesas como la de bajar la tarifa eléctrica que no estaban dentro de la potestades del Poder Ejecutivo.
“Eso muestra poca comprensión de cuáles son los alcances del Estado y del gobierno de lo que es o no posible de hacer al Ejecutivo con una asamblea legislativa dominada por la oposición, por otra parte resulta revelador que en el código de ética del Ejecutivo del PAC, se indica que se promete en campaña es de acatamiento obligatorio para los funcionarios que resulten electos”, señaló Guerrero.
