Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó a la prensa un proyecto de ley de “Puertas giratorias”, o ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas.
La jefa de la fracción, la diputada Nielsen Pérez, aseguró que el proyecto identifica “conflictos de intereses” cuando personas que han ejercido profesionalmente en el sector privado aspiran a altos cargos públicos.
Según sea el caso, estos conflictos de interés podrían aumentar los riesgos de corrupción por el conocimiento especializado que tienen los funcionarios. Los diputados del PAC citaron como sectores sensibles al sistema financiero, el sector energético y servicios.
Pérez señaló que los conflictos de interés pueden ocurrir en la otra vía, cuando los funcionarios públicos pasan a ocupar cargos privados —de ahí el concepto de “puerta giratoria”— y se llevan consigo su “capital social o redes de contacto e influencias”.
“Hay favoritismos. Los funcionarios públicos podrían favorecer a una empresa, esperando que los puedan contratar a futuro”, dijo la jefa de fracción.
Las faltas a la ley serían sancionadas con multas. De acuerdo con la gravedad de la falta, la multa más alta establece el pago “entre 200 y 300 salarios base” y la más baja “entre 30 y 50 salarios base”.
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¿Quiénes están sujetos?
Entre otros altos funcionarios, la ley sería aplicada a las personas que ocupen la presidencia o vicepresidencias de la República; ministerios y viceministerios; las magistraturas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; cabezas de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y alcaldías y vicealcaldías en las municipalidades.
Asimismo, se considerarán como “ altos ex funcionarios públicos y altas ex funcionarias públicas” a quienes hayan ejercido esos mismos cargos.
En el caso de nombramientos en el Estado, el proyecto obliga a que las y los funcionarios declaren los puestos que ocuparon en la empresa privada, durante los últimos dos años anteriores a ejercer el cargo público. La información tendrá que ser presentada frente a la Contraloría General de la República y “la autoridad que los nombra o juramenta”.
En el caso de la migración del sector público hacia el privado, el proyecto de ley establece
una medida de “enfriamiento”. Es decir, las y los exfuncionarios tendrán un límite de “los dos años siguientes a la fecha de su cese” en los que no podrán trabajar ni prestar servicios “dentro del ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban”.
La Contraloría deberá recibir información sobre las actividades privadas que las y los exfuncionarios realicen, hasta el fin de esos dos años.
“No estamos generando nueva institucionalidad, estamos generando responsabilidades. Ya la Contraloría tiene una serie de mecanismos para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia”, explicó la jefa de fracción del PAC.
